Un juez imputa a la exdirectora del CNI Paz Esteban por el espionaje con Pegasus a Aragonès

Un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella interpuesta por el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, por el supuesto ciberespionaje cometido con el programa Pegasus y del que el político asegura haber sido víctima. El magistrado ha acordado citar como investigada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban.

En un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona sostiene que los hechos denunciados por Aragonès, presentada por los delitos de intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales, presentan características que "hacen presumir la posible existencia de infracciones penales".

En junio de 2022, Aragonès se querelló contra la exdirectora del CNI Paz Esteban y contra NSO, la empresa israelí propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus. No obstante, el juez Santiago García, titular del Juzgado número 29 de Barcelona, sobre el que recayó el caso en primer lugar, se inhibió a la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, al considerar a este órgano el competente para investigar los hechos, por ser Aragonès una alta institución del Estado.

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Sin embargo, esta decisión fue revocada en junio pasado por la Audiencia Provincial de Barcelona, por lo que finalmente es este Juzgado el que ha asumido la causa.

El juez señala en su auto que el colectivo Citizen Lab publicó en abril de 2021 un informe sobre decenas de personalidades de las altas esferas del independentismo catalán cuyos teléfonos móviles podrían haber sido infectados. En esa lista figuraba Pere Aragonès.

Además de citar a Paz Esteban como investigada el próximo 13 de diciembre, el juez ha acordado otras diligencias. Ha librado un exhorto al magistrado del Tribunal Supremo responsable del control judicial del CNI para que certifique si ha autorizado el uso de software o cualquier fórmula de intervención de las comunicaciones de Aragonès.

En caso afirmativo, el juez de Barcelona solicita al del Supremo que le remita las resoluciones judiciales en las que se autoriza.

Además, y de forma previa a la solicitud de la "pertinente desclasificación" de documentación secreta, el juez reclama al CNI información relativa a la compra y posible uso de Pegasus y sobre las "concretas personas" que actuaron en nombre de la Inteligencia española durante el proceso de encargo, compra y recepción del programa y si se utilizó o no para espiar a Aragonès.

También pide al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno que concrete si el Centro Nacional de Inteligencia o cualquier otro organismo gubernamental español ha adquirido o utilizado Pegasus.

El juez ordena al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que le remitan una certificación sobre si el CNI adquirió productos o licencias o pagó servicios de cualquier tipo a NSO Group desde 2014 hasta la actualidad y que proporcionen todos los datos de los que dispongan sobre estos productos.

Paralelamente, el juez ha emitido una Orden Europea de Investigación para que la empresa matriz de NSO, OSY Technologies, con sede en Luxemburgo, aclare si han comercializado Pegasus con organismos gubernamentales del Estado español y, si es así, que precisen con cuáles.

Cese de Paz Esteban

El Gobierno destituyó a Paz Esteban al frente del CNI en mayo de 2022 a raíz de la polémica generada por el informe de CitizenLab sobre el espionaje con Pegasus.

No obstante, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, un informe de la Guardia Civil reveló que Elies Campo, uno de los autores del informe Pegasus que denunciaba el supuesto espionaje a las altas esferas del independentismo, participó en la creación de la llamada República Digital Catalana, la infraestructura informática con la que los separatistas querían funcionar al margen del Estado como un país independiente.

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Además, Campo llegó a trabajar como asesor para la Generalitat de Cataluña dos años antes de la elaboración de este dosier, que acabó publicado en la revista estadounidense The New Yorker.

La causa judicial derivada de la querella de Aragonès se suma así a las que ya se instruyen en otros juzgados de Barcelona por este supuesto caso de espionaje político. Otro juzgado de la Ciudad Condal investiga si también fueron hackeados los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba.