La chiquilla era muy pequeña, pero hoy, a sus 70 años, lo recuerda. Atravesaban siempre la plaza de Catalunya en dirección al Banco de España, el imponente y recién inaugurado edificio en chaflán entre la plaza y la avenida de la Puerta del Ángel. Iba sin protestar por la caminata, ilusionada y a paso rápido. Porque cada vez que emprendían ese camino, una y otra vez, su madre, Montserrat, le decía para animarla:
-Si nos pagan, te compraré una muñeca.
Con el tiempo, y de tantas veces, la frase fue cambiando:
-Si nos pagan esta vez, te compraré una muñeca.
Lidia nunca tuvo aquella muñeca prometida porque su madre al final se cansó de ir cada semana y recibir la misma respuesta: "Sí, sí. Les pagaremos. Pero más adelante". Lo que tenían que pagarles. o mejor dicho, devolverles, era el dinero incautado durante la Guerra Civil: 1.432 pesetas de la época, reconocido en un documento conocido como 'Título de Guerra', que Montserrat atesoraba como oro en paño.
La Monstserrat falleció hace ya seis años. Cuando iba con su hija al Banco de España se apellidaba Capdevila Bernardó, era finales de los años 50 del siglo XX y aún no sabía que su apellido verdadero era Companys. Se lo cambió poco antes de fallecer, hace seis años. Lo hizo cuando su hija Lidia, aquella chiquilla que soñaba con una muñeca, descubrió en casa una caja abandonada repleta de cartas que atestiguaban que Montserrat era hija natural de Lluis Companys, el ministro de Marina y expresidente de la Generalitat, fusilado en el Castillo de Montjuïc en 1940. Y también, que su madre verdadera era su tía.
Aquella caja fue la única herencia que le dejó su madre adoptiva, hermana de la verdadera. Nadie le dijo la verdad. Por verse ninguneada en el reparto de la herencia con respecto a sus hermanos, lloró mucho y nunca abrió la caja. Tan aplastante era lo que contenía que no hizo falta ni realizar pruebas de ADN. Los descendientes de la familia oficial del político, exiliada en México desde la Guerra Civil y asentada allí hoy, tampoco se interpusieron. "Conocían la historia y callaron", subraya Lidia.
Por eso la mujer, que hasta hace poco se apellidaba Jiménez Bernardó, ahora es Jiménez Companys. Es la tesorera de APIGF, la Asociación de Perjudicados por las Incautaciones del Gobierno Franquista. Llevan desde su formación, en el año 2000, luchando por recuperar el dinero requisado por la dictadura, de acuerdo a un decreto de 1938 que establecía su devolución. Fue su madre, la Monsterrat, "prudente, pacificadora pero luchadora", quien la fundó.
Lidia, la nieta de Companys, con el título que atestigua la requisa de 1.432 pesetas de la época. Cedida
El despacho que representa a casi la totalidad de afectados es Vosseler Abogados. Han tramitado, en primer lugar, el reconocimiento de todos ellos como víctimas, de acuerdo con la Ley 20/22, del 19 de octubre de la Memoria Democrática. Es el primer escalón para reclamar la compensación económica que les resarza, como descendientes ya, de los bienes requisados por el régimen franquista, indica a EL ESPAÑOL Leire López, abogada de este bufete barcelonés.
Ese peldaño ya lo han subido. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática está emitiendo, desde septiembre, esas primeras declaraciones de reconocimiento y reparación personal en respuesta a las solicitudes tramitadas y presentadas por el bufete ante la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática.
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Y en paralelo, en el despacho "tramitamos más de 400 títulos. En afectados, pueden ser el doble", precisa Leire López. Porque hay que contar ahora los herederos de los títulos: nietos, sobrinos nietos, sobrinos... El trámite ha sido arduo, pues ha habido que acreditar los títulos originales con los títulos registrados en el Banco de España y compulsarlos, mirar testamentos, certificados, actas notariales... y lo primero, obtener la declaración de que todos ellos son víctimas de la Dictadura.
Los títulos son papeles amarillentos, que han descansado durante más de 80 años en un cajón. Muchos los han conservado con la esperanza de poder, algún día, cobrarlos. Otros, con el paso de los años, han desaparecido, o se han tirado. Incluso han sido vendidos en almonedas o mercadillos. Sin el original, el que guardó la familia como testigo de lo que les ocurrió, no se puede reclamar nada.
Las historias son muchas. "Vienen abuelitos, o los nietos. Nos cuentan historias conmovedoras", sostiene la letrada de este despacho que lleva el 98% de las reclamaciones de toda España. Las cantidades requisadas oscilan entre las 300 y las 400.000 pesetas.
Leire López, abogada de Vosseler Abogados, con Joaquim Gracia.
Uno de ellos es Joaquim Gracia (70 años). Él, y dos de sus primos, son los reclamantes. "Mi abuela materna tenía una mercería en el 321 del Paseo de Gracia, muy antigua. La abrió en 1890 o así. Ya no existe. Era un buen negocio, vendía géneros de punto, medias, calzoncillos, calcetines... le incautaron todo el dinero que tenía. Se encontró sin nada. Le requisaron 46.000 pesetas de la época". Fue en 1938: justo el año antes de que comenzara la gran hambruna española, que duró hasta 1942.
Una constante es que, para requisar el dinero, no hacía falta que su propietario fuese republicano, o militante del PSOE o del Partido Comunista. Ni simpatizante o sindicalista; simplemente era dinero republicano emitido por el Gobierno. No había requisitos, solo disponer de dinero.
Entrega obligatoria
"Fondo de Papel Moneda puesto en circulación por el enemigo", rezan los títulos expedidos a modo de justificante. Y todos ellos vieron cómo el bando nacional les despojaba de papel moneda puesto en circulación por el gobierno republicano tras el 18 de julio de 1936. La entrega del dinero, además, era obligatoria, bajo la amenaza de comisión de un delito de contrabando.
Por eso, en APIGF tienen contabilizados todo tipo de casos, repartidos además por toda España. "Mi abuela es que no era nada, no tenía ideología. Era solo una mujer emprendedora que luego tuvo que volver a empezar de cero".
Joaquñin, con la imagen de la mercería de su abuela, en el Paseo de Gracia.
"Lo que hacían (los franquistas) era mirar quién tenía dinero y quien no, y a quien tuviera, se lo requisaban", explica Joaquim. No solo le decomisaron los ahorros a la abuela. "También a mi madre, Julia, y a sus dos hermanos, Luis y Concepción, y al marido de Concepción... entre todos, 70.000 pesetas".
"Aquello era como si te hubiesen decapitado". En 1942, el periódico La Vanguardia, rememora, "publicó una noticia en la que Francisco Franco se comprometía a devolver aquel dinero. Y hasta hoy".
El título de la abuela estaba escondido en la caja de la tienda. "Lo encontró mi tío, hace muchos años. Dijo que a ver si lo íbamos a poder cobrar. Y mucha gente que tenía uno, gracias a dios los rompieron o los tiraron. Y digo gracias a dios, porque de haberlos guardado todos serían muchos los millones para cobrar... y sería mucho más difícil". En estos 20 años de lucha, explica Joaquim, quien es además secretario de APIGF, "han fallecido unos ochenta socios que no han podido ver realizado su sueño".
Eso mismo explica Leire López. "Nosotros representamos al 98% de los afectados a través de la Asociación de Perjudicados por las Incautaciones del Gobierno Franquista. Unos cuatrocientos. Son muchos menos que a los que verdaderamente se les incautó dinero. Son simbólicos. Porque muchos títulos fueron destruidos, o desechados. Y sus titulares ya han muerto, con lo que no van a reclamar. La cantidad a devolver podría haber sido desorbitada".
El cómputo
Desde Vosseler Abogados se precisa que este caso colectivo difiere sustancialmente de otras reclamaciones, que son estrictamente económicas. "En este caso, hablamos de familias que fueron despojados de algunos de sus recursos económicos, otros, de todos... cayeron en la pobreza, digamos, abstracta: porque hubo quien lo perdió absolutamente todo y por ejemplo no pudieron dar estudios a sus hijos, otros quedaron en la ruina absoluta, y otros se repusieron".
El artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, otorga la calificación de víctima a "las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento". El derecho al resarcimiento de los bienes incautados viene reconocido en el artículo 31, estipulando además que la administración debe poner en marcha las iniciativas pertinentes para lograrlo.
Leire López es la abogada que ha pilotado el equipo de Vosseler Abogados.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya trabajando en calcular el valor en euros de las antiguas pesetas. El pasado 23 de abril creó una comisión para reparar a estas víctimas del franquismo.
El cálculo de las devoluciones, que se prevén millonarias, tiene en cuenta el paso de pesetas a euros, "pero no se puede basar esta auditoría únicamente en el IPC", detalla Leire López. Por eso, esta comisión cuenta "con científicos, historiadores y miembros del Instituto Nacional de Estadística", para que el cálculo sea "lo más razonable posible. Porque no es lo mismo que te decomisen 50-60 euros al cambio actual que te arrebaten, en pesetas, todos los ahorros".
Leire y Joaquim apostillan en que en otros países europeos, como Alemania, esta devolución ya se ha realizado. "Esto se puede politizar. Pero al final, yo soy jurista, y desde el derecho, es justo que recuperen su dinero, porque se les prometió que se les iba a devolver. Lo requisado en Europa durante la II Guerra Mundial se ha resarcido ya".
De manera individual, la reclamación del dinero requisado se inició en la década de 1980. No fue hasta 2015 cuando el despacho de abogados de Baltasar Garzón presentó una reclamación en el Consejo de Ministros, que fue rechazada posteriormente en el Supremo. Ahora "Pedro Sánchez al menos ha tenido narices de sacar esta ley", resume Joaquim Gracia. "Aunque PP y Vox la quieran derogar. Parece que quieran borrar la guerra. Y esto ocurrió, aunque hayan pasado más de 80 años. ¿Nos dirán que han prescrito? Los crímenes de guerra no prescriben".
"Es un agravio tan grave... a mí me parece muy bien que se saque a las víctimas de la Guerra Civil de las cunetas. Entiendo que se hace por razones obvias para los familiares, que no hace falta ni explicar. Pero políticamente, se hace porque interesa. Pero ya cuando hablamos de pasta... sacar a los represaliados de las cunetas es más barato. Es así de triste", ilustra el secretario de APIFG.
La historia tras el título
El documento de Lidia, esas 1432 pesetas, encierra otra historia que entronca con descubrir, muchas décadas después, de quién era hija su madre y quién era su abuelo. Montserrat fue criada por su tía y su tío, para enmascarar que en realidad era hija de María Antonia Bernardó, hermana de la mujer que la crió, y de Lluis Companys.
"El título se lo dieron el día que se casó mi madre, en 1950. Fue alguien en la misma puerta de la iglesia. Llegó un hombre, que nunca supimos quién es, y se lo dio. Iba a nombre del padre adoptivo que tuvo Montserrat: Juan Capdevila Bous, el marido de su tía.
"Cuando nació mi madre, en 1930, Companys le dió 100.000 pesetas para que no le faltara de nada. Se lo dio a Juan Capdevila, el padre adoptivo que pasó por su padre verdadero y le dio su apellido. Lo que hizo ese hombre fue dejar a mi tía con 5 hijos, se llevó el dinero, se compró una casa y se lo gastó. Lo que iba a ser para garantizar el futuro de mi madre, en que estudiase... desapareció. Mi madre se crió medio escondida en las montañas y no tuvo formación. Fue mi padre quien le enseñó a escribir. Mi madre lo pasó muy mal toda su vida".
Lidia, con el título, posa junto a una foto de su madre y de su padre. Cedida
Por eso, Lidia cree que aquel día en la puerta de la iglesia, fue alguien del entorno de Companys, ya asesinado, quien les hizo llegar ese titulo por 1.432 pesetas. "Lo que quedaba de las 100.000 pesetas. El hombre solo dijo que como mi madre se iba a mudar a Barcelona, que se comprara una casa". .
Aunque el abuelo de Lidia fuera el fundador de ERC, Lidia es apolítica. "Mi padre era de Madrid, del barrio de Salamanca. Era policía en el Aeropuerto de Barcelona. Se casó con mi madre. Y yo tengo el corazón partío, porque mi padre era madrileño y mi madre catalina. Y ser de aquí y de allí, me ha dado otra visión".
Por eso, por lo actual, y por lo pasado, la mujer sostiene que "los primeros que cobraron las indemnizaciones por la Guerra Civil y la Dictadura fueron los partidos políticos y los sindicatos. Repito, cobraron los primeros. ¿Y nosotros? El ciudadano siempre es el último".
El triple expolio
El alzamiento del 18 de julio de 1936 cogió al presidente de la II República, Niceto Alcalá-Zamora, en Noruega. Estando allí se enteró también de que milicianos del Frente Popular habían entrado en su domicilio de Madrid y lo habían saqueado. Le robaron todas sus pertenencias. También arrasaron con su caja fuerte en el Crédit Lyonnais de Madrid. Su bisnieta, Teresa Alcalá-Zamora, detalla a EL ESPAÑOL | Porfolio que también se hicieron con "todas las cajas de los clientes del Banco Hispano Americano, que era donde él tenía el dinero con su mujer".
En 2008, los herederos de Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la II República entre 1931 y 1936, reclamaron al Gobierno "la reparación oportuna" aunque renunciaron a cualquier indemnización "por daños derivados del curso de la guerra civil". La reclamación de declaración de reparación y reconomiento personal, al albur del artículo 4 de la Ley de Memoria Histórica, fue presentada por la abogada Cruz Sánchez de Lara. La respuesta fue que la expedición de la declaración competía al Ministerio de Justicia, que estaba desarrollando el procedimiento.
Porque uego, fue víctima de un segundo expolio: el de todas sus bienes muebles e inmuebles, en 1941, a consecuencia de una multa de 50 millones de pesetas, impuesta por el Gobierno franquista. La sentencia reza que Alcalá-Zamora era "uno de los principales responsables, por acción y por omisión, de haber forjado la subversión roja". También se le despojó de la nacionalidad española.
Para hacer frente a aquello, se le requisó "la casa de Madrid, las doce viviendas que tenía en Priego de Córdoba, de donde era natural, tierras de labor, ua casa de campo, las joyas,... Aquello estaba tasado, en 1998, en más de 3.000 millones de pesetas", cuenta Teresa a EL ESPAÑOL. Las rentas no percibidas de ese capital, "si se contabilizasen desde 1936, ascenderían a 675 millones de pesetas. En 1998 habrían crecido "hasta 810 millones".
Niceto Alcalá Zamora, en Buenos Aires, en 1942.
A todas estas cifras habría que sumarles otros cien millones de pesetas de los de 1998 "por los daños y perjuicios ocasionados por los administradores estatales, que realizaron su tarea con negligencia y lucro particular".
El tercer expolio fue "la multa impuesta y abonada por los familiares", ya por el régimen franquista, en 1952, cuando Alcalá-Zamora había muerto tres años antes, en Buenos Aires, en la más absoluta pobreza. Fue considerado como "el mayor instigador de la suble"
La multa ascendió a tres millones de pesetas, equivalentes en 1998 a 60 millones, "cuyos intereses, durante los 40 años transcurridos, a la moderada cifra del 8%, montan otros 192 millones. En total, 252 millones de pesetas".
Ahora, con la Ley de Memoria Democrática, y al albur de este reportaje, Teresa Alcalá-Zamora sostiene que van a iniciar conversaciones "entre los descencientes, que están en Argentina, aquí..." para lograr la consideración de víctimas y reclamar lo requisado.
Si bien el Consejo de Ministros reparó la figura de Lluis Companys en 2018, no ha ha hecho lo mismo con Niceto Alcalá-Zamora. La repatriación de sus restos a España desde Buenos Aires fue en 1979 "y fue sufragado óntegramente por los familiares. Me acordaré siempre de aquello porque hubo que soborrnar a mucha gente en el Puerto de Barcelona", cuenta su biznieta. "En La Almudena hubo que enterrarlo a las 4 de la madrugada... era el presidente de gobierno elegido durante más años de toda la historia de España. Se le trató como si no fuera nadie".
