¿Es casual el apoyo de un letón prorruso al indulto de los presos del 'procés'?

Tal vez sea una casualidad que una comisión del Consejo de Europa (que no tiene nada que ver con la Unión Europea) se ocupe de esto justo ahora, cuando el Gobierno está a punto de culminar una estrategia largamente preparada.

El Consejo, formado por 47 países, es una organización internacional de coordinación cuyo objetivo teórico es "realizar una unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social".

En otras palabras, proteger y defender los derechos humanos y el Estado de derecho en el continente europeo. ¿Quién podría estar en contra? Nadie. Ni siquiera Rusia, miembro importante del Consejo de Europa, con una maquinaria informativa que actuó a fondo en Cataluña en 2017.

¿Qué es lo que ha ocurrido después de este largo proceso en el que nada se ha dejado a la improvisación? Que la comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó, a instancias del socialista letón Boriss Cilevičs, una propuesta de resolución en la que se pide a España que "considere" el indulto o la excarcelación de los líderes condenados por su responsabilidad en la organización del referéndum de 2017.

Lo que va a ocurrir mañana es que la asamblea plenaria del Consejo votará el informe elaborado por Cilevičs, titulado ¿Debería juzgarse a los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato? El parlamentario letón, miembro del partido Armonía y representante de los intereses de la minoría rusa del país, tiene el aplomo de analizar bajo este título la libertad de expresión en Turquía y, sí, en España.

Boriss Cilevičs lleva un tiempo dedicado a la tarea. Llegó a viajar el año pasado a Barcelona y Madrid a costa del Congreso de los Diputados, y se entrevistó con Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners, con magistrados del procés, con parlamentarios catalanes, con el síndic de greuges y con la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana. Pero se negó a hacer lo propio con Ciudadanos, que era el principal grupo en el Parlamento de Cataluña.

Moncloa se encuentra con una votación de un ente sin poder legislativo, pero que se ajusta a su estrategia

El letón admite que el referéndum fue declarado ilegal por el Constitucional español y que algunas de las condenas son por desvío de fondos públicos. Pero argumenta que ningún condenado empleó la violencia física. El informe pide que se "considere el indulto o la excarcelación" de los condenados por su papel en la organización "del referéndum inconstitucional de 2017" y que se reformen los delitos de sedición y rebelión para que no haya "sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas".

Y, en línea con la retórica compartida por independentistas y el Gobierno de España, reclama que se abra "un diálogo abierto y constructivo con el conjunto de las fuerzas políticas" de Cataluña. Incluso plantea, con un cuidado lenguaje, la posibilidad de "abandonar los procedimientos de extradición contra políticos catalanes residentes en el extranjero que sean buscados por los mismos motivos".

Los parlamentarios españoles (populares y socialistas, sobre todo) han anunciado su voto en contra. Ambos partidos trabajaron para presentar enmiendas conjuntas a votar en el pleno. Pero no se llevó a cabo por una decisión de Moncloa posterior a las elecciones madrileñas.

El Gobierno considera que, pese a partir de un error que contamina todo el texto (que los procesados lo fueron por expresar sus ideas), el informe reconoce que los condenados actuaron al margen de la ley, y que la defensa española de la legalidad vulnerada procedió dentro de los límites del Estado de derecho.

En esta lógica, se celebra la generosidad del ponente, que ha aceptado describir España como "una democracia vibrante en la que impera una cultura de debate abierto y libre, y donde la mera expresión de puntos de vista proindependentistas no proporciona base alguna para abrir una causa penal".

Y se celebra también que la magnanimidad llegue hasta incluir la declaración solemne de que "la asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa respeta plenamente el orden constitucional de España".

Moncloa se encuentra con una votación de un ente sin poder legislativo, pero que se ajusta perfectamente a su estrategia. El informe, que es parcial y recoge las tesis del independentismo, se ha convertido en una excelente coartada para el Gobierno. Si es que hasta Europa nos lo pide.

Que en esta votación se desprenda que no hay mucha diferencia entre Erdogan y Sánchez, al menos desde el punto de vista de los sistemas jurídicos de sus países, no parece preocupar mucho a un Gobierno cuyo objetivo fundamental, si no único, es la permanencia en el poder a cualquier precio. Nos cueste lo que nos cueste.

*** Adrián Vázquez Lázara es eurodiputado de Ciudadanos y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.