Un año frenético para Castilla y León desde la convocatoria anticipada de elecciones

La vida política de Castilla y León dio un giro de 360 grados hace justo un año. El 20 de diciembre de 2021, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, hizo saltar por los aires su acuerdo de Gobierno con Ciudadanos –en virtud del cual gobernaba desde julio de 2019– y convocó elecciones anticipadas para el 13 de febrero de 2022. Se acababan así tres años y medio de una tensa convivencia con la formación liberal que terminó de deteriorarse tras la pandemia.

En aquel momento, PP y Ciudadanos se encontraban negociando los presupuestos autonómicos y Mañueco encontró en las cuentas públicas la excusa perfecta para dinamitar el pacto. El presidente de la Junta acusó a los liberales de estar negociando con el partido Por Ávila a sus espaldas y les acusó de "deslealtad". Además, dejó entrever que Ciudadanos y el PSOE estaban negociando una posible moción de censura como la producida en marzo en Murcia, una excusa que también había utilizado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para romper su Gobierno con Ignacio Aguado.

Con todo, detrás de la decisión se encontraban también motivaciones de índole nacional. El entonces presidente del PP, Pablo Casado, vio en Castilla y León la oportunidad de apuntarse un tanto ante la creciente popularidad de Isabel Díaz Ayuso, que cada vez le hacía más sombra entre los votantes de centroderecha. Casado esperaba que Mañueco lograse una mayoría amplia pero el tiro le salió por la culata. El presidente de la Junta se vio abocado a incluir a Vox por vez primera en un Gobierno y Casado terminó siendo apartado como presidente del PP tras una cruenta guerra interna con la líder madrileña.

Elecciones anticipadas y primer Gobierno con Vox

Las elecciones del 13 de febrero arrojaron unos resultados decepcionantes para un PPCyL que quería repetir lo sucedido en la Comunidad de Madrid en mayo del año anterior, cuando Isabel Díaz Ayuso devoró a Ciudadanos y contuvo el ascenso de Vox. Por el contrario, en Castilla y León, el PP sacó su peor resultado en porcentaje de votos de la historia y tan solo subió dos escaños, de 29 a 31. Ciudadanos consiguió mantener un procurador, el exvicepresidente Francisco Igea, y Vox irrumpió con fuerza con 13 procuradores.

La aritmética parlamentaria obligó a Mañueco a echarse en brazos de Vox, capitaneado en la región por el joven abogado burgalés Juan García-Gallardo, mientras Casado era defenestrado como líder del PP tras su guerra interna con Ayuso y el nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo, daba luz verde al presidente de la Junta para pactar libremente. Así pues, el 10 de marzo de 2022, antes de la sesión constitutiva de las Cortes, Mañueco y Gallardo anunciaban su acuerdo en base a un documento en el que Vox logró imponer gran parte de sus medidas estrella en cuestiones como la violencia intrafamiliar, la memoria histórica o la inmigración.

El día 11 de abril, finalmente, Alfonso Fernández Mañueco era investido como presidente de la Junta con los votos de PP y Vox, consagrándose la inclusión del partido de Santiago Abascal por primera vez en un Gobierno en sus ocho años de historia. Un Gobierno que colocó a Castilla y León en el centro del foco mediático y que, desde entonces, comenzó a marcar las agendas de los partidos a nivel nacional.

El PSOE comenzó a utilizar recurrentemente el pacto en la Comunidad para vertir sus ataques al nuevo líder del PP para el que el acuerdo de Castilla y León, a pesar de haberlo tolerado, siempre fue un elemento incómodo. De hecho, Feijóo no acudió a la toma de posesión de Mañueco en la que si que estuvieron presentes la líder madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el dirigente de Vox, Santiago Abascal, un hecho cargado de simbolismo político.

Mañueco se adapta a Vox y se crean los dos bloques antagónicos

Los puntos del pacto de Gobierno ya mostraban de forma clara que Vox había logrado imponerse en las negociaciones. En aquel acuerdo se hablaba de reconciliación entre españoles, de violencia intrafamiliar o de inmigración ordenada, entre otros aspectos. Una adaptación del PP a Vox que se mostró con claridad en el discurso de Mañueco durante su toma de posesión, en el que habló de violencia intrafamiliar, inmigración ordenada, concordia y defendió que el sistema educativo estaría libre de "adoctrinamiento ideológico".

Además, desde aquel primer pleno de las Cortes comenzó a vislumbrarse la que sería la tónica dominante desde entonces en la Cámara. El acuerdo entre PP y Vox configuró dos bloques antagónicos y la tensión en la Cámara -especialmente entre Vox y los grupos de la oposición: PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos- comenzó a acrecentarse, con cada vez más excesos verbales, tensiones y bronca en unas Cortes tradicionalmente tranquilas.

El 23 de abril, Día de Villalar, llegaría la primera fricción entre los socios. El presidente de la Cámara, Carlos Pollán, decidió no acudir a la fiesta rompiendo con una tradición de décadas y el vicepresidente Gallardo aseguró que había sido "secuestrada por la izquierda". Por el contrario, el PP, acostumbrado a mantener un perfil institucional tras 35 años en el Gobierno, participó con normalidad en aquellos actos.

Noelia Frutos y la dimisión del gerente del Ecyl

En el mes de mayo, se dio el estreno de los consejeros en la Cámara y destacó especialmente el duro discurso del titular de Industria, Mariano Veganzones, que habló de la necesidad de "hacer frente al comunismo", un mantra muy presente en todas sus intervenciones desde entonces.

Además, en el pleno del 24 de mayo, el vicepresidente mantuvo un duro envite con la procuradora socialista con discapacidad Noelia Frutos, a quien aseguró que iba a tratar "como si fuera una persona como todas las demás". Unas declaraciones que incomodaron a muchos dirigentes populares, que censuraron las palabras del vicepresidente. "Me sorprende el uso del exabrupto como arma política", llegó a afirmar presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

La siguiente polémica llegaría solo dos semanas después. El 6 de junio dimitió el gerente del Ecyl, Javier Moreno, que había sido propuesto por Vox y que llevaba poco más de 10 días en el cargo, después de conocerse que era socio de la empresa Data Consulting, organizadora de unos cursos de igualdad en Valladolid que habían sido denunciados por Vox esa misma mañana en el Ayuntamiento. La formación se desvinculó desde un inicio del dimitido Moreno y su portavoz aseguró que desconocían que el exgerente del Ecyl fuese el organizador de esos cursos.

La violencia intrafamiliar y el 'hachazo' a sindicatos y patronal

Uno de los temas predilectos de Vox, la violencia intrafamiliar, condujo al siguiente choque entre PP y Vox. Después del asesinato de una mujer a manos de su pareja en Soria, el 9 de junio, Gallardo señaló, después del minuto de silencio por la víctima, que la Junta recordaría desde ese momento "a todas las víctimas de la violencia intrafamiliar, sin distinción de género ni parentesco". Una pretensión que se cumpliría después del asesinato semanas después de un hombre en León a manos de su pareja. El vicepresidente convocó un minuto de silencio por el hombre y los consejeros del PP y el presidente Mañueco decidieron no participar en el mismo.

El 13 de junio estallaría una de las grandes polémicas del año. Gallardo y el consejero de Industria, Mariano Veganzones, presentaron un catálogo de medidas de reducción de subvenciones a sindicatos y patronal por un total de más de 20 millones, el 50% de las que reciben. Las organizaciones afectadas se mostraron desde un inicio muy contrariadas por la medida y el PP prefirió echar balones fuera. De hecho, los dirigentes de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT en la región llegaron a asegurar que Mañueco les había asegurado que se trataba de "una iniciativa en exclusiva de Vox" y que aún no había sido aprobada.

La oposición acusó a la formación de García-Gallardo de usar el anuncio de esta iniciativa como una herramienta electoral para los comicios andaluces, que habían sido convocados a finales de esa semana, una herramienta que no serviría de mucho ya que la formación quedaría muy por debajo de sus expectativas mientras que el PP de Juan Manuel Moreno lograba una sólida mayoría absoluta. De esta manera, el pacto de Castilla y León seguía siendo la excepción en España y se tornaba cada vez más incómodo para un Feijóo que puso al victorioso Moreno como ejemplo de "moderación" poco después de conocerse los resultados andaluces.

La "hipersexualización de la sociedad" y la polémica por el Orgullo

Un verano marcado por los incendios

Los meses de verano, con la actividad parlamentaria parada desde el 30 de junio, estuvieron marcados por los terribles incendios que asolaron la Comunidad, arrasando más de 90.000 hectáreas y dejando tres fallecidos. Especialmente virulentos fueron los fuegos en la provincia de Zamora, en la zona de la Sierra de la Culebra y en Losacio, en las que miles de personas se vieron afectadas por las consecuencias económicas y personales de los incendios.

La oposición comenzó desde un primer momento a cargar contra el Ejecutivo de PP y Vox por la gestión de los fuegos, contra un operativo que consideraban "desfasado" y pidiendo la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. La Junta, por su parte, aseguraba haber hecho "todo lo posible" contra los incendios y achacaba su especial virulencia a las condiciones meteorológicas, con una fuerte ola de calor e intensos vientos que dificultaron que pudieran ser sofocados con facilidad.

Además, la influencia de Vox en el Gobierno volvió a vislumbrarse cuando Suárez-Quiñones aseguró que las posiciones del "ecologismo extremo" dificultaban "la limpieza del monte". Mientras tanto, el PP acusaba al PSOE de Luis Tudanca de "sacar tajada" de las desgracias de la Comunidad y la tensión entre el Ejecutivo y la oposición iba en aumento a cuenta de los fuegos.

A finales de julio, además, una reunión con el objetivo de reconducir la situación del Diálogo Social, delicada tras el recorte de subvenciones a sindicatos y patronal, se demostró un fracaso y los sindicatos tildaron de "paripé" el encuentro, mientras aseguraban que en la Comunidad "hay dos Gobiernos" y contraponían su entendimiento fluido con los departamentos del PP con las dificultades con aquellos gestionados por Vox.

En el mes de agosto, además, dimitía el número dos del Ecyl y la Consejería de Industria comenzaba a estar en el foco mediático ante los cada vez más habituales ceses que se producían en ese departamento. Ese mismo mes, se produjo otra polémica en la consejería de Veganzones a cuenta del calendario laboral. La intención del departamento era incluir el 25 de julio como festivo para honrar a Santiago Apóstol, patrón de España, y, finalmente, en su lugar se retiró la fiesta del 24 de abril –día al que se trasladaba la Fiesta de la Comunidad, al caer en domingo– ante la indignación de los sindicatos y la oposición.

La polémica por las nucleares y la minería

Entrado el mes de septiembre, se inauguró el nuevo curso político y la actividad volvió al pleno de las Cortes. El PP terminó por ceder a las presiones de la oposición y, ante la realidad del panorama dejado por los fuegos, presentó en la Cámara una propuesta de actualización y mejora del operativo contra incendios. Además, Vox comenzó a hacer hincapié, ante la subida del precio de la energía, en la necesidad de reabrir centrales nucleares como la de Santa María de Garoña y construir otras nuevas, una cuestión delicada que generó algunas tensiones entre los socios.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que tendrían que "decidir los propietarios", que se mostraron contrarios a reabrir la planta, mientras Vox insistía en la necesidad de llevar a cabo un estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento de esta energía y de otras como el carbón en la Comunidad. Finalmente, el socio minoritario de nuevo se impuso y los presupuestos autonómicos, que se aprobarán este mes, contemplan la realización de este estudio.

PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos, por su parte, aseguraron que acudirían ante los tribunales por ese estudio de Garoña si viesen "indicios de malversación". En el mes de septiembre volvieron, además, las aguas turbulentas a la Consejería de Industria y dejó el cargo el viceconsejero de Dinamización Industrial, Óscar Villanueva, tras restructurarse el departamento y desaparecer su cargo.

Los insultos llegan a las Cortes: de "imbécil" a "fascista"

En el pleno del 21 de septiembre, la creciente tensión en las Cortes derivó en insultos y descalificaciones personales entre García-Gallardo y el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que llevaban inmersos en un combate dialéctico desde que comenzó la legislatura. Igea se burló del paso del Gallardo por el programa Masterchef y el vicepresidente llamó "imbécil" al de Ciudadanos, añadiendo después el calificativo de "presunto delincuente".

Al día siguiente, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, acusó de "cobardía" al vicepresidente por esas descalificaciones y terminó enzarzándose con la bancada popular, ante lo que el vicepresidente de las Cortes, Francisco Vázquez, suspendió la sesión. "Que se jodan", afirmó Vázquez sin saber que su micrófono estaba aún activado.

Además, la fricción entre los socios regresó tras asegurar García-Gallardo que "la violencia no tiene género" justo después de un nuevo crimen machista, unas declaraciones de las que se desmarcó el PP poco después y que llevaron al PSOE a intentar la reprobación del vicepresidente, sin éxito. El 29 de septiembre, además, Vox vetó una declaración institucional contra la violencia machista en la Cámara.

El 25 de octubre se aprobó la reforma de la Ley de designación de senadores impulsada por PP y Vox, que consagraba que se eligieran por separado y no conjuntamente como hasta ahora, y también el techo de gasto. El día 29, tras semanas de expectación, se presentó por fin el proyecto de presupuestos autonómicos, que PP y Vox defendieron como "los más altos de la historia" y que la oposición calificó como "la entrega de las llaves de la Comunidad a la extrema derecha".

De los presupuestos fallidos a unas cuentas con cómoda mayoría

Los presupuestos autonómicos se aprobarán, previsiblemente, en el pleno de este viernes 23 de diciembre, justo un año después de las cuentas fallidas que desembocaron en la convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León. Una aprobación que llegará solo unas semanas después de que saliera adelante la Ley de rebajas tributarias, una de las medidas estrella del Ejecutivo que consagra a la Comunidad como la segunda región con el tipo impositivo mínimo más bajo de España.

A pesar de las recurrentes fricciones, PP y Vox han sabido capear el temporal y mantenerse codo con codo en todas las iniciativas legislativas importantes de los últimos meses. Una férrea unidad que ha hecho difuminarse la idea de que las elecciones autonómicas pudieran adelantarse para unirse al resto de comunidades el próximo 28 de mayo. La legislatura avanzará en 2023 y el primer Gobierno del que forma parte Vox parece gozar de buena salud, al menos por el momento.