Usar el catalán en el Congreso e investigar las 'cloacas' y el atentado del 17-A: el pacto PSOE-Junts

El principio de acuerdo que han alcanzado el partido de Carles Puigdemont y el PSOE para que Francina Armengol presida el Congreso de los Diputados incluye, entre otros puntos, que se pueda utilizar el catalán y el resto de lenguas cooficiales en la Cámara Baja.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha trasladado a los miembros de la Ejecutiva del partido este principio de acuerdo durante la reunión telemática que mantienen esta mañana, han explicado fuentes del partido.

Con el sí de JxCat, el bloque progresista alcanzaría un total de 178 apoyos contando el voto favorable de ERC, si bien este miércoles fuentes republicanas negaron un acuerdo con el PSOE y pidieron no dar por sentados sus votos. 

Contenido del acuerdo

Una vez concluida la votación, Junts ha confirmado las cuatro condiciones del acuerdo alcanzado con el PSOE: lograr el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea, permitir el uso del catalán en el Congreso de los Diputados, la reapertura de la comisión de investigación sobre las llamadas cloacas del Estado y la creación de otra sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. Este jueves se cumplen precisamente seis años desde aquel atentado.

Respecto a este último punto, los partidos independentistas y TV3 han alentado la tesis de que fue una masacre teledirigida por el aparato del Estado, ya que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, fue captado como confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante su estancia en prisión, tras ser detenido por un delito de tráfico de drogas.

En cuanto a la comisión de investigación sobre las cloacas del Estado, el movimiento separatista quiere indagar en la intervención que tuvo el comisario José Manuel Villarejo en las causas judiciales abiertas contra determinados líderes independentistas.

En concreto, Villarejo habría intervenido para que Victoria Álvarez declarara ante la UDEF sobre los viajes que había realizado a Andorra con su entonces novio, Jordi Pujol Ferrusola, portando "bolsas" llenas de dinero en efectivo de procedencia ilícita. Este fue el comienzo de la causa abierta al clan Pujol en la Audiencia Nacional por blanqueo y por el presunto cobro de comisiones ilegales.

Ley de amnistía

Por último, fue la líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien lanzó el pasado 2 de agosto la propuesta de reformar el reglamento del Congreso de los Diputados para que las lenguas cooficiales puedan utilizarse en los debates, como guiño para lograr el apoyo de ERC y Junts a la investidura de Pedro Sánchez. No obstante, desde la pasada legislatura ya existe un acuerdo similar para el Senado, que nunca ha llegado a desarrollarse plenamente.

Junts había planteado hasta ahora como su principal demanda la aprobación de una Ley de Amnistía para decenas de independentistas procesados ante la justicia: desde los dirigentes de los CDR que fabricaban explosivos para atentar contra infraestructuras, a todos los cargos de la Generalitat (también los que están aún pendientes de juicio) implicados en la organización del referéndum del 1-O.

Una Mesa del Congreso presidida por la socialista Francina Armengol y controlada por el bloque formado en torno al PSOE, facilitaría la tramitación de la Ley de Amnistía que exige el partido de Carles Puigdemont.

Si se aprueba la Ley de Amnistía, Puigdemont y los cuatro exconsellers de su Govern que permanecen huidos de la Justicia en Bélgica y Suiza (Lluís Puig, Antoni Comín, Marta Rovira y Clara Ponsatí) podrían regresar a España, retomar su actividad política y volver a presentarse a las elecciones, sin ningún reproche penal.

La posibilidad de aprobar esta Ley de Amnistía ha sido finalmente incluida en el acuerdo entre el PSOE y ERC, bajo el eufemismo de avanzar en la "desjudicialización" del "conflicto entre Cataluña y el Estado español", utilizando para ello todas las "vías legales" posibles.