Hace años que el debate sobre la reforma de la Constitución ha calado en la opinión pública. La desafección política, el hartazgo por la corrupción, la desconfianza hacia las instituciones, el cuestionamiento -incluso- de la monarquía y el fin del turnismo bipartidista han abonado la idea de que sin una reforma urgente de la Carta Magna -de la que este martes se conmemora el 38º aniversario- el marco de convivencia seguirá deteriorándose.
El sondeo de SocioMétrica que hoy publicamos no deja lugar a dudas: casi el 84% pide reformar la Constitución frente a sólo el 10% que prefiere no tocarla. El problema es que, a la hora de plantear el sentido de los cambios, las opiniones difieren. Mientras un 50% cree que las Comunidades Autónomas deberían aumentar sus competencias, un 33% considera que deberían reducirlas.
Problema enquistado
Con todo, en lo que sí hay una amplia coincidencia es en que esas competencias han de ser idénticas para todos los territorios de España. Así lo piensa el 82%. Ese criterio tan extendido es clave en un momento en el que algunos poderes autónomicos exigen un trato especial y cuando el Gobierno, debido a las tensiones separatistas, podría estar tentado a darles un trato de favor.
Los problemas en la clarificación de competencias se arrastran desde los inicios de la descentralización, pero el temor a reabrir heridas fue postergando un debate necesraio que ha acabado por enquistar el problema.
Reforma
La crisis económica, el desafío separatista -principalmente- y la irrupción de Podemos, que aboga más por la ruptura que por mejorar la Constitución, han acabado convirtiendo la reforma en un endiablado sudoku.
La cuestión más espinosa a la hora de encontrar un consenso básico para afrontar la modificación del texto constitucional es la que se refiere al desafío independentista. Al contrario de lo que sucede entre los votantes de Podemos, más del 66% de los electores de PP, PSOE y C's se opone a que la Carta Magna dé cobertura al separatismo y a que los independentistas celebren un referéndum unilateral.
Es imprescindible pues que los tres partidos de clara vocación constitucional hagan frente común sobre este consenso, que puede servir de punto de apoyo para articular el reto inaplazable de actualizar y fortalecer -en lugar de destruir- el marco de convivencia.
