Congreso, Senado, jueces y el TC: todos los obstáculos que aún debe sortear la Ley de Amnistía

El PSOE registró este lunes la Ley de Amnistía que exigen los partidos independentistas catalanes para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Pero lo hizo en solitario, sin la firma de sus socios.

Aunque llegar a un acuerdo en el texto es el primer paso, detrás van otros que son imprescindibles para que la norma pueda ver la luz. Y la Ley de Amnistía puede encontrarse con problemas en el propio Congreso de los Diputados, en el Senado y, una vez aprobada, en los tribunales.

Descartado hace tiempo que la Ley de Amnistía fuera una realidad antes de la investidura de Sánchez, como pretendían en un inicio los independentistas catalanes, la realidad es que su aprobación no llegará hasta 2024.

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Ahora que ha sido registrada, es necesario que la Mesa del Congreso la califique y que los letrados de la Cámara Baja den su visto bueno. la norma no se tramitará hasta la reunión de la Mesa del martes que viene, cuando Sánchez ya haya sido investido.

Después, se abrirá un plazo de enmiendas para que los partidos puedan presentar correcciones a la totalidad del texto. De ahí, pasará a una ponencia, que emite un informe y, de ahí, a una comisión del Congreso donde se votan primero las enmiendas y después el conjunto del texto.

En la reunión del martes que viene, el PSOE aplicará el trámite de urgencia a la norma. Los partidos tienen 15 días para presentar enmiendas y los diputados de la ponencia otros 15 para elaborar el informe, pero los socialistas pretenden reducir ambos plazos a la mitad. Aunque en la Comisión se puede ir prorrogando la tramitación, dando nuevos plazos para enmiendas (hay leyes que, a pesar de estar calificadas como de urgencia se han acabado demorando), no es previsible que ahí se estanque la Ley de Amnistía.

Una vez que la norma salga de la Comisión, irá al Pleno del Congreso y será votada. Ya que la mayoría de los socios de Sánchez la secundan, esta fase se solucionará sin mayores problemas. Pero de ahí pasa al Senado, donde todo va a ser mucho más complicado.

Pasa al Senado

Normalmente, el Senado tiene dos meses para pronunciarse sobre las leyes que le remite el Congreso, pero al estar tramitada de urgencia, este plazo se reduce a 20 días naturales. Sin embargo, el PP va a hacer valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para alargar ese proceso.

La semana pasada, el Senado ya inició la modificación del Reglamento para que sea la Mesa de la Cámara Alta la que decida si mantiene el procedimiento de urgencia heredado del Congreso o no. Al tener mayoría absoluta el PP, esta modificación saldrá adelante.

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Además, la Mesa del Senado, controlada por el PP, también puede incorporar prórrogas al plazo de enmiendas, lo que demoraría la tramitación. Y hay que tener en cuenta que el mes de enero es inhábil.

El Senado también tiene en su mano rechazar tramitar la ley y pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Esta, sin embargo, es una medida extrema que provocaría un choque institucional entre las dos Cámaras de las Cortes.

Una vez superados los escollos del Senado, la Ley de Amnistía volvería al Congreso de los Diputados. En ese momento, la Cámara Baja tendría que ratificar las enmiendas que haya incluido la Cámara Alta y, entonces sí, la norma quedaría lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Los tribunales

Una vez la ley esté aprobada, falta su aplicación. Ya lo ha recordado Félix Bolaños este lunes durante su defensa de la norma: son los jueces los que tienen que decidir en qué casos se aplica y en qué casos no.

Los magistrados pueden optar por dos vías si no están convencidos de que deban aplicarla. Y hay que recordar que todas las asociaciones judiciales se han pronunciado en contra del contenido del acuerdo entre el PSOE y Junts firmado semana pasada, que admitía la existencia de lawfare (guerra sucia judicial). 

La primera medida al alcance del juez es presentar una cuestión de inconstitucionalidad al Constitucional. Consiste en trasladar al Tribunal sus dudas sobre si deben aplicar la norma o no. Y hay que tener en cuenta que el TC podría tardar alrededor de un año en pronunciarse, según los cálculos que barajan los especialistas.

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La segunda opción del juez es plantear una cuestión prejudicial. Consiste en que el magistrado duda de si una norma es compatible con el Derecho de la Unión Europea y, para garantizar que así sea, consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta instancia puede dictar si la norma en cuestión es compatible o no, o si lo es sólo parcialmente.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional también podría tener que intervenir si 50 senadores o 50 diputados presentan un recurso de inconstitucionalidad. El PP ya ha anunciado su intención de hacerlo.