Biden y su 3x1: destruir el legado de Trump, dar la nacionalidad a 13 millones de inmigrantes y paz social

Esta semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado dos propuestas para legalizar a la gran mayoría de los 11 millones de inmigrantes que se estima viven en el país en situación irregular.

Junto con nueve republicanos, todos los demócratas de la Cámara votaron a favor de la “Ley de Promesa y Sueño Americano”, que fue aprobada por 228 - 197 votos. Este proyecto ofrece estatus legal a más de 2,3 millones de los llamados ‘soñadores’, quienes llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, y cientos de miles de migrantes admitidos por razones humanitarias, provenientes de una docena de países con problemas. Eventualmente, se les concedería la ciudadanía estadounidense.

A continuación, tuvo lugar la votación (247-174 a favor) sobre una segunda medida que crea un marco de protección similar para 1 millón de trabajadores agrícolas que han trabajado ilegalmente hasta ahora en granjas de todo el país. Fuentes del gobierno central apuntan que este grupo constituiría más de la mitad de los trabajadores agrícolas del país. Treinta republicanos votaron a favor del proyecto de ley y un demócrata votó en contra.

Los proyectos de ley se enmarcan en el paquete integral de reforma de inmigración presentado en febrero con el apoyo del presidente Joe Biden. Se trata de un ansiado acuerdo bipartidista sobre inmigración - prioridad clave para la administración Biden – que han intentado abordar desde diferentes posturas presidentes anteriores.

Pese a que los 'soñadores' cuentan con un fuerte apoyo popular y a pesar de que los círculos políticos y legislativos reconocen la importancia de los trabajadores extranjeros en el sector agrícola, el convencer a los senadores republicanos de que respalden estas medidas se complica a medida que se recrudece la situación en la frontera con México.

10 votos republicanos

Y es que se espera que ambos proyectos de ley choquen con un muro inexpugnable cuando llegue su turno de ser revisados en el Senado. A grandes rasgos, la postura republicana es la de insistir en que cualquier legislación de inmigración debe de pasar por reforzar la seguridad en la frontera mexicana, asediada por continuas oleadas de emigrantes en las últimas semanas.

El Partido Republicano ha acusado repetidamente a los demócratas del Congreso de ignorar ese problema y al presidente Joe Biden de alimentarlo a base de borrar de golpe y plumazo las políticas restrictivas del expresidente Donald Trump. A lo que un portavoz de la Casa Blanca ha respondido destacando en una reciente llamada con medios de comunicación que el problema era anterior a la administración de Biden.

Así pues, los 50 demócratas de esa cámara necesitarán al menos el apoyo de 10 senadores republicanos para sacar adelante ambas propuestas de ley. En los círculos políticos se espera que la votación en el Senado se desarrolle de forma similar, siguiendo líneas partidistas, con demócratas a favor y republicanos en contra. El problema, destacan, es que los demócratas impulsores de estas medidas no cuentan con la mayoría de la que disfrutan en la Cámara Baja.

Fuentes cercanas al partido conservador indican que incluso republicanos que anteriormente apoyaron este tipo de propuestas legislativas en la anterior legislatura, se plantean votar en contra, citando, al menos en parte, la escalada de la situación en zonas fronterizas. Argumentan que no quieren leyes de inmigración “más abierta” sin reforzarlas con la inversión necesaria para garantizar la seguridad de la frontera.

"Lo que está sucediendo hoy en la frontera es probablemente el peor momento que los demócratas podrían ofrecer para hacer esto", dijo el líder republicano Kevin McCarthy (California) a los periodistas el martes por la noche.

Crisis fronteriza en México

Agencias estatales y organizaciones sin ánimo de lucro que operan cerca de la frontera entre Estados Unidos y México calculan que unos 4.500 niños y menores de edad están bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza. Según confirmó un portavoz del gobierno federal, la mayoría de ellos se encuentran en una instalación en Donna, Texas. En los últimos días, el Ejecutivo ha pedido a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que ayude a albergar y trasladar a los menores a instalaciones “más humanas”, aunque evita calificar la situación de "crisis" o "emergencia".

Cabe recordar que desde la toma posesión de Biden como presidente el pasado mes de enero, se permite la entrada a Estados Unidos a más niños no acompañados que durante el mandato de Trump.

En este sentido, un portavoz de la Casa Blanca destacó en una reciente llamada con medios de comunicación que el problema era anterior a la administración de Biden y dijo que se necesitaba una legislación para abordarlo. “Este es un esfuerzo de todo el gobierno. Estamos manejando la situación en este momento, pero va a llevarnos tiempo reparar el daño que se ha hecho”, dijo, en una clara alusión a las políticas de detención y expulsión de inmigrantes ilegales del anterior equipo de gobierno.

Sobre las propuestas de ley que acaba de aprobar la Cámara Baja, señaló que "también necesitamos trabajar con el Congreso para aprobar un proyecto de ley de inmigración, que nos brinde leyes más sensatas”.

Por su parte, cuestionado sobre la coherencia de sus promesas, así como del contraste de estas con lo que está sucediendo en realidad, Biden se dirigió de forma directa a los miles de personas que intentan colarse inadvertidamente en el país. "Puedo decir con bastante claridad: no vengas" dijo el presidente en una entrevista con la cadena de televisión ABC, para después añadir que "estamos en el proceso de asentarnos”, de poner medidas. “No abandones tu pueblo, ciudad o comunidad", pedía Biden a los menores que estén pensando en aventurarse a cruzar la frontera por su cuenta y riesgo.

Creciente tensión social

Cerca de cumplirse el primer aniversario de la muerte de George Floyd bajo custodia policial, el juicio por asesinato al ya ex policía Derek Chauvin ha vuelto a dar un giro. Esta semana, un juez de Minneapolis se vio obligado a destituir a dos miembros del jurado tras conocerse el acuerdo para indemnizar con 27 millones de dólares a la familia de Floyd, quien presentó una demanda civil por homicidio. Se retrasa así el proceso judicial, lo que no ha hecho más que remover los sentimientos encontrados de la población, especialmente de la comunidad afroamericana.

Por otra parte, un nuevo estudio confirma que, desde que comenzaron a aplicarse las restricciones y cierres para frenar el avance del coronavirus en marzo del año pasado, miles de estadounidenses de origen asiático han sufrido ataques verbales y físicos de corte racista. El creciente rechazo de una parte de la población estadounidense hacia la comunidad asio-americana ha traspasado límites inaceptables esta misma semana, cuando un francotirador acabó con la vida de ocho mujeres asiáticas en una conocida zona de salones de masaje en Atlanta.