El Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado este jueves que Oriol Junqueras debería haber disfrutado de inmunidad parlamentaria tras los resultados de las elecciones europeas del 26 de mayo, en los que fue candidato electo. Tenía derecho, por tanto, a salir de la cárcel para recoger el acta de eurodiputado.

Una vez conocida la posición de la Justicia europea, ERC ha congelado las negociaciones con el PSOE y ha anunciado que hablará sólo después de que se pronuncie la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Junqueras, dando a entender que sólo se avendrá a seguir negociando con Sánchez si el Gobierno respalda al político preso. 

Anacronismo

El fallo del TJUE ha envalentonado a los separatistas. Puigdemont, que ahora puede beneficiarse de su condición de europarlamentario, dio una rueda de prensa en Bruselas para arremeter contra el Estado español y denunciar la "violación de las normas de la democracia". Que lo diga él, es todo un sarcasmo.

Ahora bien, lo que pone de manifiesto este episodio es el anacronismo de nuestra Ley Electoral (LOREG), que permite que un procesado en prisión preventiva por delitos muy graves pueda ser candidato en unas elecciones.

Hay que tener presente que la prisión preventiva es la más extrema de las medidas cautelares, y que su aplicación pretende proteger a la sociedad de los daños que pudiera causarle. Por lo tanto, es incomprensible que a quien se le aplica ese rigor se le conceda la ocasión de ser cargo público.

Norma caduca

Dicho de otro modo: alguien como El Chicle podría haber gozado de inmunidad si se hubiera presentado a unas elecciones en medio de su procesamiento y hubiese obtenido los votos suficientes. Si un violador y hasta un asesino en serie son elegibles, ¿cómo el Estado no va a limitar su capacidad de representar a los ciudadanos? Y lo mismo con quien ha intentado romper el orden constitucional.

Por todo esto, urge aprobar una nueva Ley electoral que enmiende todos los defectos de una norma caduca que, entre otras cosas, sobrerrepresenta a los separatistas y permite que los cargos públicos sean rehenes de los aparatos de sus partidos.