Antonio, José Luis y los otros propietarios con sus viviendas okupadas: "El PSOE se equivoca"

Este martes el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ofreció otras cifras. “El 0,85% de las okupaciones se hace sobre viviendas que son usadas, y eso es allanamiento de morada. Por lo tanto, ya hay mecanismos suficientes como para que los jueces determinen el desalojo y la recuperación de la vivienda”, aseguró en una entrevista en Onda Cero. El 99,15% de las restantes, se produce en viviendas “abandonadas, de fondos buitre o de grandes tenedores”, añadió. La primera parte de la afirmación es correcta, pero no así la segunda.

Según los datos existentes, solicitados por EL ESPAÑOL al Ministerio del Interior, efectivamente, sólo un 0,85% de los delitos genéricos por ocupación se refieren a allanamientos, mientras que el resto son usurpaciones. El Código Penal distingue entre ambos delitos, que se diferencian básicamente del estado en el que se encuentre la vivienda. En el allanamiento el propietario es forzado por otros a abandonar su inmueble; a diferencia de la usurpación, en la que los okupas se aprovechan de que no haya nadie en la casa para apoderarse de ella. En cualquier caso, son calificaciones judiciales que realiza el órgano competente encargado de cada instrucción.

La Policía desaloja la vivienda de Antonio Policía

Esto no significa que las usurpaciones se circunscriban a viviendas “abandonadas, de fondos buitre o de grandes tenedores”, como asegura Patxi López. Al contrario, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, relató el pasado noviembre que en los 18 meses anteriores se habían acumulado 9.949 denuncias por okupación, de las cuales 3.466 se habían registrado en viviendas habitadas y 5.803 en casas vacías. Es decir, en un tercio de los casos, no se trataba de propiedades abandonadas y tampoco se especificaba el tipo de titular. No existen datos en este último aspecto.

En el caso de Antonio, el apartamento estuvo siempre ocupado. Cuando falleció su padre, a él le había salido trabajo en Madrid. “Se quedaron en el piso unos familiares, pero se terminaron marchando porque los amenazaron con cuchillos. Sabíamos que la zona era muy conflictiva, por lo que buscamos incluso una persona que vivía en un albergue y acordamos que se quedara en la casa para hacernos un favor mutuo”, recuerda. 

Esto ocurrió en 2018, él iba y venía todos los fines desde Salamanca, donde se había trasladado entonces con el trabajo, precisamente para evitar lo que se temía. “Pero en agosto de ese año, la casa llevaba unos pocos días sola y cuando fui a meter la llave en la cerradura, ya no abría”, sentencia. Tenía la mayor parte de sus pertenencias allí dentro, en Salamanca vivía solo con lo puesto, de alquiler. “El asunto quedó en manos de la Justicia, por lo que me quedé sin mi única propiedad, a la espera de la sentencia de un juez”, agrega. 

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Estado de la cocina tras el paso de los 'okupas' Cedida

Recuperó la casa por un error

El proceso fue de lo más rocambolesco. “Pasaron meses desde la sentencia hasta la orden de desalojo y cuando ésta se produjo, no estaba los ‘okupas’ sino otra persona, por lo que no se les pudo expulsar”, sostiene. Meses después vio un anuncio en Idealista con la que parecía ser su casa. Y cuando miró bien, no lo parecía, lo era. “La inmobiliaria había pagado a los okupas para hacerse con el piso, por equivocación, pensando que compraba una propiedad abandonada. Lo reclamé y, finalmente, me lo entregaron”. 

Pasaron tres años y sólo pudo recuperar su casa por un error. “Al final, la vendí por 12.000 euros, un regalo. Tuve que regalar mi única propiedad”. Ahora, a sus 38 años, vive de alquiler en Madrid. 

Salón de la casa tras el paso de los 'okupas' Cedida

Según los datos que ofrece Interior, el número de okupaciones -no discrimina entre allanamiento de morada y usurpación- se ha reducido en los dos últimos años. En el primer trimestre de 2023 registraron en toda España 3.898 denuncias por estas causas, por las 4.385 del mismo periodo del año pasado y las 4.634 de 2021. Si bien, es cierto, que el mayor incremento se produjo entre 2017 y 2021, cuando el número de denuncias creció cerca de un 60%. Cataluña registra la mayoría, seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana. 

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"Lo dejaron hecho una mierda"

Precisamente en un pueblo de Valencia, en Godelleta, el año pasado José Luis había heredado un piso, propiedad del padre de su mujer. “Estuvo cerrado unas semanas y, de repente, un día nos llaman los vecinos y nos preguntan si ya lo habíamos vendido”, afirma. Lo que ocurría es que una familia se había metido en él. “Como sabemos que los trámites judiciales son muy lentos y farragosos, llamamos a una empresa de desocupación y nos lo devolvieron en apenas unos días”. Con el auge de estas plataformas, muchos casos no se llegan siquiera a denunciar y, por tanto, no entran en los registros oficiales. 

“Nos dejaron el piso hecho una mierda, yo creo que hasta se habían cagado dentro”, denuncia, al teléfono, José Luis. Dice que “el Gobierno y el PSOE se equivocan” y que los afectados son también pequeños propietarios como ellos. Él y su mujer viven en Valencia capital en otra casa en propiedad, la única que tienen. Como Antonio, en cuanto tuvieron oportunidad terminaron vendiendo la vivienda okupada, que habían logrado recuperar, a un módico precio.