Cinco barones del PSOE plantan cara a Sánchez en el último mes con la vista puesta en las elecciones

La proximidad de las elecciones autonómicas está provocando que algunos barones del PSOE se desmarquen de Pedro Sánchez, a veces con críticas directas. En el último mes, hasta cinco líderes autonómicos han mostrado su descontento con medidas del Gobierno o se han plantado buscando un perfil propio, tres de ellos sólo en la última semana.

Y los motivos son muy diversos. Desde el programa económico del líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, hasta las críticas por la reforma de la malversación de los presidentes de Aragón, Javier Lambán, Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y del líder del partido en Castilla y León, Luis Tudanca. Pasando también por el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que ha sido el último en elevar el pulso. 

Puig calificó de "absolutamente inaceptable" que el Gobierno haya roto parte del acuerdo del Consejo Nacional del Agua que regula el trasvase Tajo-Segura. El Ministerio de Transición Ecológica modificó de manera unilateral una disposición, pactada entre Murcia y la Comunidad Valenciana, que permitía poner tope al incremento de caudales ecológicos en 2025. 

"Lo que se acordó tiene que mantenerse", dijo este miércoles. "Si no se mantiene porque el Gobierno español quiere cambiarlo, debería hacerse en el Consejo Nacional del Agua. Pero no se tiene que plantear un enfrentamiento territorial", añadió, a la par que anunció que había pedido una audiencia con Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado, para tratar el asunto.

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Ni desde Moncloa ni desde Ferraz están censurando estos desplantes. Donde antes criticaban que se llevaran a cabo "guerras en solitario" que dañasen al partido, ahora entienden que es el momento de que cada barón marque perfil propio y hablan de que "están todos y todas en buenas cifras de valoración de su gestión y de revalidar la victoria en las próximas elecciones".

Por eso, nadie ha reprendido a Ximo Puig por sus palabras, según informa Daniel Valero. Es más, desde el equipo del presidente reivindican su autonomía "para defender los intereses de los valencianos por encima de las siglas políticas".

Siguiendo ese patrón, tampoco hubo censura alguna el pasado lunes cuando el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, concedió una entrevista a EL ESPAÑOL trufada de críticas a la labor del Ejecutivo. Ni la ha habido con Juan Lobato al presentar un programa económico más parecido a las tesis de Isabel Díaz Ayuso que a las de Pedro Sánchez.

No hace tanto, ante las críticas de García-Page a la reforma del delito de malversación, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía que "su sentido de la lealtad y el respeto" le impedía dar públicamente su opinión. Ahora, la respuesta de Ferraz es que la opinión del barón es "como la de otro de nuestros presidentes y presidentas autonómicos".

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Algo parecido ha ocurrido con Lobato, candidato a liderar la Comunidad de Madrid. El socialista ha prometido una "revolución fiscal" en la que bajará el IRPF a las rentas de hasta 100.000 euros, entre otras medidas como dejar exentos de impuestos el patrimonio, las herencias o las donaciones siempre que generen actividad económica.

Este plan choca notablemente con los elaborados por el Gobierno. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo rebajó el IRPF puso el tope en 21.000 euros y cuando Ximo Puig lo hizo a los 60.000, desató arduas críticas entre las filas de su partido. A pesar de ello, el plan de Lobato ha contado con el beneplácito de la dirección del PSOE.

Mientras que García-Page siempre ha sido poco amable con Sánchez –ya en su enfrentamiento con Susana Díaz apoyó a la andaluza– el plante de Lobato y de Puig ahonda la situación. El madrileño llegó a su candidatura respaldado por Sánchez. Y aunque el valenciano y el presidente siempre han tenido sus más y sus menos, en los últimos meses llegó a apoyarle con la patata caliente del delito de malversación, acusando de "electoralismo" a los que no lo hacían. 

La malversación, el inicio

Pero esa pequeña revolución en las filas socialistas nació hace apenas un mes a raíz de la reforma del delito de malversación, precisamente, y la derogación del de sedición. El propio Sánchez aseguraba que esas medidas, más allá de cesiones a los independentistas, respondían a que Cataluña será un importante activo electoral este 2023.

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Pero hay muchos líderes que entendían que este tipo de reformas eran difíciles de asumir por muchos ciudadanos fuera de Cataluña y, de cara a las elecciones autonómicas, algunos barones también apostaron por marcar perfil propio.

A García-Page, que siempre se ha mostrado en contra y pidió al Gobierno que "no nos tomen por tontos", y Lobato, que dijo que "a los corruptos ni un día menos de prisión", se sumaron a esas críticas el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca.

Lambán dijo, a principios de diciembre, que "malversar es, en cualquiera de sus modalidades, corrupción". "El Estado no debe desarmarse ante delitos de esa magnitud, sino que debe rearmarse para impedir de manera radical la hoja de ruta del independentismo", añadió.

Las críticas de Lambán se intensificaron durante su mensaje de fin de año, desde el que lanzó un órdago al presidente del Gobierno. El líder regional pidió "autocrítica" por la falta de entendimiento entre "partidos moderados".

Lo hizo con la crisis institucional que incluso denunció Felipe VI como telón de fondo y acusó que la gobernabilidad del país ha quedado en manos de "extremistas, radicales e independentistas, que no aspiran más que a romper España y acabar con la Constitución".

Tudanca, que aunque no competirá en las autonómicas porque no habrá elecciones al parlamento regional, pero sí municipales y se lo juega todo ahí, también se mostró crítico. Dijo que esperaba que la rebaja de malversación "no se produzca". "Cualquier cosa que se toque tiene que ser para endurecer los delitos y el castigo", añadió.

El PSOE intenta conseguir un difícil equilibrio que sea rentable electoralmente: que las medidas económicas del Gobierno ayuden a las candidaturas autonómicas, que los candidatos tengan su propio tirón desvinculándose de las medidas poco populares del Ejecutivo, pero que no se desvinculen tanto como para perjudicar a la marca. Todo un algoritmo que las urnas dirán si funciona o no.