Mientras continúa el goteo de rebajas de penas, las dos partes del Gobierno siguen encalladas en la negociación para reformar la ley del solo sí es sí, que ya ha beneficiado a más de 400 violadores. O sea, a uno de cada diez delincuentes sexuales condenados.

PSOE y Podemos siguen en conversaciones, pero Irene Montero desecha todas las propuestas que le envía el Ministerio de Justicia (incluida la última, remitida el pasado viernes por Pilar Llop) considerando que suponen "volver al modelo anterior". Y para el sectarismo hiperventilado de Podemos, tal cosa implicaría atender a una supuesta voluntad del PP de "volver al modelo de la cultura de la violación".

La ministra de Igualdad aseguró este sábado que estaba "dispuesta a ceder" y a reformar la ley del sólo sí es sí y subir algunas penas, pero aclarando que "el consentimiento no se toca". De modo que el ala socialista del Ejecutivo está intentando buscar el acuerdo en lo concerniente a los años de condena.

Pero, aunque el PSOE defiende que recuperar los agravantes para la agresión sexual si concurre violencia o intimidación no altera el artículo del consentimiento, las negociaciones parecen haber llegado a un punto muerto. Porque la propuesta de Justicia de agravar las penas implica distinguir dos tipos de delito, y eso para Podemos es tanto como regresar al "calvario probatorio" del modelo anterior.

Resulta bochornoso que, al mismo tiempo que asume tácitamente que su ley tiene defectos técnicos estructurales, Montero persista en una campaña paralela, con actos como el de ayer, para justificar una norma indefendible.

Y, mientras tanto, el reloj sigue corriendo. El PSOE ya ha incumplido el plazo máximo, que expiraba el pasado viernes, que se había puesto para presentar una proposición de ley en el Congreso para abordar la reforma.

La dudosa disposición de Podemos a acercar posturas hace pensar que también se incumplirá el nuevo ultimátum para que la reforma entre en el pleno, que finaliza mañana a las 10:00.

Pedro Sánchez se ha quedado sin margen de maniobra. No puede pasar de esta semana que imponga su autoridad, como ya hizo en un primer momento cuando dio la orden de estudiar rectificaciones para la ley.

A la luz de la parálisis, la opción de encargar a Llop resolver el entuerto claramente no ha funcionado. Y se impone la vía unilateral de seguir adelante con su convicción, anunciada la semana pasada, de presentar una proposición de ley en el Congreso para corregir la norma con o sin Podemos.

En este sentido, cabe celebrar la pretensión de los socialistas, que trascendió ayer por la noche, de registrar una proposición que recupere las penas anteriores al sí es sí si finalmente fracasa el acuerdo in extremis con los morados.

A la urgencia de evitar la sangría de beneficios penales a futuros agresores sexuales se le suma el abrumador rechazo de los españoles a la ley de Montero.

Según el último sondeo de SocioMétrica-EL ESPAÑOL, el 83,5% de los españoles considera que Sánchez debe ordenar la modificación del sí es sí, con o sin el beneplácito de Irene Montero e independientemente de las consecuencias. Y, lo que es más elocuente: el 90,5% de los votantes socialistas comparte esa opinión, así como un número nada despreciable de votantes morados. El 44% piensan que los socialistas, aun sin acuerdo, deberían avanzar en solitario.

Además, el PSOE cree contar con los apoyos parlamentarios necesarios aunque presenten la proposición sin Podemos. Incluidos los del PP, después de que Alberto Núñez Feijóo se reafirmase ayer en Valencia en el ofrecimiento de sus votos para corregir el texto.

Así pues, que Sánchez atienda a sus propios simpatizantes y escuche el clamor social, con un 60,7% de españoles que opina que el PSOE debe romper con Podemos. Hágase justicia aunque la coalición perezca, si así fuera necesario.

Si Sánchez quiere librar a los suyos de la responsabilidad por los efectos adversos de una ley nefasta, que lance un órdago a Irene Montero sin más demora: la ley del sí es sí debe rectificarse sí o sí.