La nueva Ley de Secretos permitirá a Cataluña clasificar y desclasificar información policial

De salir adelante en los términos actuales, la futura Ley de Secretos Oficiales ampliará el número de organismos que podrán clasificar ciertos datos, extendiéndolo a ciertas autonomías. Hasta ahora, sólo podía hacerlo el Gobierno central.

Concretamente, la futura norma, de no sufrir cambios en este apartado, permitirá que los Gobiernos de Cataluña y País Vasco —de quienes dependen los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, respectivamente— puedan tanto ocultar como hacer públicos datos que consideren "confidenciales" y "restringidos", dos de las cuatro categorías que la ley contemplará para los secretos oficiales.

Los datos correspondientes a la primera de ellas se desclasificarán, automáticamente, una vez transcurra el plazo marcado por estas autoridades. Y podrá ser de entre siete y diez años, no prorrogables. Lo mismo sucede con la información de carácter "restringido", que se desvelará pasados entre cuatro y seis años, un plazo que tampoco es ampliable.

Por tanto, un conseller de Interior catalán —actualmente, la comunidad está gobernada por el independentismo y el Gobierno central ha retomado el diálogo con Pere Aragonès y está en plenas negociaciones— estará habilitado para restringir el acceso a la información que considere oportuna sobre los Mossos d'Esquadra.

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Y ésta podrá estar hasta diez años, como máximo, oculta al público e, incluso, para los Juzgados. Un organismo judicial, si pretende acceder a ella, debería recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que será quien deba autorizar su consulta.

Además, según reza el artículo 37 del Anteproyecto, únicamente las personas "directamente afectadas por el contenido" o quienes "acrediten un derecho o interés legítimo" podrán recurrir ante el Alto Tribunal para impugnar la clasificación de una información.

Además de los Ejecutivos autonómicos catalán y vasco, otras autoridades podrán restringir al acceso a información considerada "confidencial" o "restringida".

El anteproyecto de ley incluye las siguientes: el presidente del Gobierno central, sus vicepresidentes, los ministros y secretarios de Estado, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el jefe del Estado Mayor del Ejército, el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, los Jefes de Misión Diplomática y de Oficinas Consulares, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, los delegados y subdelegados del Gobierno, los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior encargado de la gestión carcelaria.

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La clasificación y desclasificación de información catalogada con las otras dos categorías que prevé la ley —las de "alto secreto" y "secreto"— corresponderán exclusivamente al Consejo de Ministros. No obstante, durante la tramitación parlamentaria de la ley aún podrían introducirse cambios en el articulado.

Plazo de alegaciones

Por el momento, permanece abierto el periodo de exposición pública, en el que cualquier ciudadano puede presentar alegaciones al texto.

Sin embargo, el Gobierno tan sólo mantendrá abierto este plazo desde el 3 de agosto hasta el próximo 12. Es decir, únicamente, siete días hábiles en pleno verano y con gran parte de las asociaciones dedicadas a la transparencia sin actividad, debido a las vacaciones estivales.

Con esta nueva norma, el Gobierno pretende sustituir la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, una norma aprobada que tan sólo ha sido sometida a modificaciones puntuales durante la etapa democrática.

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, Bildu, uno de los socios más leales del Gobierno, exige al Ejecutivo que la futura norma aborde la desclasificación de información relativa a los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación que, a partir del año 1983, combatieron el terrorismo de ETA con métodos al margen de la legalidad.

Los abertzales renunciaron a apretar las tuercas en ese sentido al Gobierno durante la negociación de la Ley de Memoria Democrática, que dispone la conformación de un "comité técnico" que analice las "vulneraciones de derechos humanos" hasta, precisamente, 1983.