Todas las claves de la definitiva Ley del 'sólo sí es sí': menos adjetivos pero el mismo problema

Tras más de un año de revisión y cambios, hoy llega al Consejo de Ministros el proyecto estrella de Unidas Podemos y su ministra de Igualdad, Irene Montero: la Ley de Libertad Sexual, también conocida como Ley del "sólo sí es sí". 

Han sido meses de hacer y deshacer tras los problemas jurídicos que se originaron con la primera redacción, que tuvo que retirar Igualdad del circuito interno del Consejo de Ministros. Ahora sí, el texto ha sido aprobado por el ala socialista del Ejecutivo y en orden para su aprobación; aunque se ha modificado la redacción encierra los mismo problemas. 

El proyecto sale adelante una semana después de aprobarse la tramitación de la Ley Trans-LGTBI. Con la tramitación de ambas normas se manifestaron y exacerbaron las tensiones entre socialistas y Podemos. 

El texto original de la ley que redactó el departamento de Irene Montero decía: "Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto".

Ahora, en la nueva redacción, se suprimen adjetivos y carga enfática y se indica simplemente que habrá delito cuando no haya consentimiento de la víctima. Desde el punto de vista jurídico, los problemas para determinar si ha habido un delito sexual serán los mismos que antes: la existencia de pruebas y no el mero testimonio, como parecía querer dar a entender la anterior redacción de la norma.

¿Cuáles son los antecedentes? 

El anteproyecto de ley fue presentado coincidiendo con el 8-M, el Día Internacional de la Mujer del pasado 2020.

La nueva norma surge a raíz de la demanda de numerosos colectivos feministas. Hechos como la violación de la Manada en los Sanfermines de 2016, pusieron el debate del consentimiento de las relaciones sexuales encima de la mesa, con movimientos como el del "hermana yo sí te creo". 

Diferencias entre Ministerios

La Ley inició su tramitación envuelta en polémica, por diferencias entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el Ministerio de Justicia. Al ser una ley integral, el texto toca competencias de varios ministerios. 

El proyecto presentado por el equipo de Montero en marzo del año pasado presentaba numerosas lagunas y contradicciones jurídicas, motivo que alegó Calvo para rechazarlo, de la mano de Justicia. Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno entonces, llamó "machista frustrado" al ministro Juan Carlos Campo por las críticas jurídicas al borrador de la Ley. El ministro veía difícil encaje jurídico al "consentimiento expreso"... el sólo sí es sí.

Escollos jurídicos 

El Consejo Fiscal propuso una nueva redacción de este punto, cambiando el enfoque "en negativo" por otro "en positivo". Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opuso a la norma de plano y aprobó el dictamen por unanimidad. Este informe, no vinculante, llegó tras cuatro meses de deliberación del órgano.

La ministra de Igualdad ya anunció que la ley saldría adelante pese a que el informe del CGPJ no fuese favorable: "Será ley". 

Qué cambia la ley

El núcleo de la ley, que le da el nombre coloquial con la que se le conoce, es el consentimiento. Hasta ahora, no estaba definido explícitamente qué es un "consentimiento expreso", que sólo sí es sí.

Además, la norma elimina los abusos sexuales del Código Penal, y toda acción sin consentimiento pasa a ser agresión, en diferentes grados. "Las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia", explican fuentes del Ministerio de Igualdad. 

Además, se introducen nuevos delitos en el Código Penal, junto a modificaciones de las sanciones ya existentes. Como explicó la ministra Montero en la presentación de la ley en 2020: "Se consideran violencias machistas muchas cosas que no se consideraban."

Más novedades 

Otra de las novedades introducidas será la lucha contra la prostitución por la vía de prohibir todo tipo de proxenetismo. Éste es otro asunto polémico entre el feminismo del PSOE y el de Podemos. Irene Montero es una declarada "abolicionista", y en el socialismo tradicional conviven esta visión y la reguladora. 

Los proxenetas y los traficantes de seres humanos serán perseguidos para "erradicar toda forma de explotación sexual, terminando con la impunidad de la industria del sexo". Se incorpora la penalización de la "tercería locativa", una figura jurídica que hace referencia al lugar público o privado en el que una persona es prostituida. 

Se articula también cómo acabar con la revictimización, acompañando a las mujeres que han sufrido una violencia sexual. Esto se conseguirá incluyendo la posibilidad de declarar en salas especiales, para así evitar el contacto visual con el presunto agresor. 

Cuándo entrará vigor

Tras la aprobación de la Ley, el texto se trasladará al Congreso, donde será debatida su tramitación por los grupos, previsiblemente, a partir de septiembre. Fuentes socialistas defienden la norma, a pesar del boicoteo mantenido hasta ahora: "Ahora es la ley del Gobierno", pero no garantizan que vaya a mantenerse la unidad de voto en las posibles enmiendas que quiera introducir Unidas Podemos en el trámite parlamentario.