Puigdemont, Boye y Alay se querellan contra el juez Aguirre por prevaricación y malversación

La querella, en la que se pide una llamativa medida cautelar consistente en que el TSJC "cese" a Aguirre en la instrucción de las diligencias "para evitar que los efectos del delito se sigan produciendo" e "impedir que se tomen represalias en contra de los querellantes", sostiene que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha desobedecido a la Audiencia Provincial de Barcelona y actúa con el ánimo de perseguir a los querellantes en cuanto que "miembros integrantes de un grupo objetivamente identificable de personas, una minoría que anhela que Cataluña se independice del Estado español".

La querella sostiene que "con ocasión de la negociación entre el Gobierno y el partido que lidera Puigdemont sobre la ley de amnistía, concretamente en noviembre de 2023, el magistrado Aguirre decidió activar una investigación sobre alta traición a fin de intentar que estos hechos no fueran amnistiados e incluir en esta investigación, inopinadamente" tanto al expresident catalán como a su abogado, Gonzalo Boye. Este último ha sido imputado "por su trabajo profesional" en el ejercicio de la defensa.

Alay ya figuraba como investigado. Según la querella, Aguirre "padece una persecución obsesiva" contra él y ordenó detenerle el 28 de octubre de 2020 "a los solos efectos de intervenirle ilegalmente su teléfono móvil".

A las dos horas decretó su libertad, "sin comparecer ante el Juzgado en estos cuatro años porque nunca fue citado para declarar ni para nada".

La decisión de la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que el pasado 29 de mayo revocó la prórroga de la investigación acordada por Aguirre, ocupa un lugar central en la querella.

Según se afirma, "lejos de obedecer lo ordenado por la Audiencia Provincial de Barcelona, el magistrado querellado buscó una 'solución alternativa' -tal cual él la califica- al cumplimiento de lo acordado por la superioridad, a fin de continuar la investigación de la denominada trama rusa' de la pieza separada 2".

De esta forma, "decidió volcar toda la información e investigación de la pieza separada 2 -que debió haber sido sobreseída libremente, por orden de la superioridad- en una pieza nueva creada 'ad hoc' para burlar tal orden de sobreseimiento y archivo de las actuaciones".

Esa fue la decisión que el juez instructor tomó el pasado 21 de junio de 2024. "No hace falta que aquí se elucubre acerca de la dinámica comisiva, dado que el propio magistrado Aguirre la describe sin pudor alguno", sostiene la querella en referencia a la afirmación de la resolución judicial de que, tras la revocación de las prórrogas, "ya no cabía instruir más, lo cual abocaba a un sobreseimiento de la injerencia rusa ante la falta de instrucción suficiente".

Entonces Aguirre decide hacer lo que la querella denomina “clonación de piezas separadas”, consistente en "testimoniar todo el contenido de la pieza separada 2 para rellenar otra pieza separada creada ad hoc y que, así, pueda cobijar esta investigación y salvarla a toda costa".

"Pensar una solución alternativa"

"Podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que el querellado confiesa abiertamente el delito", añade la querella en alusión a una afirmación de Aguirre en su resolución del pasado 21 de junio, en la que expuso que "por razones de equidad y justicia, así como por las de importancia histórica para la Unión Europea, este magistrado se vio obligado a pensar una solución alternativa a las objeciones técnico-procesales planteadas por la Audiencia Provincial para anular las prórrogas de 1 de agosto de 2023 acordadas por el auto de revocación de fecha 29 mayo 2024".

Aguirre "ha exteriorizado su ánimo de prevaricar, de torcer el Derecho, de incumplir lo ordenado por la Audiencia Provincial de Barcelona, a fin de satisfacer su caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado al sobreseimiento libre", sostiene la querella.

Puigdemont, Alay y Boye califican esa actuación de "acto arbitrario", "extravagante", "estrafalario", "caprichoso" y "vulnerador de derechos fundamentales", y acusan a Aguirre de "dinamitar el sistema judicial, el Estado de Derecho, dado que él se ha erigido en único juez que todo lo puede frente a todos, incluidos los órganos superiores que resuelven recursos de apelación contra sus resoluciones". 

Ese "abuso de autoridad", añade, constituye también un "dispendio" de recursos públicos "producto de la caprichosa y arbitraria voluntad del magistrado de investigar unos hechos que nunca han tenido caracteres de delito y condenados al sobreseimiento".

Según la querella, esto supone que el magistrado querellado ha dispuesto dar a los fondos públicos una “finalidad inequívocamente ilegal”.

Afirman que los gastos para las arcas públicas son "inconmensurables", dado el ingente material que el juez ha ordenado examinar a la Policía.