Johnson insiste en las elecciones del 15-O y Corbyn esperará a la ley anti-'brexit'

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha retado este miércoles al líder opositor, el laborista Jeremy Corbyn, a aceptar la convocatoria de unas elecciones anticipadas para el 15 de octubre, al tiempo que ha denunciado que la ley para impedir un brexit sin acuerdo supone una "ley de rendición".

"Este Gobierno se llevará al país de la Unión Europea el 31 de octubre y solo hay una cosa que se antepone en nuestro camino, es la 'ley de rendición', actualmente propuesta por el líder de la oposición", ha dicho Johnson en el plenario de la Cámara de los Comunes, dirigiéndose al líder laborista.

"Invito al líder de la oposición a confirmar, cuando llegue su turno en breve, que si esa ley de rendición es aprobada, permitirá que el pueblo de este país tenga su propia visión sobre lo que está proponiendo entregar en su nombre, con la celebración de unas elecciones el 15 de octubre", ha asegurado el 'premier' británico.

Po su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn ha dicho que no caería en los "trucos de Boris Johnson" y no apoyarían una nueva elección hasta que esté seguro de que la amenaza de un brexit sin acuerdo ha sido eliminada.

"Jeremy dejó en claro que los laboristas quieren elecciones generales, y pronto, pero que no nos dejaremos engañar por los trucos de Boris Johnson", dijo el gabinete de Corbyn en un comunicado. "Los laboristas no apoyaremos una elección general hasta que estemos seguros de que la amenaza de ningún acuerdo ha sido eliminada".

La sesión parlamentaria de este miércoles servirá para dirimir la estrategia inmediata del proceso del brexit, después de que el Parlamento se hiciera la víspera con el control del calendario gracias al apoyo de varios diputados conservadores 'rebeldes' y de un 'tory' que cambió de partido.

Johnson se enfrenta a la posibilidad de que la Cámara de los Comunes apruebe este miércoles una ley que establecerá que Reino Unido no puede salir de la Unión Europea sin acuerdo y que, con este fin, el Gobierno deberá pedir una nueva prórroga a las autoridades comunitarias