Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, en sus escaños del Congreso de los Diputados.
Los socios de Sánchez exigen ya investigar al CNI por "su implicación" en el atentado de Las Ramblas
ERC y Junts piden documentación sobre el espionaje de Pegasus y los atentados islamistas de Barcelona que el Gobierno siempre ha negado.
18 noviembre, 2023 02:13Los socios independentistas de Pedro Sánchez se preparan para exigirle el cumplimiento de sus promesas que, en algunos casos, pondrán al Gobierno en situación difícil. Una de las primeras será la desclasificación de documentos secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
ERC y Junts quieren que el Gobierno desvele datos reservados sobre el software Pegasus, que sirve para infectar y espiar teléfonos móviles. Ambas formaciones quieren aclarar si se utilizó para vigilar a al menos 65 líderes, activistas y exdirigentes independentistas, tal y como fue denunciado por la esfera independentista en la anterior legislatura.
Hasta ahora, el Gobierno de Sánchez se había negado a facilitar cualquier información sobre este asunto. De hecho, Moncloa negó información al juez de la Audiencia Nacional que investigaba el espionaje con Pegasus a los móviles del propio Sánchez y de varios de sus ministros. Por eso, y porque el Gobierno de Israel tampoco dio información al respecto —el fabricante del programa espía es la compañía de seguridad israelí NSO—, la investigación judicial fue archivada.
Fuentes del Gobierno han mantenido siempre que esa desclasificación dejaría al descubierto los métodos utilizados por el CNI y afectaría a las relaciones con otros países, como Marruecos, principal sospechoso del espionaje a Sánchez y a los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y Luis Planas (Agricultura). La infección del móvil de este último, que fue embajador en Rabat hasta 2010, no fue posible.
Prueba de fuego
Este asunto será una de las primeras pruebas de fuego para el Gobierno y uno de los primeros pulsos al Ministerio de Defensa —del que depende el CNI— en esta legislatura que arranca.
Además, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, presentó una querella en Barcelona contra la anterior responsable del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, por el supuesto espionaje a su móvil.
Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona la citó a declarar como investigada. Esteban será interrogada el próximo 13 de diciembre. Para que progrese esa investigación, es necesario que se desclasifiquen documentos secretos. Fuentes de ERC —el partido al que pertenece Aragonès— aseguran que ésa es una de sus prioridades. Y exigirán a Sánchez que proceda a hacerlo.
A cambio de que la socialista Francina Armengol presidiera el Congreso, el PSOE firmó un acuerdo con Esquerra según el cual se crearían dos comisiones de investigación: una, sobre los atentados de Barcelona y Cambrils ocurridos el 17 de agosto de 2017 y otra, acerca de la Operación Cataluña.
Esta última es la supuesta operación parapolicial que habría sido orquestada por el Gobierno de Mariano Rajoy para boicotear las aspiraciones de los políticos independentistas catalanes.
PNV y Junts quieren incluir en esta comisión de investigación el presunto espionaje con el software Pegasus a la esfera independentista. Es el llamado CatalanGate. Y tanto en este asunto como en los atentados del 17-A implican al CNI.
Este mismo viernes, Junts y PNV registraron en el Congreso una petición para que se creen esas dos comisiones de investigación. Y en el texto sobre el CatalanGate y la Operación Cataluña se menciona como objetivo "conocer los contratos, gastos y procedimientos de contratación para el presunto desarrollo y/o compra del software denominado Pegasus u otras herramientas utilizadas presuntamente para espiar por parte de estamentos oficiales".
Para llevar a cabo esas investigaciones, es necesaria esa desclasificación que hasta ahora negaba el Gobierno. Actualmente, está bajo secreto toda la información referida a este extremo. La petición será tramitada ahora en el Congreso y la voluntad de sus promotores es poner en marcha las comisiones a principios de 2024.
En ambas comisiones, poner bajo el escrutinio de los independentistas el papel de los servicios secretos supondrá situar en la diana la labor del CNI, cuyo función es "prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones", de acuerdo con la ley que regula su actividad.
La masacre del 17-A
Las formaciones secesionistas ya han avanzado que el PSOE acepta que "no haya vetos" a ninguna comparecencia que soliciten de quien "tenga o pueda aportar información", como la del general Félix Sanz Roldán, quien dirigía el CNI cuando se produjo la masacre de Las Ramblas.
El propio Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia, sostiene la tesis de que "el Estado español tiene responsabilidad en los atentados terroristas de 2017", que se produjeron unos meses antes del referéndum ilegal del 1-O.
L’Estat espanyol té responsabilitat en els atemptats terroristes del 2017 a Barcelona. En té per la seva negativa a investigar a fons les connexions del cervell de l’atemptat amb els serveis secrets espanyols. I en té per les revelacions que acaba de fer l’excomissari Villarejo
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) January 11, 2022
El expolicía aseguró en enero de 2022 que la masacre del 17-A fue un "error" del CNI para dar un "susto" a Cataluña. Horas más tarde, sugirió que los servicios de Inteligencia españololes pudieron crear un "comando ficticio" para "dar la apariencia de riesgo", de modo que Cataluña "sintiera la necesidad de protección del Estado". Según su tesis, aquella estrategia acabó descontrolándose.
El excomisario Villarejo, en la Audiencia Nacional.
"Yo lo que he dicho en relación con lo del susto", aseguró Villarejo a la prensa, "es que muchas veces se han provocado comandos ficticios para tranquilizar y tal". "Probablemente, la intención no fuera en absoluto provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia de riesgo para que Cataluña sintiera la necesidad de la protección del Estado, y se fue de las manos cuando el imán muere y los pequeños, jovencitos, [el resto de miembros de la célula] no saben cómo reaccionar", comentó.
Según el relato de hechos probados de la sentencia sobre estos hechos, el grupo terrorista que atentó en Las Ramblas se creó en 2015, en torno a la figura de Abdelbaki Es Satty, imán de la mezquita de Ripoll (Tarragona).
La célula, de la que también formaba parte Mohamed Houli Chemlal y con el que colaboró Said Ben Iazza, adquirió componentes para elaborar el explosivo conocido como la Madre de Satán, a fin de cometer atentados. Pero en la noche del 16 de agosto de 2017 se produjo un gran estallido en la casa de Alcanar (Tarragona) cuando estaban manipulando estas sustancias químicas. Es Satty murió en aquel accidente, lo que obligó al grupo a alterar sus planes.
Al día siguiente, mientras se llevaban a cabo las tareas policiales y de desescombro, se produjo un segundo estallido, que hirió de diversa gravedad a varios bomberos y agentes que estaban en el lugar.
Flores y objetos en recuerdo a las víctimas del atentado de Las Ramblas, en una imagen de archivo.
Ese mismo día, otro de los miembros de la célula, Younes Abouyaaqoub, utilizó una furgoneta para atropellar fatalmente a 16 personas en Las Ramblas de Barcelona, dejando heridas a varias decenas de viandantes. La madrugada del viernes posterior, el resto de miembros de la célula realizó un segundo ataque con machetes en Cambrils (Tarragona), a 100 kilómetros de la Ciudad Condal, que produjo otra víctima mortal.
Abouyaaqoub, de 22 años, huyó del centro de Barcelona en un coche robado y murió abatido por la Policía. Durante un segundo tiroteo con los agentes, murió Moussa Oukabir, hermano de Driss.
No obstante, la sentencia de la Sala de Apelación confirmó que ni este último, ni Said Ben Iazza, ni Houli Chemlal —quien resultó herido en la explosión de Alcanar— tenían conocimiento de este ataque ni participaron en él.
Ninguno de los tres fue juzgado por las 16 muertes, sino por formar parte de la célula yihadista y por la fabricación de los explosivos. Abouyaaqoub fue considerado el autor material de los atentados y el imán, el cerebro de los mismos.
Driss Oukabir.
Tras el atropello de Las Ramblas, el grupo terrorista Estado Islámico reivindicó el ataque mediante una de sus agencias de propaganda.
"Estuve colaborando con ellos [el CNI] para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, que al final fue un error grave del señor (Félix) Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña", indicó Villarejo. Y sus palabras no tardaron en ser utilizadas por el independentismo para culpar al Estado de lo sucedido y para exigir responsabilidades.
Ahora, tras los pactos entre el PSOE y los independentistas, es más que probable que estas tesis conspiranoicas afloren de nuevo. En enero de 2022, ERC, incluso, solicitó la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro Fernando Grande-Marlaska en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
El origen de la teoría
Ahora bien, esta teoría de la conspiración se apoya en un dato cierto. Abdelbaki Es Satty, el imán que adoctrinó a los nueve jóvenes marroquíes que integrarían la célula de Ripoll, había sido detenido en 2010 en el puerto de Algeciras. Había viajado en el ferry procedente de Ceuta, ocultando 121 kilos de hachís en su furgoneta.
Condenado por narcotráfico, cumplió su pena en la cárcel de Castellón, donde, en 2014, recibió varias visitas de agentes del CNI, que intentaron captarlo como confidente. Algo que forma parte de los protocolos habituales de la Casa, el buscar este tipo de colaboración entre personalidades influyentes de la comunidad musulmana. Y él era un influyente líder religioso.
Pero el CNI podía tener un interés añadido en el que luego sería cerebro de los atentados del 17-A: años antes, en enero de 2006, durante su etapa como imán de la mezquita Al Furkan de Vilanova i la Geltrú, se había visto implicado en la Operación Chacal, en la que fueron detenidas 20 personas por su presunta colaboración con el terrorismo yihadista.
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Es Satty fue investigado entonces porque compartió durante meses vivienda con uno de los presuntos cabecillas de red, pero no llegó a sentarse en el banquillo. De los 20 detenidos en la Operación Chacal, sólo nueve fueron condenados por terrorismo por la Audiencia Nacional, en una sentencia que luego anuló el Supremo al entender que las principales pruebas recabadas durante la instrucción no reunían las garantías procesales necesarias.
Los vínculos que en el pasado había mantenido con esta supuesta red salafista de Vilanova i la Geltrú justificarían el interés del Centro Nacional de Inteligencia por contactar con Abdelbaki Es Satty durante su estancia en prisión en 2014.
A partir de aquí, se construye la teoría de la conspiración, pues no hay ninguna prueba de que los servicios de Inteligencia llegaran a tener conocimiento de los preparativos del atentado que la célula de Ripoll cometería tres años después.
El 'caso Pegasus'
Por otro lado, el pasado mes de agosto, el Tribunal Supremo confirmó, tal y como ya estableció la Audiencia Nacional, que no existen evidencias de que el CNI espiara a Quim Torra, sucesor de Puigdemont al frente de la Generalitat catalana.
Torra insistía en que el Centro Nacional de Inteligencia había intervenido sus comunicaciones. Tanto el Supremo como la Audiencia Nacional concluyeron que se trata de una "afirmación huérfana de toda prueba". Pero ello no es óbice para que el independentismo haya culpado al CNI del llamado CatalanGate.
El supuesto espionaje masivo a líderes políticos, empresarios y figuras relevantes afines al secesionismo catalán —más de 60 personas— mediante Pegasus fue destapada a través de un cuestionable informe publicado en la revista estadounidense The New Yorker.
El colectivo Citizen Lab hizo público en abril de 2021 un análisis sobre decenas de personalidades de las altas esferas del independentismo catalán cuyos teléfonos móviles podrían haber sido infectados con este software espía. En esa lista figuraba, entre otros, Pere Aragonès, actual presidente de la Generalitat de Cataluña.
No obstante, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, Elies Campo, uno de los autores de dicho informe, participó en la creación de la llamada República Digital Catalana, la infraestructura informática con la que los separatistas querían funcionar al margen del Estado como un país independiente.
Además, Campo llegó a trabajar como asesor para la Generalitat de Cataluña dos años antes de la publicación del artículo de The New Yorker.
El Gobierno español siempre ha negado estar detrás de este espionaje. Sí reconoció, no obstante, que el CNI intervino las comunicaciones de 18 independentistas, entre ellos Pere Aragonés, para salvaguardar la seguridad del Estado.
[La Audiencia Nacional archiva la investigación de 'Pegasus' sobre el espionaje a Pedro Sánchez]
Así lo confirmó la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, en mayo de 2022, ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Los servicios de Inteligencia española utilizaron el software Pegasus para ello, al igual que hizo con otros 17 líderes secesionistas por su presunta implicación en actividades contra los intereses de la Nación.
El Ejecutivo central recalcó que esta acción se habría realizado tal y como marca la ley. Es decir, por un periodo de tiempo concreto y tras recibir autorización del magistrado del Tribunal Supremo encargado de ello.
Tan sólo cinco días después de aquella comparecencia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, destituyó a Paz Esteban como directora del CNI, tal como habían exigido Podemos y ERC.
Comisión de investigación
A finales de la pasada legislatura (la número XIV), se creó una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre las llamadas cloacas del Estado.
Los acuerdos firmados entre el PSOE y los independentistas incluyen la "reactivación" de esta comisión, cuyas primeras comparecencias estaban previstas para junio de 2023. Pero con la convocatoria de elecciones anticipadas, anunciadas por Sánchez el pasado 29 de mayo, el calendario decayó.
"Hace falta una investigación exhaustiva para aclarar quién compró el programa [Pegasus] y quién ordenó utilizarlo contra el independentismo", subrayaba el documento firmado por los socialistas y los posconvergentes para que Armengol se convirtiera en la tercera autoridad del Estado.
La exdirectora del CNI, Paz Esteban, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la actual jefa del CNI, Esperanza Casteleiro.
El Parlament catalán, de mayoría independentista, también conformó una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje con Pegasus. De hecho, la Cámara autonómica citó a declarar a Pedro Sánchez como testigo. La fecha prevista era el pasado 3 de marzo. El presidente del Gobierno declinó acudir a Barcelona, al considerar que ya se había explicado suficientemente al respecto en el Congreso y el Senado.
Proceso judicial
El Catalangate también ha tenido recorrido judicial. Varios de los líderes independentistas citados en el artículo de The New Yorker presentaron querellas contra la empresa desarrolladora del software, la israelí NSO Group.
En marzo de este año, la Audiencia Provincial de Barcelona exigió al CNI información sobre el uso de tecnologías digitales para hacer seguimientos de políticos independentistas y citó a declarar a la actual jefa de la Inteligencia española, Esperanza Casteleiro, sustituta de Paz Esteban.
Poco después de publicarse dicho informe en The New Yorker, el Gobierno de España denunció ante la Audiencia Nacional que Sánchez, Robles y Marlaska también habían sido víctimas de un ciberataque con Pegasus que había infectado sus teléfonos móviles y robado información.
No obstante, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, el encargado de investigar este espionaje, se vio obligado a archivar la investigación después de que NSO Group desoyese su petición de información. Más allá de ciertas sospechas —que señalaban al Reino de Marruecos— poco pudo aclarar la Justicia sobre el ciberataque al presidente del Gobierno y sus ministros.
