Sánchez, ante el dilema del trasvase: desautorizar a Teresa Ribera o quitar votos a Ximo Puig

De entrada, este problema le va a suponer al Gobierno de Sánchez la primera manifestación multitudinaria del año. Será el próximo miércoles, día 11, ante las puertas del Ministerio de Transición Ecológica. Sólo de Alicante anuncian ya su viaje a Madrid 3.000 agricultores. Pero no son los únicos profesionales afectados. Y hay que sumar a los manifestantes que acudirán desde Murcia y Almería. Fuentes sindicales calculan que el trasvase de agua genera más de 100.000 empleos en esta área.

El presidente del Gobierno tiene una difícil papeleta. Teresa Ribera pertenece al núcleo duro del Ejecutivo y es conocida por la perseverancia con que defiende sus planteamientos. Es una ecologista convencida que se ha pronunciado en contra del diésel y del carbón, que ha asegurado que, si de ella dependiera, "prohibiría" los toros y la caza, y, lo que es peor para los alicantinos, murcianos y almerienses afectados, ha manifestado públicamente que "los trasvases ya no tienen sentido".  

En este asunto, la filosofía de la vicepresidenta tercera es aumentar los llamados caudales ecológicos y recortar las aportaciones hídricas que llegan a los trasvases.

Puig, por su parte, se ha mantenido fiel a Sánchez en los momentos más difíciles de la legislatura, pese a que en su día apoyó a Susana Díaz en la carrera por la Secretaría General del PSOE. A diferencia de otros barones, no se ha desmarcado del Gobierno ni tras los indultos a los condenados del procés, ni con la rebaja de la sedición y la malversación. Y eso que el presidente no ha atendido la demanda histórica de mejorar la financiación autonómica, que tiene a la cola a la Comunidad Valenciana desde hace lustros.

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Pero esta semana Puig ha estallado al conocer el contenido del decreto que prepara Teresa Ribera para actualizar los planes hidrológicos. "Lo que se acordó debe mantenerse", dijo el martes a Carlos Alsina en Onda Cero. El presidente valenciano dijo sentirse engañado porque del documento pactado con el Gobierno había desaparecido "el apartado tres de la cláusula novena".

Ese punto establecía que, antes de determinarse los caudales ecológicos mínimos del Tajo a partir de 2025, el Ministerio de Transición Ecológica debería valorar si se cumplían los objetivos medioambientales, abriendo así una puerta a mantener las transferencias de agua. La supresión de esta cláusula equivale, en la práctica, a que se acaben los trasvases del Tajo a partir de 2026.

Al Consejo de Estado

Ahora, Ximo Puig trata de buscar una victoria moral en el Consejo de Estado. El órgano asesor del Gobierno debe emitir aún su informe sobre el decreto en cuestión, y el presidente valenciano ha anunciado que presentará alegaciones. Pero los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes. 

Puig no está solo en su reivindicación del agua. Los presidentes de Andalucía y Murcia -ambos del PP-, Juanma Moreno y Fernando López Miras, le apoyan. Ayer mismo, el presidente murciano convocó una rueda de prensa de urgencia para anunciar que ya ha enviado al Consejo de Estado un informe con sus alegaciones contra el nuevo Plan del Tajo.

Pero la fractura entre territorios es un hecho. El presidente castellanomanchego Emiliano García-Page declaraba la semana pasada a EL ESPAÑOL su convencimiento de que verá en los próximos años el cierre del trasvase del Tajo. 

Esa fractura también es evidente en el PSOE. La ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tomaba partido este miércoles por Teresa Ribera y por Page y declaraba que Puig "defiende los intereses de su Comunidad", mientras que al Gobierno le toca defender el interés general. 

Por si fuera poco, fuentes de la Generalitat Valenciana aseguran que desde el Ministerio de Transición Ecológica se está contactando con medios de comunicación de la Comunidad para transmitir un relato a favor del actual recorte de caudal. Y dan incluso un nombre, el del secretario de Estado, Hugo Morán. Lo consideran juego sucio.

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Pero las aguas bajan turbias desde hace meses. El pasado mes de mayo ya hubo una manifestación en Madrid antes de que se aprobasen los planes de cuenca del Tajo. 

En estos planes se define la cantidad de recursos que se pueden destinar para el trasvase. El denominado caudal ecológico marca el mínimo que hay que garantizar antes de poder derivar agua a otras cuencas.

450 millones pagados

El volumen máximo que la ley permite trasvasar es de 600 hectómetros cúbicos al año para abastecimiento y regadío. Pero nunca se ha llegado a trasvasar esa cantidad. Este 2022 que acabamos de despedir se decidió aumentar el caudal ecológico del Tajo y, consecuentemente, reducir en 105 hectómetros anuales la que se recibiría en el Segura.

El enfrentamiento político se aviva por cuanto la política de restringir los trasvases ha comenzado por el Tajo- Segura. En España hay 15 trasvases, pero solo se discute sobre este, según señala Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante.  

Una de las principales quejas de los regantes es que el Gobierno de Sánchez ha desoído permanentemente los consejos de los técnicos y ha recortado cada envío por motivos políticos. Y eso se traduce en dinero. En concreto el que tienen que pagar para seguir manteniendo sus campos.

Los regantes llevan pagados 450 millones de euros por el agua trasvasada a las comunidades cedentes, pero ese dinero, aseguran, no se ha usado para construir infraestructuras en los municipios cercanos a los embalses para evitar sus problemas de abastecimiento.

La alternativa que plantea una y otra vez el Gobierno para el Mediterráneo son las desaladoras, que se nutren de agua de mar para convertirla en potable. Pero el problema se encuentra en el elevado coste energético de ese proceso. Así pues, las espadas por el agua seguirán en lo alto.