Las universidades de Castilla y León, en una situación "crítica", según CCOO

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León ha solicitado varias reuniones con la consejera de Educación y la directora General de Universidades, desde la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en abril de 2023, para discutir la implementación de la ley y abordar problemas arrastrados desde hace años. El sindicato indica que, a pesar de haber enviado dos cartas, la última en marzo, no han recibido respuesta.

En palabras de CCOO, este silencio "es inaceptable" y refleja el "nulo interés de la Junta de Castilla y León por el sistema universitario de nuestra Comunidad". El sindicato recuerda que las universidades públicas son descritas como instituciones cruciales para la educación avanzada y el desarrollo económico, científico y tecnológico de la sociedad, siendo vitales para la igualdad de oportunidades.

CCOO denuncia que en los últimos años la insuficiente financiación pública ha causado varios problemas, como "disfunciones en la configuración de su profesorado debido a las bajas tasas de reposición, la precarización de parte del profesorado y el envejecimiento de las plantillas", lo cual pone en riesgo la sostenibilidad y calidad del sistema universitario.

Con la LOSU, se pretende resolver estos desajustes y atender las necesidades de la sociedad. CCOO considera esencial que la Junta adapte la normativa autonómica a la nueva ley, especialmente modificando el Decreto 67/2013 sobre el régimen del personal docente e investigador (PDI) y el Decreto 132/2002 sobre los complementos retributivos autonómicos para el PDI funcionario.

FE CCOOCyL solicita la creación de una mesa de negociación con las organizaciones sindicales representativas del personal universitario para asegurar el cumplimiento de la LOSU en cuanto a retribuciones adicionales para el PDI, el régimen laboral del Decreto 67/2013 y las autorizaciones para las convocatorias de plazas de estabilización del profesorado.

La negativa de la Consejería de Educación a autorizar las plazas acordadas con las universidades contraviene la Disposición Transitoria Octava de la LOSU, afectando la oferta de empleo público y la estabilización del profesorado más vulnerable.

CCOO propone que la Junta elabore una programación plurianual para aprobar un plan de financiación suficiente para las universidades públicas. Este plan permitiría desbloquear la negociación de los convenios colectivos del personal técnico de gestión y administración (PTGAS) laboral y del PDI contratado, que actualmente están paralizados debido a la falta de recursos económicos.

Finalmente, CCOO critica que la insuficiente financiación "no es compatible con las rebajas fiscales que la Junta está implementando", lo cual afecta negativamente la prestación del servicio público y genera discriminación del personal universitario.