Un seguidor de Bukele, disfrazado de él, celebra el resultado de la victoria del líder salvadoreño

Un seguidor de Bukele, disfrazado de él, celebra el resultado de la victoria del líder salvadoreño Reuters

América

El 'millennial' que salvó El Salvador: Bukele, de socio de la guerrilla a encarcelar a 70.000 personas en 5 años

El presidente, que ha erradicado la violencia pandillera a cambio de recortes en libertades, ha renovado el cargo este domingo por cinco años más.

5 febrero, 2024 18:21

El domingo por la noche, se autoproclamó presidente de El Salvador antes de que salieran los resultados oficiales. Ya se esperaba un éxito aplastante en las segundas elecciones a las que se presentaba. Y, en efecto, la victoria fue rotunda: si en las presidenciales de 2019 recibió el apoyo del 53,10% de los electores, esta vez un 85% de los salvadoreños votó a Nayib Bukele (San Salvador, 1981).

La reelección de Bukele significa cinco años más del proyecto político que ha dado un volantazo al rumbo del país centroamericano. A sus 37 años comenzó su primera legislatura con la promesa de erradicar a las pandillas que hacían de El Salvador uno de los países más peligrosos de América. Ahora, con 42 pero los mismos vaqueros minimalistas, ha declarado que aspira a la reelección indefinida para perpetuar su proyecto.

El mensaje de los salvadoreños esta semana en las urnas sugiere que esto quizá no es una locura. Y es que hay algo de mesiánico en la figura de Bukele. Cuando salió a saludar con su esposa Gabriela Rodríguez la noche del domingo al balcón del Palacio Nacional, pronunció: "Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó. Déjennos dar la gloria [a Dios] si así lo queremos", dijo en celebración de su victoria. Y aseguró: "Gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, ustedes han visto como El Salvador pasó de ser el más inseguro" al más seguro, sentenció.

Seguidores de Nayib Bukele se reúnen a las afueras del Palacio Nacional, en San Salvador.

Seguidores de Nayib Bukele se reúnen a las afueras del Palacio Nacional, en San Salvador. Efe

Más allá de su uso de la religión para proyectarse como la figura que necesitaba su país, es cierto que Bukele llegó a la política en el momento preciso, cuando el peso de décadas de corrupción, de la ineficacia de los partidos tradicionales ante el aumento de la violencia y el estancamiento de la economía se hacían insoportables. El primer presidente millennial de El Salvador capitalizó el hartazgo del pueblo a través de redes sociales, una herramienta conocida que había combinado con lo político desde joven.

Después de trabajar unos años en la agencia de publicidad de su padre, el salvadoreño llevó la propaganda del grupo izquierdista y exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Más tarde, bajo el nombre de este partido, ganó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un olvidado pueblo cafetero cerca de San Salvador. Allí redujo drásticamente los homicidios y donó su sueldo a becas: y todo lo promocionó por redes sociales. Esta astucia lo catapultó a la alcaldía de San Salvador en 2015.

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En la capital, pronto adquirió notoriedad por obras como la revitalización del centro histórico y la construcción de una biblioteca. A pesar de su creciente popularidad, Bukele fue expulsado del FMLN en 2017, supuestamente por sembrar la división y violar los estatutos del partido, acusaciones que él niega. Se pasó a una alianza política de derechas y acabó ganando la presidencia con la promesa de acabar con la corrupción y hacer frente a la violencia que asola El Salvador. "Sólo le interesa su imagen. Por eso no perdona ninguna crítica en las redes sociales, es terreno intocable y sagrado para él", afirmó a Reuters la semana pasada Bertha Deleon, abogada de Bukele hasta 2021, cuando interrumpieron su colaboración por una fuerte discusión.

Seguridad a cambio de derechos

Nada más llegar al poder en 2019, Bukele impulsó una política remodeladora: apuntó a su primer impedimento, la Justicia, y destituyó a jueces y al fiscal general. Con ello consiguió desbloquear su primer objetivo: reformar el sistema penitenciario para encarcelar a todos los pandilleros del país. Un lustro después, más de 70.000 personas han ingresado en prisiones salvadoreñas por delincuencia, y viven en megacárceles para 40.000 presos en condiciones infrahumanas. Pero no hay rastro de aquellas maras.

Imagen del interior de la cárcel de El Salvador.

Imagen del interior de la cárcel de El Salvador. Reuters

Pero, a día de hoy, Bukele no ha soltado su mano de la Justicia. Al contrario, durante sus cinco años de mandato ha recurrido a ella para perseguir sus fines políticos, como bloquear las investigaciones sobre un posible pacto de su Gobierno con las bandas. Hoy, aunque más del 60% de los salvadoreños dice estar contento con la democracia en su país —más que cualquier otro de la región—, el éxito de Bukele en la lucha contra la delincuencia es a expensas de los derechos civiles. Según una clasificación de libertades civiles elaborada por la Economist Intelligence Unit, sólo Nicaragua, Venezuela y Cuba salen peor parados que El Salvador en las Américas.

El giro autoritario del que se acusa al presidente fue precisamente lo que le ha ayudado a alcanzar la reelección. Bukele demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar en 2020, cuando envió a soldados y policías a la Asamblea Legislativa para presionar a los legisladores que debatían un paquete de 109 millones de dólares contra la delincuencia. "Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación", dijo en aquel momento. Una multitud le recibió con vítores y ondeando banderas cuando abandonó el edificio.

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El pasado noviembre, Nuevas Ideas utilizó su mayoría legislativa para despedir a jueces y hacerse con el control del máximo tribunal, que dictaminó que podía volver a presentarse. El Parlamento nombró presidenta interina a su aliada Claudia Rodríguez de Guevara hasta junio mientras el titular y su vicepresidente Félix Ulloa se toma una licencia de seis meses para centrarse en la campaña presidencial. Este nombramiento fue considerado inconstitucional por abogados constitucionalistas.

El proyecto de Bukele cobró impulso en marzo de 2022. Tras un pico de violencia que culminó con el asesinato de 62 en un solo día, el Gobierno de El Salvador impuso un "estado de excepción" que suspendía los derechos civiles y la libertad de reunión para allanar el camino a las detenciones masivas. A fecha de hoy, más del 2% de la población adulta está entre rejas y varios derechos constitucionales han sido archivados. Se ha detenido a tantas personas que El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.

Los últimos cinco años se han denunciado detenciones arbitrarias de inocentes, torturas y muertes de detenidos: con Bukele, las fuerzas de seguridad pueden detener a cualquier persona sin orden judicial con pruebas tan endebles como una denuncia anónima, el gobierno tiene acceso ilimitado a las comunicaciones privadas y los detenidos pueden ser recluidos sin cargos.

La oposición ha calificado al presidente de ser un autócrata moderno. Y él, en respuesta, se ha jactado de su abuso de poder en varias ocasiones: "Soy el dictador más cool del mundo", ha llegado a pronunciar. Bukele ha advertido de que un voto a favor de la oposición significaría una vuelta al pasado: "La oposición podrá lograr su verdadero y único plan, liberar a los pandilleros", dijo en un vídeo semanas antes de las elecciones.

Una mujer sostiene un cartel con fotos de personas que murieron detenidas en una protesta ante la Fiscalía General de El Salvador.

Una mujer sostiene un cartel con fotos de personas que murieron detenidas en una protesta ante la Fiscalía General de El Salvador. Reuters

Pero los otros partidos que concurrían a las elecciones de este domingo han negado tales acusaciones durante la campaña. "Es totalmente falso que queramos liberar a los miembros de las bandas. Queremos dejar salir de la cárcel a inocentes e investigar con el debido proceso", afirmó Claudia Ortiz, diputada del partido conservador Vamos. Aun así, la oposición a Bukele no ha logrado persuadir a la aplastante mayoría de los 5,5 millones de electores. 

Laura, una maestra que no quiso dar su apellido a Reuters, dijo antes de votar: "[Las autoridades] pueden llevarse a cualquiera en cualquier momento y hacer lo que quieran. Esto no es democracia". Aun así, reconoció a regañadientes que votaría a Bukele, ya que no había "ninguna opción buena". Las urnas han demostrado que no hay una fuerza política que logre mínimamente competir contra Nuevas Ideas: ni el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de Manuel Flores —exguerrillero de izquierdas—, ni la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de Joel Sánchez —outsider conservador—, los dos grandes partidos tradicionales, han sabido rascar votos al 'dictador cool'. Tampoco Nuestro Tiempo, la Fraternidad Patriótica Salvadoreña ni Fuerza Solidaria.

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Un examen de Economía

Junto con el plan penitenciario y de seguridad, la otra medida insignia de Bukele en su primer mandato fue adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Esto ha revalorizado El Salvador y ayudado a impulsar el turismo, pero apenas ha mejorado la vida de los salvadoreños: un 88% de la población no utilizaba la moneda digital en 2023, y en su lugar vivía preocupado de la volatilidad de la criptomoneda en una economía basada en el dinero en efectivo en la que muchos viven al día.

La situación económica en El Salvador está lejos de ser próspera, y preocupan la falta de empleo y el aumento de los costos de la vivienda y los alimentos. La pobreza extrema y el hambre aumentaron durante el primer gobierno de Bukele, y la deuda del Estado se disparó. El 32,8% de los salvadoreños considera que el "principal problema que afronta" su país es la economía, mientras que el desempleo alcanza el 17,3%.

Un hombre paga por una bebida en un mercado de Bitcoin en la playa El Zonte de Chiltiupán.

Un hombre paga por una bebida en un mercado de Bitcoin en la playa El Zonte de Chiltiupán. Reuters

Los próximos cinco años con Bukele al mando serán un examen de Economía para su modelo, y, sobre todo, de democracia. Los ataques a la Justicia, el control de la Asamblea Nacional y la erosión de las libertades civiles han sido el medio para llevar a cabo una gran hazaña: cortar de raíz los problemas de violencia pandillera en El Salvador.

El país —traumatizado por los 105 homicidios por cada 100.000 habitantes que se alcanzaron en 2015— ha dicho este domingo que, en esa balanza entre seguridad y libertades, siguen prefiriendo lo primero como en 2019. Ahora queda por ver si el precio que tendrá que pagar por ello la democracia salvadoreña seguirá aumentando los próximos años.