Manifestantes de CSIF Castilla y León este jueves en Valladolid
CSIF convoca movilizaciones en Castilla y León para reclamar mejoras laborales de los empleados públicos
- Aseguran que cobran de media "8.000 euros menos que los empleados del resto de administraciones por el mismo puesto".
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado movilizaciones en toda España en protesta por el bloqueo en la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a empleados públicos en diversos ámbitos.
Lamentan que, desde que se constituyó el Gobierno en noviembre de 2023, "aún no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas". Por esta razón, anuncian las "inminentes" concentraciones frente al Ministerio de Hacienda y subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias.
Estas se llevarán a cabo los próximos 11 de noviembre y 16 de diciembre en las subdelegaciones de Castilla y León. Asimismo, no descartan nuevas medidas "más contundentes si el Gobierno no reacciona".
En este sentido, entienden que se deben abordar varias cuestiones hasta final de año. Entre ellas, la negociación de un nuevo acuerdo salarial; así como la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
Además de la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición. También el balance y culminación del plan de estabilización de plazas de personal interino.
Así como la jornada laboral de 35 horas e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones y teletrabajo. Por otro lado, la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
La mejora de las condiciones de jubilación y garantías de la continuidad de atención sanitaria con el mutualismo administrativo.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, manifestó la preocupación del sindicato ante la “incapacidad” del Gobierno para alcanzar un acuerdo de financiación y en materia de Presupuestos, que permitan poner en marcha las reformas que necesitan las administraciones públicas.
Esta última administración acumula un déficit de 43.000 plazas correspondientes al periodo 2010-2020 y el 60 por ciento de la plantilla se jubilará a lo largo de los próximos diez años.