El Gobierno ignora los reproches del Supremo: dice que la ley de amnistía es "clara" y pide aplicarla

"Es muy claro el objetivo y el objetivo de la ley de amnistía", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El texto es claro y la voluntad del legislador, también. Les corresponde a los jueces aplicar la ley", ha añadido. 

Las palabras de Alegría son la primera valoración que hace el Ejecutivo desde que este lunes el Supremo emitiese una resolución en la que se concluía que la amnistía no es aplicable a la malversación de fondos públicos durante el procés. 

Según el más Alto Tribunal, el "beneficio personal de carácter patrimonial" no sólo se obtiene al enriquecerse personalmente, sino al utilizar la caja común para pagar indebidamente gastos ilegales que no impliquen una disminución del patrimonio personal, algo que considera que sucedió en el procés. 

Hasta en tres ocasiones, Alegría ha subrayado que el texto de la ley es claro y ha recordado que, además, fue aprobada por el Congreso de los Diputados a través de una mayoría absoluta. La ley de amnistía establece en su textualidad que no se considerará enriquecimiento personal la aplicación de fondos públicos para el proceso independentista. 

Alegría también ha criticado las palabras del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien este martes explicó que no terminaba de ver la posibilidad de recurrir al Constitucional porque su partido tiene "dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional".

Según la ministra portavoz, estas declaraciones son de "extrema gravedad" porque se está poniendo en duda "la legitimidad de las instituciones". Alegría ha acusado a Feijóo de estar viviendo una "crisis de confianza dentro de su partido" y le ha pedido que no "traslade esta desconfianza a las instituciones". 

"Le pido y exijo que rectifique de manera inmediata", ha añadido. 

Más dura ha sido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también ha acudido a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Díaz ha criticado abiertamente que se proponga a José María Macías como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. 

"Que el PP diga lo que dice cuando ha designado al señor Macías en el mismo Constitucional se descalifica por sí mismo", ha asegurado Díaz. Ha dicho que su nombramiento es la "evidencia palmaria de lo que hace el PP cuando designa magistrado o magistradas". 

"Si viniéramos de un país lejano y observamos lo que se está haciendo desde algunos órganos ejecutivos del Poder Judicial, nos sorprenderíamos", ha añadido Díaz. 

La vicepresidenta también ha deseado que en los planes de la llamada "regeneración democrática" que Pedro Sánchez presentará de aquí a septiembre también haya elementos para "regenerar" la Justicia. 

Ha criticado que los jueces y juezas no "rinden cuentas de lo que hacen" tras eliminar Mariano Rajoy su responsabilidad civil y que se están viendo que hay "procesos que tienen el sesgo que tienen y que su actuación no conlleva una consecuencia". "Hay mucha tarea por hacer y cuando hablamos de democratizar el país también hablamos de esto", ha añadido.