Compromís, socio de Ximo Puig, pide "accionistas públicos" en Ford para "codecidir" en la compañía

Compromís, socio de Ximo Puig en el Gobierno valenciano, sigue poniendo en aprietos al dirigente socialista. La coalición nacionalista, además de intentar suavizar la rebaja de impuestos anunciada por el presidente valenciano, le instó este martes a aplicar una controvertida medida económica. Pretende que la Generalitat se convierta en "accionista público" de grandes empresas como Ford para "codecidir" en la compañía.

La propuesta la reveló Alberto Ibáñez, coportavoz de Iniciativa (uno de los partidos que integran Compromís) en una entrevista concedida a la radiotelevisión valenciana À Punt. Su principal argumento fue que, si la administración pública otorga ayudas millonarias a estas enseñas, también debería tener poder de decisión en las mismas.

"Ford, en los últimos años, ha recibido en ayudas más de 150 millones de euros de la Generalitat Valenciana. ¿No pensáis que sería razonable que una empresa que tiene un ingreso estructural por parte de la Generalitat tuviera también accionistas públicos para poder codecidir?", planteó el dirigente.

"Si quieren nuestro dinero, es normal que cualquier gran empresa, en sus consejos de administración y en su accionariado, estén las administraciones públicas", defendió. Reclamó además que "cuando haya ganancias, se beneficien también las administraciones públicas".

Ibáñez, a su vez, anunció que la iniciativa ya ha sido comunicada a los socialistas con el objetivo de implantarla en el ejercicio 2023. "Este tipo de propuestas son las que Compromís, tanto en el debate de política general como ayer en la comisión de presupuestos, trasladamos al PSPV-PSOE y a Unides Podem", detalló. 

La revelación de Ibáñez es relevante, pues es, además de portavoz de Iniciativa, asesor de la vicepresidenta valenciana, Aitana Mas. En otros estamentos de Compromís, sin embargo, desconocían hasta este martes que la iniciativa fuera a ponerse ahora sobre la mesa, tal y como reconocieron a EL ESPAÑOL.

Se trata, en cualquier caso, de un asunto abordado en varias ocasiones en el seno de la formación, que comparte la reflexión trasladada por Ibáñez. En Compromís abogan por "acabar con las subvenciones a fondo perdido para empresas con ánimo de lucro".

No se niegan a financiar a estas firmas "por interés público", pero sí consideran que la Generalitat "debería tener una contrapartida", y citan como ejemplo la presencia del Gobierno de España en la banca rescatada a través del FROB o la del Estado francés en sus grandes fabricantes de automóviles.

Además de Ford, Compromís pone la lupa sobre las ayudas públicas recibidas por otras compañías valencianas como Air Nostrum o Marie Claire, según desglosaron fuentes de la coalición.

Más Patrimonio

La propuesta de entrar a formar parte del accionariado de las grandes empresas es el segundo contratiempo para Puig de los últimos días. La coalición nacionalista también acaba de revelar sus dos exigencias para sacar adelante la rebaja fiscal del socialista.

Por un lado, que la reducción del IRPF sea para rentas inferiores a los 50.000 euros brutos anuales, y no de 60.000 como propone el presidente valenciano. Por otro, solicita una subida por dos años del Impuesto de Patrimonio para convertirlo en el más alto de España, junto a Extremadura.

La segunda exigencia es la más llamativa. Ximo Puig, en su discurso durante el debate de política general -el más importante del calendario parlamentario en Les Corts-, subrayó que la Generalitat Valenciana no bajará los impuestos a los más ricos. Pero en ningún momento abogó por subírselos, tal y como ahora propone Compromís.

La intención de la formación es, tal y como avanzó este lunes el diario Levante-EMV, que aquellos patrimonios que excedan los 10 millones de euros tengan que hacer frente a un tributo del 3,75%.

Ximo Puig y Aitana Mas, en el Palau de la Generalitat. EE

En la actualidad, el Impuesto de Patrimonio valenciano se encuentra en el 3,5%, y es ya el tercero más alto de todo el país. Pero Compromís aspira a incrementarlo en 0,25 puntos "durante dos ejercicios, tal y como ha hecho Sánchez con el impuesto a las grandes fortunas", según precisan a EL ESPAÑOL.

Por lo que respecta al IRPF, Compromís pide a Ximo Puig que, de entrada, reduzca de 60.000 a 50.000 el máximo de renta bruta anual para acogerse a la rebaja fiscal en el presente ejercicio 2022. "El salario medio valenciano es de algo más de 22.000 euros", le argumentan para defender que su propuesta se excede demasiado. Además, aspiran a que la fórmula anunciada por el presidente valenciano tan solo tenga vigor ese ejercicio.

Para 2023 proponen que entre en vigor la propuesta fiscal elaborada por la Cátedra de Tributación Autonómica a petición de la Generalitat Valenciana. Esta propuesta contempla una mayor progresividad fiscal en IRPF. En la práctica, esto supondría una subida a las rentas más altas, a partir de los 150.000 euros brutos anuales. En definitiva, Compromís pide una doble subida de impuestos y que la rebaja anunciada por Puig no se extienda tanto en las rentas de clase media.

Necesita su voto

La contraoferta de Compromís pone en otro serio aprieto a Ximo Puig, que requiere del apoyo de sus socios (entre los que también se encuentra Unides Podem) para sacar adelante su medida, bien sea en el parlamento si la tramita en la Ley de Medidas de los Presupuestos o en el pleno del Gobierno si lo hace vía Decreto Ley.

Otra opción con la que cuenta Puig es acudir a la oposición, dada la predisposición del centro-derecha a bajar impuestos. El PP ya se ha ofrecido, pero sería la primera vez que el líder socialista busca acuerdos en contra de la opinión de sus socios en un asunto tan relevante.

Lo cierto es que la propuesta de Ximo Puig, que llega a ocho meses de las próximas elecciones autonómicas, tiene un importante componente liberal y arrebata -al menos en parte- la propuesta previa realizada por el líder del PPCV Carlos Mazón. Se trata del primer líder socialista que deflacta el IRPF para hacer frente a la inflación en una modificación fiscal que perdona 50 millones de euros en impuestos a las rentas de entre 30.000 y 60.000 euros brutos anuales.