La Generalitat de Cataluña, con Artur Mas como presidente, creó una red para amañar contratos públicos de forma sistemática y entregar así hasta 500 millones de euros en cinco años (2011-2015). Parte de esos contratos, según las pruebas a las que ha podido acceder EL ESPAÑOL, fueron manipulados tras la intercesión directa de altos cargos y miembros del Ejecutivo catalán, con el exconseller de Justicia Germà Gordó como correa de transmisión y con el tesorero de Convergència Andreu Viloca a la cabeza. Muchos de esos contratos fueron repartidos a empresas afines que financiaron después a Convergència con fuertes cantidades de dinero.
La documentación que hoy presenta EL ESPAÑOL supone la primera entrega de una investigación periodística desarrollada desde noviembre de 2015, y pone al descubierto la mayor filtración de documentos de una Administración autonómica.
EL ESPAÑOL ha podido acceder a documentación confidencial del Gobierno de Artur Mas, a todos los expedientes de las obras públicas licitadas desde 2011, a los informes de valoración que nunca se incluyeron en dichos expedientes y a comunicaciones internas de todos los funcionarios, altos cargos y responsables políticos que participaron en la toma de decisiones. En total, casi 2.000 gigas de información que suponen más de 113.400 imágenes, 36.500 archivos de texto, 23.520 archivos pdf y 364.980 correos electrónicos que confirman el saqueo sistemático de las arcas catalanas en favor de unos pocos.
Esquema de las vinculaciones entre miembros del Govern y las empresas concesionarias.
La conclusión del análisis de toda esa documentación es clara: tras su llegada a la Presidencia en 2011, Artur Mas y sus altos cargos crearon un sistema opaco capaz de burlar todos los controles de la Administración. Y con ello, entregaron a dedo obras millonarias en un momento delicado. Mientras la Administración rozaba la quiebra, sus gestores engordaban tanto las arcas del partido como las de algunos colaboradores.
Además, se utilizaron las empresas públicas de la Generalitat como una oficina de colocación para militantes de Convergència, y cuando estalló el escándalo del 3%, altos cargos de la Generalitat intentaron acallar las críticas ocultando informes internos que ahora desvela EL ESPAÑOL.
El silencio de Mas
Era jueves 30 de junio de 2011 cuando Artur Mas recibió el correo de su amigo y colaborador Blai Serena. "Querido Presidente: Ahora que ha comenzado un proceso de concursos en GISA [la empresa pública que reparte los contratos de obra en Cataluña], quiero contarte cuál ha sido la realidad del periodo 2004/2010, es decir, quién ha disfrutado de las preferencias del tripartito".
Cinco meses antes, Mas había llegado a la Presidencia de la Generalitat tras años de un gobierno de coalición formado por PSOE, Esquerra Republicana e Iniciativa, que para el nuevo president y los suyos pecaba de ser poco nacionalista. "Pienso que debemos tener memoria. Tú decidirás cuánta quieres tener", le recuerda al nuevo presidente su colaborador, antes de enumerar las empresas que, a su juicio, han obtenido sin merecerlo concursos públicos en Cataluña.
"Ayesa, con sede en Sevilla, aterrizó en nuestra casa en 2004 y ha crecido como una seta. Su principal activo ha sido el PSOE, hasta el punto de impedir el paso a ingenierías catalanas a la hora de participar en concursos internacionales. Por ejemplo, un pacto Chaves-Montilla impidió que ninguna ingeniería catalana pudiese presentarse al proyecto del metro de Panamá", apunta Serena.
Artur Mas no movió un dedo. Nunca denunció el caso en la Fiscalía ni abrió una investigación interna tras su llegada a la Presidencia para garantizar que empresas como Ineco, Grecat o Euroconsult obtuvieron sus contratos de forma legítima. Ni siquiera cuando uno de sus altos cargos reconoce al conseller de Economía Andreu Mas-Colell -en un escrito sin sello oficial y remitido a la cuenta de su secretaria- que el sector está acostumbrado a la "política de reparto de trabajo efectuada hasta ahora por la Administración catalana". Es decir, que no siempre era la mejor oferta la que ganaba el contrato, sino que los fondos se repartían a discreción en una práctica conocida y prolongada a lo largo de los años a costa del dinero del contribuyente.
DOCUMENTO Nº 1. Extracto de la comunicación interna que el presidente de GISA envía al consejero de Economía y que prueba el sistema de reparto de contratos.
Cónclave secreto de empresas catalanas
El Ejecutivo de Mas evitó cualquier pesquisa sobre los años del tripartito. Y para garantizar el catalanismo de GISA -la agencia encargada de repartir el maná público de las adjudicaciones-, el Govern nombró como presidente al ingeniero de caminos Joan Lluís Quer, hombre de confianza de Mas. A la semana de acceder al cargo, Quer organizó una reunión con el "núcleo duro del sector" a la que sólo podían acudir empresarios catalanes.
Fue una cena secreta, tal y como demuestra la documentación aquí recogida. Se organizó desde un correo externo a la red de la Generalitat y estaba vetada a empresas no catalanas. "No querría ningún follón al respecto y la mínima publicidad a ser posible", explicaba el máximo responsable de la contratación de obra pública en Cataluña. Y sus deseos se cumplieron, a juzgar por el listado de los convocados.
DOCUMENTO Nº2. Listado de los asistentes a la reunión confidencial organizada por Joan Lluís Quer, que aparece en un correo electrónico en poder de EL ESPAÑOL.
Fue Joan Lluís Quer quien decidió en 2011 aprobar la creación de la OTA, o lo que es lo mismo, el engranaje sobre el que pivota el sistema de amaño de contratos en la Administración catalana. Sobre el papel, la Oficina Técnica de Adjudicaciones era un mecanismo pensado para revisar las valoraciones de los técnicos y evitar que estos fueran comprados por las constructoras. Con el argumento de dar garantías a la contratación, en realidad se creó un sistema para modificar cualquier licitación al antojo de los líderes de Convergència.
Tal y como acredita la documentación en poder de EL ESPAÑOL, desde esta oficina se cambiaron puntuaciones para beneficiar a constructoras que estaban en realidad hasta 40 puestos por debajo, facilitándoles así ganar un contrato. Por delante de ellas había competidores cuya oferta era más ventajosa para la Generalitat, tal y como demostrará EL ESPAÑOL en los próximos días. Se descartó entonces a 39 empresas más baratas para el bolsillo del contribuyente.
La manipulación política de estas licitaciones fue reconocida incluso por el máximo responsable de la Oficina Técnica de Adjudicaciones, Jaume Cortasa. En una declaración jurada cuyo original se reproduce bajo estas líneas, Cortasa admite con su firma que el director general de Infraestructuras, Josep Antoni Rosell, le pedía "variar la puntuación técnica de las licitaciones de manera que la mejor valoración fuese la de un determinado licitador". Es decir: se le solicitaba manipular los resultados del concurso para que ganase la empresa elegida por el alto cargo de Artur Mas.
DOCUMENTO Nº 3. Acta de la reunión de la dirección de Infraestructures en la que Jaume Cortasa reconoce los amaños.
Una empresa para todos los amaños
Técnicos falseando puntuaciones, reuniones secretas con empresas afines, políticos intermediando para empresas privadas... Pero la llegada de Artur Mas a la Presidencia tuvo además otro resultado: la concentración de poder en las figuras de Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell al frente de las licitaciones públicas.
En mayo de 2012, la empresa pública Gerencia de Infraestructuras (GISA) se fusionó con otras dos entidades públicas, llamadas Regs de Catalunya y Regs del Sistema Segarra-Garrigues. Nació así Infraestructures, el gigante de la licitación pública en Cataluña. Y con esa operación, todos los contratos que antes eran revisados por otro equipos de funcionarios, comenzaron a visarse también con el sistema que facilitaba los amaños controlado desde la OTA.
¿Quién ideó esta medida? ¿Quién centralizó las licitaciones en un sólo sistema? Gordó y el equipo de Artur Mas en una estrategia meditada. El 9 de marzo de 2011, el secretario del Govern recibió un correo desde GISA. En él, el máximo responsable le empresa pública le recuerda que "uno de los puntos fuertes" de GISA "es que la Generalitat dispone de una buena máquina de licitación, auditada y controlada por todos los organismos existentes". "Creo que eso ha de ser motivo para concentrar en la medida que lo creas oportuno estas labores, como me has manifestado siempre", añade. Y así se hizo.
A partir de 2012, la Generalitat multiplicó de forma exponencial la cantidad de dinero que pasaba por las licitaciones de GISA. Y después, de Infraestructures. En 2011, con España en plena crisis, el organismo otorgó 31 millones de euros en obras principales. En 2012 la cuantía saltó a 98. Fueron 157 millones de euros en 2014 y 176 en 2015.
El volumen de las licitaciones se multiplicó por cinco desde que la Generalitat fusionó sus empresas públicas. El año de esa fusión (2012) fue también el año en el que la fundación de Convergència recibió más fondos de donantes vinculados a la construcción: 1,2 millones de euros según sus propias cuentas.
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Sin embargo, el papel de Gordó no era sólo el de señalar a determinados empresarios para que fueran recibidos u organizar la nueva estructura societaria de la empresa pública. Mientras fue el hombre fuerte del gobierno catalán, recibió cada mes un ranking con las empresas que más dinero y contratos se habían llevado de la Administración catalana. Se trata de una hoja de Excel que era actualizada cada treinta días y que se suministraba también a todos los miembros del consejo de GISA.
Ese listado no informaba de los criterios de eficiencia en la ejecución de las obras; se limitaba a ordenar las empresas en función del porcentaje de la tarta que se habían repartido. Las primeras compañías de ese ranking eran habitualmente Emte o Copisa, dos firmas investigadas desde 2015 en la trama del 3%.
Contratos con la Administración al borde de la quiebra
Desde la llegada de Convergència al poder en diciembre de 2011 fue Gordó quien alentó a los directivos de GISA para que licitaran obra pública, pese a la ausencia manifiesta de fondos y el riesgo evidente para las arcas de la Generalitat y, por ende, del Estado. "Este año no sacaremos nada nuevo. No hace falta que te diga cómo están las cosas", escribía el presidente de la empresa pública el 15 de marzo de 2011 tras recibir otra petición del conseller Puig para recibir a una empresa de ingeniería.
Ese mismo día Gordó recibió un listado completo de las obras "adjudicadas y no iniciadas" por GISA. Es decir, las obras comprometidas pero paralizadas por falta de fondos. "Ya ves que el tema es preocupante. Así que antes de pensar en sacar cosas nuevas, tendríamos que ver si damos salida primero a éstas", le explican desde la cúpula de la empresa pública.
Pese a ello, Gordó y Quer apostaron por dar un nuevo impulso a las contrataciones, un plan extraordinario de equipamientos públicos de cuya importancia convencieron al conseller de Economía. Así, solo un mes después de que Quer anunciara la ausencia de contratos para 2011, Gordó recibe el primer aviso desde GISA para cambiar de criterio; arrancan de nuevo las licitaciones: "Buenas tardes Germà. Te adjunto la primera relación de actuaciones que estaríamos en condición de licitar en julio". "Ok. Vamos poco a poco para no generar turbulencias. Economía lo está digiriendo bien", contesta Gordó, preocupado por las reticencias de su compañero Andreu Mas-Colell.
El 7 de octubre de 2011, Gordó explica que ha hablado con Artur Más y que han decidido "llevar adelante todo el proceso de los 500 millones de euros de licitación". La contestación de Joan Lluís Quer no deja lugar a dudas: "En septiembre dejamos de pagar 12 millones de euros en certificaciones por temas de tesorería, generando un gran follón en el mercado. No sé si tiene mucho sentido continuar haciendo gasto en obras sabiendo que no podemos atender a los pagos".
DOCUMENTO Nº 4. Correo por el que Gordó comunica a Quer que Artur Mas está conforme con licitar obra por valor de 500 millones de euros.
DOCUMENTO Nº 5. Documento en el que el presidente de GISA advierte a Gordó de que no hay dinero para licitaciones y que están teniendo impagos.
Los manejos de Viloca
Si no había dinero para licitar obras, si era perjudicial para la Generalitat y malo para el sector, ¿por qué tanta prisa en abrir concursos públicos? Sobre el papel, la intención del equipo de Artur Mas era regar con fondos de la Administración un sector asfixiado por la crisis y garantizar así la supervivencia de las constructoras y las empresas de ingeniería catalanas. Sin embargo, de forma soterrada y paralela, el Govern había arrancado un proceso mucho más oscuro.
El 13 de mayo de 2011, mientras Gordó urgía a la empresa pública para que licitara contratos pese a carecer de fondos con los que costearlos, el tesorero de Convergència, Andreu Viloca, se reunía con dos empresarios en la sede de CDC. Según los datos de la agenda personal del tesorero, uno de ellos era Sergio Lerma, responsable de la empresa Oproler, y el otro, Jordi Soler, directivo de la constructora Grupo Soler. Según la documentación incautada por la Guardia Civil, ambos estaban interesados en un concurso de 5,3 millones de euros, una licitación para construir un colegio en Mataró.
El 28 de septiembre de 2011 GISA anunció, contra todo pronóstico y pese a una evidente asfixia financiera, la apertura del concurso público para ese colegio. El 6 de octubre de 2011, tras varias reuniones con los constructores, la agenda de Viloca registra la siguiente frase: "Llamar a Rosell, de Gisa". Se trata del mismo Rosell señalado por Jaume Cortasa como la persona que le daba las instrucciones para manipular contratos a la OTA.
DOCUMENTO Nº 6. El tesorero del CDC, Andreu Viloca, reunido con el director de Infraestructures en una imagen incluida en un informe de la Guardia Civil.
El 7 de octubre, 24 horas después y el mismo día que Viloca se reúne de nuevo con Sergio Lerma, se envía un correo en el que Gordó asegura que el presidente ha dado el visto bueno para licitar 500 millones de euros. El 22 de diciembre de 2011, una filial del Grupo Soler llamada Electrónicas Soler ingresa un cheque a Catdem, la fundación de Convergència, por valor de 50.000 euros. Dos meses después, el 14 de febrero de 2012, GISA adjudica el contrato a ambas empresas (Oproler y el Grupo Soler), que concurrieron juntas.
Esta línea temporal de presiones, visitas y adjudicaciones se repite al menos en otros seis casos investigados ya por la Justicia. En otro de los contratos investigados, concedido a Tec-4, la licitación se anuncia dos semanas después de los correos de Gordó. En este caso, la Guardia Civil constata una nueva reunión entre el tesorero de Convergència y el director general de GISA, esta vez el 12 de marzo de 2012.
En la obra concedida a Teyco, otra de las constructoras investigadas, la licitación del contrato analizado por la Justicia arranca el 3 de noviembre de 2011. Un día antes se anuncia oficialmente otra licitación investigada, esta vez para la empresa Copisa. En este caso, y según los datos que maneja la Justicia, los empresarios abonaron en dos tandas otros 50.000 euros al partido de Artur Mas y Carles Puigdemont.
