La policía irlandesa podrá exigir las contraseñas de dispositivos electrónicos sin orden de un juez

La policía de Irlanda podrá imponer multas de hasta 30.000 euros a cualquiera que se niegue a entregar la contraseña de un dispositivo electrónico a las autoridades, según la nueva legislación del país. La ministra de Justicia, Heather Humphreys, anunció el cambio como parte del proyecto de ley Garda Síochána, publicado el lunes. Esto significa que una persona que no dé sus datos estará cometiendo un delito y podría afrontar hasta cinco años de prisión.

Debido a las restricciones impuestas por el confinamiento del coronavirus, las autoridades señalan un aumento de los delitos online, específicamente en los teléfonos, ordenadores y otros dispositivos que generalmente están protegidos por contraseñas personales. Fuentes de la Gardaí (policía irlandesa) han declarado al Irish Times que se espera que esta sea una tendencia que siga al alza mucho después de la pandemia, por lo que la nueva legislación se considera "vital para fortalecer las búsquedas".

Además, se requerirá por primera vez a los agentes irlandeses que hagan un registro por escrito de las operaciones de recopilación de datos, para analizar el uso y la efectividad de la medida.

La nueva norma incluye períodos de detención más prolongados para la investigación de delitos múltiples, por un máximo de hasta 48 horas, así como la detención de una semana para los sospechosos de delitos de trata de personas, actualmente sujetos a un máximo de 24 horas.

En un comunicado, la ministra de Justicia ha destacado que el objetivo del gobierno irlandés es crear un sistema "claro y sencillo" para que la policía lo use y "fácil para que la gente entienda qué agentes pueden hacerlo y cuáles son sus derechos en esas circunstancias".

"Al mismo tiempo que proponemos aumentar los poderes de la Gardaí, también estamos fortaleciendo los mecanismos de protección, El proyecto de ley tendrá un fuerte enfoque en los derechos fundamentales y los derechos procesales de los acusados", aseguró la ministra.

Como parte del proyecto de ley, los funcionarios también han anunciado que se introducirían medidas especiales para los sospechosos menores de edad y para aquellos que puedan tener algún tipo de diversidad funcional.