ERC, Bildu y BNG registran la 'comisión Pegasus' sobre el espionaje a separatistas negociada con el PSOE

Los grupos parlamentarios de ERC, EH Bildu y BNG han registrado este jueves en el Congreso de los Diputados su comisión de investigación sobre el espionaje con el programa Pegasus del que supuestamente fueron víctimas 65 políticos, activistas, periodistas y abogados por su vinculación al independentismo catalán o vasco con el objetivo de "depurar responsabilidades".

La creación de esta comisión fue aceptada por el PSOE a cambio de que los independentistas les facilitaran hacerse con la mayoría en la Mesa del Congreso el pasado mes de agosto.

En esa negociación se incluía también permitir el uso de las lenguas cooficiales, prestar diputados a Junts y ERC para poder formar grupo parlamentario pese a no lograr los requisitos establecidos en el Reglamento y crear dos comisiones, una sobre Pegasus y otra sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de 2017. A cambio, estos partidos votarían a Francina Armengol como presidenta y así darían al PSOE y Sumar el control de la Mesa de la Cámara Baja.

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De esas condiciones sólo faltaban por cumplirse las comisiones de investigación. Ya la semana pasada Junts registró, junto con el PNV, las relativas a los atentados islamistas y a la operación Cataluña que se achaca al Gobierno de Mariano Rajoy. Y ahora ERC, con EH Bildu y el BNG presenta la suya sobre el caso Pegasus.

Hay que recordar que en el acuerdo suscrito por PSOE y Junts para la investidura se habla de aprovechar las nuevas comisiones de investigación prometidas para profundizar en la amnistía a los independentistas encausados a lo largo de los 10 últimos años. Los de Carles Puigdemont quieren que lo que decida el Congreso sirva para demostrar el supuesto lawfare o guerra judicial.

"Espionaje ilegal"

En la petición registrada este jueves y a la que ha tenido acceso Efe, ERC, Bildu y BNG enumeran a algunas de las supuestas víctimas del espionaje según lo publicado por The New Yorker y El País tras la investigación de los laboratorios forenses Citizen Lab (Universidad de Toronto) y Amnesty International Security Lab.

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Entre están los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont, Pere Aragonès, Quim Torra y Artur Mas; los del Parlament Roger Torrent y Laura Borràs; líderes de partidos políticos como Arnaldo Otegi, Marta Rovira; destacados activistas como Marcel Mauri (Òmnium Cultural) o Elisenda Paluzie (ANC) o abogados como Andreu Van den Eynde o Gonzalo Boye.

Figuran también parlamentarios europeos, del Congreso y del Parlament catalán como Jordi Solé, Antoni Comín, Diana Riba, Míriam Nogueras, Jon Iñarritu, Albert Botran, Ferran Bel, Albert Batet o Josep Maria Jové.

Todos ellos, según expone la petición de creación de esta comisión que fue rechazada en la anterior legislatura, habrían sido objeto de un espionaje ilegal, hecho que "socava derechos fundamentales, como son el del respeto y protección individual a la intimidad y privacidad".

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ERC, Bildu y BNG aseguran en el escrito presentado que los programas de espionaje permiten no sólo la interceptación de comunicaciones sino un acceso absoluto a su contenido, además de que "sólo se vende a las fueras de seguridad las agencias de inteligencia".

La comisión, por tanto, busca, según estos tres grupos aclarar "los presuntos malos usos de estamentos y recursos públicos para la persecución política y, en concreto, la intromisión a la intimidad y privacidad de líderes políticos, instituciones y personas individuales".

La propuesta de un plazo de seis meses para que la comisión "conozca al detalle la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas intromisiones ilegales, conocer la presunta responsabilidad y el mal uso de las estructuras técnicas en el conjunto de los departamentos ministeriales y la vinculación de dichas estructuras con el espionaje, y conocer al detalle todas las actuaciones del Ministerio de Exteriores en relación a las investigaciones llevadas a cabo de manera presuntamente ilegal, sin estar sub judice, de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero".