José Manuel Maza, la valentía de un hombre de ley
El 30 de octubre de 2017, un juez del Tribunal Supremo con 33 años de oficio a sus espaldas, nombrado apenas 11 meses antes fiscal general del Estado, ponía su firma en un escrito que jamás imaginó: una querella por rebelión contra los dirigentes políticos catalanes promotores de la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre anterior.
La acción penal de Maza (en origen, dos querellas: una contra el Gobierno presidido por Carles Puigdemont y otra contra la presidenta y miembros de la Mesa del Parlament) ha dado lugar a uno de los procesos judiciales más trascendentes de la historia de la democracia y del que se puede afirmar, sin temor a exagerar, que condicionará el devenir de España.
José Manuel Maza, que aceptó el cargo de fiscal general porque creía que iba a poder contribuir a sentar las bases del proceso penal moderno con una reforma que diera a los fiscales la dirección de la investigación de los delitos, se encontró con el tsunami independentista y le hizo frente con decisión y firmeza, tal como prometió ante el rey y el pleno del Tribunal Supremo en la solemne apertura del año judicial el 5 de septiembre de 2017.
Muchos magistrados que le escucharon entonces recordaron dos meses después, cuando la muerte le sorprendió en Buenos Aires (Argentina) representando a España en una cumbre de fiscales iberoamericanos, que la tensión y las presiones acumuladas, especialmente las derivadas de la crisis catalana, no fueron ajenas a su estado de salud y a esa infección renal que acabó con su vida.
Maza (Madrid, 1951), no quiso suspender el viaje trasatlántico pese a que ya antes de partir no se encontraba bien y tenía fiebre. Dejó pendiente una discusión son sus fiscales sobre la procedencia de acumular en el Tribunal Supremo los dos procedimientos penales relacionados con el desafío soberanista, acumulación que acabaría produciéndose. Aunque él ya no dirija la posición del Ministerio Público, dejó sentadas las bases para el desarrollo de una causa histórica que decidió promover por rebelión, sin conformarse con la sedición, pese a la incertidumbre que genera la falta de precedentes jurídicos (sólo existe la sentencia del 23-F y es por rebelión militar).
En esas críticas semanas, José Manuel Maza no sólo abordó la crisis catalana con valentía jurídica sino también con la independencia propia de un juez que nunca dejó de serlo. Recibió, tanto desde el Gobierno como de la oposición, reiteradas sugerencias sobre cuál debía ser la posición de la Fiscalía sobre la prisión de los querellados, tan temida por sus consecuencias políticas. Siempre respondió lo mismo: "Yo soy un jurista. Haced vosotros vuestro trabajo. El mío es velar por el prestigio de la Fiscalía y aplicar la ley".