El PSOE rechaza amnistiar hechos ajenos al 'procés' pero busca cómo salvar al equipo de Puigdemont

Las fuentes del PSOE consultadas insisten en mantener que la amnistía sólo afectará a los directamente relacionados con el procés independentista de 2017, aunque otras fuentes indican que ha aceptado negociar y buscar vías para salvar al equipo más próximo a Carles Puigdemont, afectado por diferentes procesos judiciales.

Esa posición del PSOE no coincide con la que transmite el partido de Carlos Puigdemont, que pretende extender la amnistía a otros hechos que considera consecuencia del procés. Es decir, Junts mantiene la tesis de que se desencadenó una persecución policial contra los independentistas en forma de procesos contra abogados o dirigentes ligados a Puigdemont. Lo que se conoce como "lawfare" y que pretenden incluir en la proposición de ley con casos como el de Laura Borràs, Gonzalo Boye o Josep Lluis Alay, entre otros.

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Esa diferente interpretación es lo que ha frenado el acuerdo, es decir, decidir hasta dónde llegan los procedimientos judiciales vinculados con el procés independentista de 2017. La cuestión es encontrar vías para sortear esos procedimientos buscando resquicios en la aplicación de la ley o con la acción del fiscal en cada uno de esos casos.

Junts, por contra, quiere que la norma quede suficientemente claro y no se preste a interpretaciones posteriores de los jueces. El diario nacional.cat aseguraba también este domingo que el PSOE había aceptado negociar esos casos dentro de la ley. Incluso, algunas fuentes hablaban de acuerdo ya cerrado con un relato según el cual se muestra que ERC "se dejaba soldados" en la cuneta, y Puigdemont, no. "Que no se puede dejar al margen de la amnistía a nadie, tampoco a Alay o a Boye".

La Audiencia Nacional abrió juicio oral contra Boye, letrado de Puigdemont, por presunto blanqueo en un caso de narcotráfico en el que también está acusado Sito Miñanco. Boye, además, es uno de los negociadores de Junts con el Gobierno. Borràs fue condenada por trocear contratos públicos para eludir los controles.

Ya hay acuerdo sobre la designación de un verificador de los acuerdos, que según Junts sería extranjero, y sobre la mesa que se creará para discutir un "Acuerdo sobre la Identidad Nacional" durante toda la legislatura, con posibilidad de acabar con una consulta a los catalanes.

El Gobierno, además, entiende que el acuerdo incluye un compromiso de estabilidad para afrontar una legislatura larga con aprobación de Presupuestos y una renuncia implícita a la unilateralidad al aceptar que cualquier salida será negociada.

Moncloa cree aún posible celebrar la investidura esta misma semana, aunque los plazos cada vez son más estrechos. Para ello tendría que anunciar el acuerdo este mismo lunes.

El viernes y el sábado se celebra en Málaga un congreso de socialistas europeos al que Pedro Sánchez esperaba llegar como presidente del Gobierno en ejercicio y con su nuevo Ejecutivo. La resistencia de Carles Puigdemont a cerrar el acuerdo la pasada semana ha puesto en riesgo ese plan de Moncloa.

Fuentes del Gobierno aseguran que aún creen que el líder de Junts mantiene su voluntad de llegar a un acuerdo, aunque demore su resolución.

Para que la investidura fuera esta semana sería necesario que hoy mismo coincidieran dos acontecimientos: el acuerdo sobre una proposición de ley de amnistía para presentar en el registro del Congreso y la convocatoria del pleno por parte de la presidenta Francina Armengol para el miércoles y el jueves.

Si fuera así y con la prevista mayoría absoluta del PSOE y sus socios, el viernes Sánchez tomaría posesión ante el rey y ese día anunciaría los nombres de sus ministros para que tomen posesión el sábado. Esas fechas se solaparían con el citado congreso de los socialistas europeos.

Por eso, el Gobierno no descarta llevar la investidura a la siguiente semana.