Reforzar con "unidad de acción" la defensa "de cada gota de agua que necesitan nuestros territorios". Así presentan en Alicante la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia la estrategia común con la que se enfrentarán al Gobierno de España para conseguir el agua del trasvase Tajo-Segura.

La reunión celebrada este viernes en la Diputación de Alicante ha reunido a representantes políticos y técnicos de la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Murcia más los de la institución provincial alicantina en una foto con la que muestran la voluntad de coordinarse en esta materia.

La defensa del trasvase Tajo-Segura ha sido el eje de esta reunión en la que han perfilado los argumentos que presentarán por el aumento de los caudales ecológicos que han recurrido las tres administraciones ante el Tribunal Supremo. Además, han incluido en el listado la actualización de las reglas de explotación de este acueducto que el Ministerio de Transición Ecológica abordará próximamente.

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Diputación de Alicante y Gobierno de Murcia deben formalizar próximamente las demandas ante el Supremo, explican a través de un comunicado. Por ello en la reunión han expuesto los argumentos técnicos y jurídicos que presentarán. Como explica la vicepresidenta de la institución provincial, Ana Serna, la idea es "reforzar de esta forma la posición del levante español ante la nefasta política hídrica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado".

Una idea que ha apoyado el secretario autonómico de Medio Ambiente, Javier Sendra, y la directora general del Agua Sabina Galindo, quienes han subrayado la necesidad de aunar criterios y establecer una estrategia común.

En el punto de mira de todos ellos está la que consideran arbitrariedad y falta de justificación en la fijación de los caudales. Así, critican que estos crecen gradualmente hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo de media en los tramos afectados sin que existan estudios técnicos y científicos que avalen la subida escalonada. A eso añaden la que denuncian como falta de coordinación de los planes de cuenca.

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Y para apoyar este argumentario las tres administraciones acompañarán sus demandas de diferentes estudios e informes elaborados por expertos sobre el impacto socioeconómico, medioambiental o hidrológico del recorte del trasvase. Entre ellos, han adelantado que los técnicos consideran que el aumento de los caudales "no garantiza una mejor preservación del ecosistema o de la calidad de las aguas".

Respecto a las normas de explotación, que deberían actualizarse en cumplimiento de lo establecido por el Gobierno de España hace un año tras la aprobación de la nueva planificación hidrológica, se ha abogado porque la Diputación de Alicante y los gobiernos de Murcia y Valencia "hagan causa común". Así, plantearán al Ministerio una propuesta conjunta en relación con esta cuestión, que supone también un recorte en el agua trasvasada al Segura.

La propuesta pasaría, entre otras cuestiones, por crear un grupo de trabajo técnico entre Administración Central y comunidades autónomas para abordar la actualización de las reglas de explotación.