El PSOE montó su propia 'Gürtel' en Valencia con el mismo sistema y empresas que financiaban al PP

Los papeles de José María Cataluña, exsecretario de finanzas del PSOE valenciano y exvicepresidente de Bancaja, apuntan a que el PSOE montó su propia Gürtel en Valencia durante el Gobierno del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con el propósito de obtener un mayor despliegue en procesos electorales.

Varias de las empresas son las mismas que financiaron durante años con dinero negro al PP. La mayoría son contratistas habituales de la Administración y el entramado era idéntico al de otras investigaciones abiertas por financiación irregular. Además, la estructura para obtener más dinero para gastos electorales coincidió en el tiempo con la del PP.

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Los hechos se investigan en una de las piezas separadas que sigue secreta del caso Azud, la macrocausa contra la corrupción que ha aflorado 20 años de pillaje en el PP y el PSOE de la Comunidad Valenciana. Esta semana, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) han practicado una decena de registros en Madrid, Valencia y Castellón en busca de más pruebas, y los investigadores han tomado declaración en los últimos días a imputados y testigos.

La Guardia Civil halló en los papeles de José María Cataluña anotaciones de su puño y letra que los investigadores atribuyen a donaciones de empresas en B, según apunta la información a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Igualmente, Cataluña guardó durante años varios cuadernos con referencias a concursos de agua o basura de municipios valencianos gobernados por el PSOE que se habrían amañado años después.

Entre las compañías que han aparecido en esta documentación figuran Facsa o Lubasa, ambas condenadas por la financiación irregular del PP de Valencia; o las sociedades del empresario Javier Luján, investigado en el caso Imelsa y por la ejecución de los sobrecostes en la construcción de colegios a cambio de supuestos sobornos a dirigentes del PP.

También aparece la multinacional Acciona. La compañía figura en otras investigaciones, como la de la financiación irregular del PP de Madrid, y una de sus filiales abonó 1,7 millones de euros al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, por el contrato de la limpieza de las alcantarillas de Valencia, según consta en otra pieza del caso Azud.

El plan permitía aumentar considerablemente el gasto destinado a las campañas y no tener en cuenta la cuantía máxima admitida del gasto electoral prevista por la ley. Mientras, los pagos posibilitaron a las empresas obtener una posición ventajosa en futuras adjudicaciones, la mayoría relacionadas con grandes infraestructuras hidráulicas, como uno de los tramos más costosos del trasvase Júcar-Vinalopó.

Los pagos de las empresas no están reflejados en la facturación y contabilidad oficial del partido. Y el sistema imita el modelo que la Gürtel desplegó en Valencia: empresas de comunicación y marketing que facturan a terceros por servicios que en realidad habrían sido prestados al PSOE valenciano.

Documento de José Cataluña con indicaciones para facturar los gatos de la agencia de comunicación.

Por el momento, la investigación ha acreditado que empresarios investigados abonaron a la supuesta caja B del PSOE de Valencia más de 484.000 euros y queda por conocer el resultado de las diligencias secretas que la Guardia Civil ha practicado en los últimos meses. Este dinero fue a parar a empresas de publicidad con las que trabajaron los socialistas valencianos en la campaña de las municipales y autonómicas de 2007.

Cataluña, histórico dirigente del PSOE valenciano, lleva tiempo apartado de la primera línea política, pero ha seguido vinculado durante años a la fontanería del partido y su núcleo duro. El líder de los socialistas valencianos era Joan Ignasi Pla y en ninguna convocatoria electoral logró imponerse al PP, un partido que también se financió con el mismo sistema en Valencia y cuyos dirigentes han sido condenados en firme por la Audiencia Nacional.

Pla dimitió de sus cargos en octubre de 2007 después de que trascendiera que un constructor abonó por adelantado la reforma de su casa, valorada en 78.000 euros. La Guardia Civil también ha hallado en casa del extesorero facturas de parte de la reforma de la vivienda del exsecretario general de los socialistas valencianos.

[Hallan facturas de la reforma del exlíder del PSOE en Valencia en casa del extesorero imputado]

El caso le estalla a Ximo Puig a siete meses de las próximas elecciones autonómicas y con las encuestas augurando un posible cambio de Gobierno.

Facturación falsa

Entre los documentos que Cataluña guardó hasta 2021 en su casa de Gilet, un pequeño municipio valenciano de unos 3.000 habitantes del que fue alcalde, han aparecido unas notas con saldos bajo el epígrafe de Crespo Gomar, una empresa de comunicación de Gandía que trabajó durante años con el PSOE de Valencia.

Anotaciones de José María Cataluña sobre Crespo Gomar.

No es la primera vez que Crespo Gomar y el nombre de Cataluña aparecen vinculados en un sumario de corrupción. En 2018, otro juzgado de Valencia concluyó que el PSOE se financió de manera irregular en las autonómicas y municipales del año 2007, pero el caso acabó archivado porque el delito electoral estaba prescrito.

La denuncia la presentó en una Comisaría el PP y en aquella investigación aparecían al menos tres ministerios de la etapa de Zapatero implicados (Vivienda, Medio Ambiente y Sanidad); así como supuestas adjudicaciones irregulares en los ayuntamientos de Gandía y Benidorm tras la campaña de 2007.

La Policía Nacional certificó en un informe que Crespo Gomar realizó facturas falsas a empresas que financiaban al PSOE y el contraste de datos realizado por la Agencia Tributaria dio como resultado una coincidencia exacta. La facturación irregular para financiar la actividad electoral sumó más de medio millón de euros.

El presidente de la sociedad era Alberto Gomar, hijo del exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía, el socialista Antoni Gomar, y tuvo también entre sus trabajadores al socialista José Ramón Tíller. Este último dirigente está siendo juzgado ahora en la Audiencia de Valencia por los supuestos enchufes de PSOE y Compromís en la empresa pública Imelsa.

En esta ocasión, tras el hallazgo de los papeles de José María Cataluña y aparecer nuevos indicios, los hechos se han articulado como un presunto cohecho, cuyo delito no estaría prescrito. El extesorero del PSOE de Valencia ha presentado un escrito al juzgado en el que ha solicitado la destrucción inmediata de estos documentos.

Comisión del 6%

Los papeles de Cataluña recogen unas notas sobre un contrato adjudicado por la empresa pública Aguas del Júcar SL, dependiente del Gobierno y absorbida posteriormente por Acuamed, a Acciona y Construcciones Luján.

Notas de José Cataluña con la referencia de Acuamed y un listado de empresas.

El documento recoge el pago de una supuesta comisión, que alcanzaría hasta el 6%, como condición para acceder al contrato, valorado en más de 39 millones de euros. El objeto era la redacción del proyecto de construcción y ejecución de uno de los tramos más costosos del trasvase Júcar-Vinalopó.

La comisión se elevó finalmente a los 2 millones de euros y ambas empresas habrían abonado el dinero en proporción a su participación en el contrato -1,4 millones de euros Acciona, mientras que Construcciones Luján 600.000 euros-. La investigación apunta a que el dinero fue a parar el partido y la Guardia Civil investiga si Cataluña se quedó con una parte de la recaudación.