Un abogado acusado de estafar 60.000 euros en Santiago lo niega y dice que eran "honorarios" previos

Un abogado que se ha sentado este jueves ante la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, situada en Santiago, como acusado por estafar más de 60.000 euros a un cliente, vecino de la ciudad, en el proceso para regularizar legalmente su vivienda, ha negado haberlo engañado y ha asegurado que hubo un "acuerdo estimado de honorarios" por procedimientos anteriores.

E. E. Sevilla

Investigan a un vecino de Santiago tras simular que lo drogaron y le robaron 1.700 euros en un club

Así lo ha declarado el encausado en la primera sesión del juicio, en la que se ha sometido a las preguntas del fiscal, del abogado de la acusación y del suyo propio. Se enfrenta a una pena de 12 años de cárcel -seis por estafa y otros seis por apropiación indebida-, y a otros 16 de inhabilitación, así como al pago de 43.800 euros en multas y indemnizar con 289.178,94 euros al perjudicado.

El acusado era conocido de la familia "de toda la vida" y que se había encargado de defenderlos ante numerosos pleitos ya desde antes del año 2000. La cuestión que llevó a este juicio fue la amenaza de demolición de una vivienda situada en una finca en San Marcos, ordenado ya en 2001, porque invadía 429 metros cuadrados de una finca que era de otra titularidad.

En este contexto, según recoge el escrito de Fiscalía y sostiene la parte querellante, se le entregaron 30.000 euros porque era una cantidad "necesaria para conseguir inscribir la finca y que posteriormente le iba a ser devuelta", pero que "no fue destinada" a estos trámites. Además, se le dieron en efectivo sucesivos pagos, entre 2010 y 2015, por un total de 32.600 euros, "en concepto de tasas, depósitos o fianzas".

El acusado reconoció que todos esos pagos existieron, pero que los primeros 30.000 euros se correspondían con un pleito anterior que mantuvieron con Hacienda, relativo a otra finca situada en A Coruña, por el que el supuesto perjudicado llegó a solicitar un crédito. También ha afirmado que esto lo sabía su cliente y se ha apoyado en unas grabaciones aportadas como prueba en el caso.

Sin embargo, ese pago no se llegó a documentar porque tenían, según ha alegado el acusado, "mucha confianza" y se lo iba dando "como pueda y cuando pueda".

Asimismo, ha justificado que los sucesivos pagos entre 2010 y 2015 eran porque "se estaba trabajando" en parar el derribo de la casa de San Marcos, de la cual ha reivindicado que lo consiguió.

"Estaba seguro de que lo  iba a ganar"

Posteriormente, han declarado ante los magistrados tanto el querellante como su mujer, que han coincidido en negar que hubiese un pacto de honorarios. "Solo en 2008 él nos dice que había que registrar la finca y escriturar la casa", y que su forma de pago iban a ser "las costas, porque estaba seguro de que lo iba a ganar".

El hombre ha asegurado que su entonces abogado "tenía carta blanca para hacer lo que quería" y que él "no sabía lo que hacía". Tampoco le pareció extraño que, según su versión, les pidiese 30.000 euros por el registro de la vivienda porque tenían "confianza plena" en él y "utilizaba una verborrea" que no entendía, con lo que ha deslizado que se aprovechaba de su ignorancia en asuntos legales.

Empezó a desconfiar en septiembre de 2015, cuando acudió a su despacho con una representante de la plataforma Stop Deshaucios que dijo que algo "olía mal". Al final, todo se solucionó con "otro abogado" y alcanzando un acuerdo con la dueña del trozo de finca en cuestión, a la que pagaron solo "15.000 o 16.000 euros".

Su mujer ha apoyado su versión asegurando que no estaban "demasiado informados" y que confiaban "muchísimo en él". No obstante, le pedían recibos por los pagos pero "no" se los daba.

Inhabilitación

Este abogado compostelano también está acusado de un delito de deslealtad profesional y de otro de quebrantamiento de condena, porque él mismo había sido inhabilitado -por una sentencia de la Audiencia Provincial- entre abril de 2013 y abril de 2015, pese a lo cual "siguió asesorando" a su cliente durante ese mismo período.

A este respecto, el acusado ha asegurado que se apartó del caso incluso un mes antes de su inhabilitación y que las gestiones relativas a la vivienda los asumió su cuñado, también abogado.

Aunque ha reconocido que veía a su cliente "todos los días", incluso en el colegio donde coincidían sus hijos, y que estaba "al tanto" del proceso porque eran buenos conocidos, ha sostenido ante los magistrados que ni les representaba ni se reunía con ellos para trabajar. También ha dicho que conocía su inhabilitación.

Pese a ello, el perjudicado ha declarado ante la Audiencia que le había representado de forma ininterrimpida, que en el período de inhabilitación le "estuvo asesorando" y que "nunca" le había atendido su cuñado.