Temor en el PSOE a que el juez Peinado pida imputar a Sánchez tras tomarle declaración el martes

El temor que ya empieza a germinar en el seno del PSOE es el de la posibilidad "no descartable", según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, de que Sánchez pudiera ser imputado. Es decir, que tras tomarle declaración, el juez Peinado eleve a la Sala de lo Penal del Supremo una exposición razonada para que resuelva si debe ser investigado formalmente el presidente del Gobierno.

"El empresario Barrabés y el rector de la Complutense… En esta causa, parece que entras a declarar como testigo y acabas saliendo como acusado", añade un colaborador de Sánchez.

Si hubo tráfico de influencias, que es uno de los delitos de los que Peinado ha visto "indicios consolidados" para encausar a la mujer del presidente, esas influencias habrían de ser, con mucha probabilidad, con el marido de la acusada. Por eso, el papel de la defensa es complicado.

Sánchez quería declarar por escrito, para ahorrarse la imagen del juez entrando en Moncloa, y porque sería su derecho si estuviera testificando sobre hechos que hubiera conocido en el ejercicio de su responsabilidad.

La causa, al Supremo

Ahora bien, el juez le obliga a prestar testimonio en persona, porque considera que conoció los hechos en tanto que pareja de la acusada, y eso podría jugar a su favor porque alejaría, en principio, la opción de que acabara en el grupo de los investigados.

Pero esa circunstancia no tranquiliza en el PSOE, donde además, y sin querer adelantar acontecimientos, intranquiliza el hecho de que si Sánchez fuera imputado, la causa se trasladaría a la Sala Segunda del Tribunal Supremo: la que juzga a los políticos… y la que preside Manuel Marchena, el magistrado más molesto, junto a Pablo Llarena, para Sánchez y su Gobierno.

La Ley de Amnistía es la culpable de este enfrentamiento, con la interpretación fijada por el Supremo que impide aplicar el olvido penal a los delitos de malversación en el procés. Marchena fue el juez que presidió la vista y Llarena quien instruyó el caso, y quien aún mantiene la orden de detención contra Puigdemont.

Pero no solamente es esta norma —que el Supremo ha recurrido recientemente ante el Tribunal Constitucional—, también la derogación de la sedición y la pretendida rebaja de la malversación en diciembre de 2022.

Elecciones

"Si Peinado pide imputar al presidente, hay que disolver y llamar ya a elecciones", admite una de las fuentes citadas. "No habría más remedio", concluye con resignación.

Otras fuentes cercanas al presidente piden que aguante, ocurra lo que ocurra, convencidas de que es cierto lo que esgrime la Moncloa. Lo de que "en lo de Begoña no hay nada" y que todo es "una persecución de la derecha radical, incapaz de aceptar los resultados del 23-J y sus consecuencias".

Quienes sostienen al presidente en función de los exámenes mensuales a los que lo someten en Suiza también tienen su opinión. Tanto la cúpula provisional de ERC, con Marta Rovira, como la dirección de Junts han hecho llegar su versión de los hechos a Sánchez. "Esto es el lawfare, ahora les toca a ellos tomar su propia medicina", apunta un portavoz de ERC.

"No pudieron parar la Ley de Amnistía y antes no pudieron sacar a Sánchez a través de las urnas", explica un dirigente del partido, "si lo hacen caer en los tribunales, gana la derecha española… sería un golpe de Estado".

Lo que está claro es que el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo está en situación de precariedad parlamentaria, también está amenazado ahora por la vía judicial. Y en el seno del PSOE nadie está seguro siquiera de llegar a cuadrar el círculo que forman la financiación autonómica, los Presupuestos de 2025, la investidura de Salvador Illa en Cataluña y el apoyo de ERC y de Junts, cuyos intereses son opuestos.