Una ley electoral para un cambio de régimen

La aproximación a la teoría de Julien Freund, tan influida por Carl Schmitt, que mantiene que la naturaleza del poder está determinada por la relación de mando y de obediencia generada entre las instituciones públicas y la sociedad, nos permite comprender la importancia capital del sistema electoral. Pues la forma en que permitimos que nos manden, o el tipo de legitimidad que le atribuimos al consentimiento, en palabras de Weber y de Locke, forja inexorablemente la esencia íntima de la dominación.

Cuando los ciudadanos no disponen de libertad para seleccionar a sus legisladores y ejecutores de leyes, o si ésta se encuentra seriamente limitada, la sociedad en cuestión adolece de graves riesgos. En primer lugar, todo su acervo de derechos y libertades se encuentra en precario, pues la única garantía de los mismos, tal y como Benjamín Constant nos recuerda desde la biblioteca, es la libertad política, es decir, la democracia. Mientras no sean los ciudadanos quienes por medio de sus verdaderos representantes instituyan sus libertades, éstas no pasarán de la condición de concesiones de un tercero, que, como tales, podrá otorgar y suprimir arbitrariamente. Por otro lado, desde una perspectiva más pragmática, resulta muy ingenuo esperar de quienes no dependen de uno que trabajen para él. O, ¿acaso conocemos algún ámbito de la vida civil en donde uno obedezca a aquel de quien su puesto no depende?

Debido a la influencia que sobre los supuestos representantes del pueblo ejercen las cúpulas de los partidos políticos en los países en los que rige el modelo electoral proporcional de listas, la naturaleza de su régimen de poder es oligárquica y las dolencias descritas despliegan toda su lógica. Es el caso de España, sin la más mínima duda. La potestad de decidir quién integra las listas electorales y quién se queda fuera de la política profesional convierte a los candidatos en vasallos y a sus dirigentes en los amos supremos del poder legislativo, precisamente donde muchos teóricos del Estado ubican la soberanía.

Queda así traspasado ese enorme poder teórico al lugar donde de facto reside: a las plantas de dirección de las sedes de los partidos con representación. Y como también sabíamos y hemos comprobado estos últimos años, las primarias no están hechas para los sistemas de listas de partido porque la influencia de las cúpulas todavía se convierte en más perversa al travestirse con las galas de la pureza. Allá donde existan listas electorales habrá un aparato que controlará a los representantes del pueblo, convertidos en fieles cipayos que no dudarán en sacrificar los intereses de la sociedad en favor de quienes les pagan el sueldo.

Existe, sin embargo, una solución. Es la empleada en los regímenes representativos de mayor tradición en la historia. Eliminar las listas, y, por lo tanto, la influencia que ejercen las cúpulas, reduciendo la circunscripción electoral a la mínima expresión política para que sean los candidatos quienes se presenten ante el electorado personalmente y no protegidos bajo las siglas de un partido. Al ser el ciudadano quien elige a los candidatos directamente, éstos deben rendirle cuentas inevitablemente a él, condición sine qua non para ponerse a su servicio si pretenden renovar su cargo en las siguientes elecciones. Por asombroso que pueda parecer a los ojos de quienes no han dedicado el tiempo necesario al estudio del poder, una sola ley puede transformar radicalmente el régimen político de un país, en nuestro caso haciéndolo pasar de una oligarquía a una democracia.

Atendiendo a la tradición del realismo político, que PP y PSOE no hayan querido cambiar su estatus durante los últimos cuarenta años resulta tan innoble como lógico. ¿Alguien piensa que la mayoría de sus diputados soportaría un proceso electoral en absoluta libertad en el cual pudieran competir tantos candidatos como quisieran presentarse? Me conjeturo que de todos los que componen el Parlamento, no quedaría, siendo muy generoso, ni el diez por ciento.

Sin embargo, una parte de la llamada nueva política sí tiene esa responsabilidad. Llegados en circunstancias extraordinarias y llamados a transformar el lodazal en que se ha convertido la política nacional debido a la falta de controles institucionales y a la ausencia de representación de la sociedad civil, tanto Ciudadanos como Podemos, en relación con esta cuestión, se han hecho eco del mayor error conceptual del 15-M: pasar del “No nos representan” como diagnóstico al “Un hombre un voto” como solución. En la psicología colectiva española se ha incrustado este prejuicio y no parece que vaya a diluirse fácilmente, pese a que su conquista data del siglo XIX y a que, además, es un simplismo de dimensiones estratosféricas. Se vota en Cuba y Venezuela, se votaba con Franco y se vota hoy en España. El valor del voto en un régimen representativo ha de calificarse en función de si logra el fin para el que fue concebido. En nuestro país es obvio que no.

Respecto a Podemos, enseguida se vio que no cabía esperar nada. Los seguidores de la versión más perversa de Rousseau, se hallan contra la representación, contra la separación de poderes y contra la nación, toda una joya para quienes abominan de la democracia liberal y de los derechos individuales que pretende defender.

Ciudadanos, sin embargo, comenzó apostando por un sistema en el que la partidocracia habría quedado diluida al establecer parcialmente la figura del diputado de distrito, defendiendo un sistema electoral mixto parecido al de Alemania, que no deja de ser un puedo y no quiero acomplejado y algo mezquino pero que habría supuesto la inclusión de diputados libres en el Parlamento. No es la mejor solución, pero el solo hecho de que una parte considerable del poder legislativo representase los intereses de los ciudadanos y no de las cúpulas de los partidos habría revolucionado parcialmente la política española, que tanta falta hace.

Pero las últimas declaraciones realizadas con motivo del trigésimo segundo aniversario de la LOREG, indican que toda esperanza de lograr que sea la sociedad civil española, y no las cúpulas de los partidos, quien ostente la libertad de poner y deponer a sus representantes volverá a diluirse. Llueve sobre mojado, hace ya tiempo que no se escucha a sus dirigentes defender públicamente la única vía para salir de esta partidocracia.

Ahora que el centro y la derecha suspiran por sentir de cerca el aliento de Macron y recibir el influjo de su fenómeno, conviene recordarles que éste habita en un régimen verdaderamente representativo, para fortuna de nuestros vecinos.

*** Lorenzo Abadía es empresario, analista político y fundador del movimiento Diputado de Distrito.