Las residencias quieren exigir el pasaporte Covid a las visitas y apartar al personal no vacunado

Las empresas integradas en esta organización gestionan 150.000 plazas de residencias de ancianos en toda España, además de otros servicios como centros de día, teleasistencia y ayuda domiciliaria.

Los peores momentos de la pandemia han quedado atrás, pero la FED pide nuevos instrumentos legales para proteger a los internos de las residencias, que siguen siendo la población más vulnerable ante cualquier brote de Covid.

Entre otras medidas, la FED reclama reformas legales para exigir el pasaporte Covid a quien visite las residencias y para suspender de sus funciones, hasta el fin de la pandemia, a los profesionales sanitarios y asistenciales que se nieguen a vacunarse.

El presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, recuerda que durante los últimos meses varias Comunidades autónomas han exigido el pasaporte Covid para entrar en una cafetería, comer en un restaurante o incluso para ir a una discoteca.

En cambio, no hay ningún instrumento legal que permita exigir el certificado de vacunación a los familiares o a cualquier otra persona que visita una residencia de ancianos, que constituyen la población de riesgo más frágil ante la pandemia.

Ignacio Fernández-Cid, el presidente de la patronal de las residencias. EL ESPAÑOL

Fernández-Cid recalca que la FED "respeta el derecho de cualquier persona a no vacunarse". Pero su asociación reclama una reforma de la legislación laboral para suspender temporalmente de sus funciones a los profesionales sanitarios y asistenciales que tomen esta decisión personal, con el fin de evitar que pongan en riesgo la vida de las personas vulnerables ingresadas en las residencias o en los centros hospitalarios.

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha visto con enorme preocupación la "campaña de desprestigio" sufrida por las residencias de ancianos, donde el paso de la pandemia adquirió tintes especialmente trágicos durante la primera de 2020. 

La ayuda de la UME

Nadie estaba preparado para una situación tan compleja como la llegada del coronavirus. Tampoco el sistema público de salud, que se vio pronto desbordado, por lo que las comunidades autónomas impidieron que los enfermos de Covid de las residencias fueran derivados a los hospitales. "Pero no nos facilitaron medicamentos para atender a los ancianos", apunta Fernández-Cid.

Las empresas del sector sufrieron como nadie la falta de medios y de equipos de protección para hacer frente a la pandemia. Pero también se encontraron en muchos casos la incomprensión de las Administraciones.

El entonces vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, presidió por videoconferencia el 20 de marzo de 2020 su primera y única reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, para coordinar con las comunidades autónomas la lucha contra el Covid en los servicios asistenciales.

Además de inyectar una partida extraordinaria de 325 millones de euros a los gobiernos regionales (destinada también a garantizar la alimentación de niños de familias vulnerables mientas permanecían cerrados los colegios), su labor se limitó luego a trasladar al Ministerio de Defensa peticiones para que la Unidad Militar de Emergencias (UME) desinfectara decenas de residencias de ancianos.

"Nos requisaron los test"

"Pedimos varias veces una entrevista con el vicepresidente Pablo Iglesias, como responsable de coordinar los servicios asistenciales en toda España, para exponerle los problemas que sufríamos, pero no obtuvimos ninguna respuesta", explica el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

La Federación también echó en falta que Iglesias "visitara alguna residencia de ancianos durante la pandemia para conocer su situación. Habría sido un gesto de apoyo a un sector que estaba sufriendo como ningún otro la llegada del coronavirus". Pero ese gesto nunca se produjo.

La situación se agravó debido a los problemas que sufrían las empresas del sector para comprar test y equipos de protección, en un mercado completamente colapsado. Sobre todo después de que el Gobierno central se arrogara el derecho preferente de estos suministros.

"Los protocolos que nos enviaban las comunidades autónomas indicaban que si un anciano presentaba síntomas debíamos hacerle el test de Covid", explica Fernández-Cid, "compramos una partida de 20.000 test, pero quedó requisada por el Gobierno en el puerto de Barcelona".

 "Medicalizar" las residencias

Más tarde, algunas comunidades autónomas comenzaron a suministrar test y EPIs a las residencias, aunque la situación general fue de "desabastecimiento". 

Sólo 24 horas antes de presidir la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, el vicepresidente Pablo Iglesias lanzó la idea de "medicalizar" las residencias de ancianos, para atajar la grave situación causada por la pandemia. Pero el sector nunca tuvo claro a qué aludía con esta fórmula.

"Las residencias de ancianos son hogares", señala el presidente de la FED, "en los que estamos preparados para tratar la cronicidad de los mayores". En función de su número de plazas, cuentan con personal de enfermería y de medicina (generalmente un geriatra, internista o médico de familia).

Pero "las residencias no son hospitales", recuerda Fernández-Cid, "no tenemos equipos de diagnóstico ni de respiración, resultaría inviable. Tampoco lo tienen los centros de atención primaria, que derivan a los hospitales a los pacientes que necesitan esos medios".

El modelo de Belarra

La FED sí reclama una mayor coordinación con el sistema público de salud, que el médico de la residencia pueda acceder a los historiales de los internos (siempre con la autorización del anciano) y la creación de unidades sanitarias de atención específica, dotadas con geriatras, que den apoyo a las residencias de su zona.

Quedaron atrás los momentos más dolorosos y ahora el proceso de vacunación ha resultado mucho más ágil. Las residencias que cuentan con personal de enfermería se han encargado de inocular las dosis suministradas.

La Federación negocia ahora con el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, el borrador del nuevo sistema de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Pero el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, advierte que algunas propuestas planteadas por el Ministerio denotan "falta de conocimiento" de la realidad del sector, en el que conviven desde las pequeñas residencias de pueblo o de barrio, con un ambiente más familiar, a los centros de mayores dimensiones, dotados con más servicios para sus internos.

Frenar las inversiones

Según el último borrador remitido, el Ministerio quiere que las nuevas residencias de ancianos que se construyan tengan como máximo 90 plazas, divididas en unidades de convivencia de no más de 15 internos, con al menos el 65% de las habitaciones individuales. 

Las residencias que tengan más de 30 plazas (es decir, prácticamente todas) deberán contar con personal sanitario. Desde la entrada en vigor de la norma, los centros existentes que superen la capacidad prevista tendrán un plazo de cinco meses para presentar un plan de adaptación, de modo que queden divididas en unidades independientes de no más de 90 plazas.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Fernández-Cid advierte que la fórmula propuesta hace inviable la actividad del sector y provoca una enorme inseguridad jurídica que frenará las nuevas inversiones. En este momento hay 38.500 plazas de nuevas residencias en construcción.

Como alternativa, la FED pide que no se limite la capacidad de las nuevas residencias, aunque vería bien que estas queden divididas en unidades de convivencia de no más de 50 plazas, con servicios comunes, como ya ocurre en buena parte de los centros más modernos.

Libre elección de centro

"Si queremos dignificar el sector, comencemos por financiarlo mejor", señala el presidente de la FED: cada plaza en una residencia pública cuesta 170 euros al día, mientras que la Administración sólo dedica 54 euros al día a cada plaza en las residencias concertada.

El departamento que dirige Ione Belarra pretende cerrar la negociación en el plazo de una semana para que, una vez el texto sea ratificado por las comunidades autónomas, entre en vigor en 2023.

La Federación reclama que el nuevo modelo asistencial impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales permita a los usuarios que decidan libremente a qué residencia desean acudir, ya sea pública o privada. En España hay actualmente 100.000 plazas públicas de residencias de ancianos y 285.000 privadas, lo que supone sólo el 4,2% de la población mayor de 65 años, en un país cada vez más envejecido por el aumento de la esperanza de vida.