SOS Sanidade Pública pide "hacer frente" al intento de la Xunta de "recortar derechos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) –

La Plataforma SOS Sanidade Pública ha llamado a las fuerzas políticas, a los sindicatos y agentes sociales en Galicia a hacer frente al intento de la Xunta de "recortar derechos y libertades" a través de la reforma de la ley de salud de Galicia. En un comunicado remitido a los medios, la plataforma denuncia que el ejecutivo gallego presenta la modificación legislativa como una proposición no de ley del PP en lugar de como Gobierno para "evitar el informe preceptivo de los servicios jurídicos" del Parlamento sobre la legalidad de las propuestas.

Asimismo, sostiene que se trata de una medida de "marketing político" porque utiliza la alarma social por la pandemia y asegura que es "innecesaria" dado que la actual legislación contiene todos los instrumentos legales necesarios. La plataforma denuncia que la reforma "recorta derechos y libertades" que en otras circunstancias "no serían aceptados por la mayoría de la población", lo que "supone un peligroso precedente para otras situaciones".

Además, censura que "impone, bajo amenaza de grandes sanciones, la obligación de realizar pruebas, vacunaciones y tratamientos que invaden la libertad de decisión de las personas sobre su salud y vulnera la ley de Consentimiento Informado. SOS Sanidade Pública advierte de que la modificación también otorga un "enorme poder" a una Comisión de Expertos cuyos criterios de elección y composición "son desconocidos" pese a que sus medidas tendrán "una enorme repercusión social".

También considera que "avanza hacia el estado policial al multiplicar las autoridades sanitarias con capacidad de intervenir en temas sensibles para las libertades y el derecho a la salud". La Plataforma afirma que esta reforma pretende "controlar la vida y actividad de las personas con el pretexto de proteger la salud", establece un régimen de sanciones de una cuantía a que no podrá hacer frente buena parte de la población, y no contempla medidas para intervenir sobre la situación en las residencias de mayores pese a ser el principal determinante de la mortalidad.