Los 65.000 presos de Bukele o el debate en El Salvador: "Los ciudadanos prefieren paz a derechos"

Este es el cartel que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, escogió el pasado lunes 27 de marzo para celebrar que el país lleva un año bajo el estado de excepción. Esta medida, tomada para acabar con la violencia en las calles tras una ola de 87 asesinatos en un fin de semana y prorrogada hasta en 11 ocasiones, ha privado a los ciudadanos de ciertas libertades y garantías fundamentales, como el derecho a la defensa jurídica o a ser informado de los motivos de una detención. También ha permitido al Gobierno meter entre rejas a más de 65.700 personas (cerca del 2% de la población) en tiempo récord. 

El ejército patrulla a diario las calles y realiza arrestos masivos en lo que se ha declarado abiertamente como una guerra contra las pandillas. Sin embargo, la mayoría de salvadoreños no tienen quejas: donde ahora se imponen los militares, antes lo hacían las maras. Esas bandas criminales, llegadas de la periferia de Los Ángeles en los 90 y vinculadas con actividades como el narcotráfico, llevan tres décadas aterrorizando a los ciudadanos de la región conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica. 

Hace unos años, El Salvador llegó a convertirse en el país sin guerra declarada con la tasa de homicidios por cada 100.00 habitantes más alta del mundo. Este 2023, en cambio, ya no hay rastro de pandilleros armados con ropa holgada y tatuajes en el rostro. La Mara Salvatrucha-13, el Barrio 18 y otras bandas minoritarias han dejado de operar en los barrios más marginales. Con su estrategia represiva, el Gobierno de Bukele ha conseguido desarticular las pandillas y asegura que la cifra de asesinatos se ha reducido casi a cero y que los casos de extorsiones y robos han descendido. La tasa de la que ahora alardean las autoridades es la de encarcelamientos; la más alta del planeta, según World Prison Brief. 

Así, los datos oficiales no dejan lugar a dudas: la estrategia de Bukele parece estar siendo efectiva. No obstante, está lejos de ser nueva. Según explica Salvador Martí, investigador del CIDOB experto en Latinoamérica, al acabar la guerra civil en 1992 se aplicaron durante casi una década medidas muy punitivas contra las pandillas bautizadas como políticas de "mano dura" e incluso de "súper mano dura".

En este sentido, "Bukele ha recuperado el discurso tradicional con la diferencia de que a él no sólo no le importan los derechos humanos, sino que hace gala de tener a miles de presos hacinados en pésimas condiciones", sostiene Martí a EL ESPAÑOL. 

El experto se refiere a las imágenes procedentes del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega prisión con capacidad para 40.000 reos y construida en apenas siete meses que abrió sus puertas en febrero. Para promocionar el complejo presidiario, el presidente salvadoreño, adicto a Twitter, difundió un vídeo en el que se puede ver 2.000 pandilleros semidesnudos, con los brazos y el torso tatuados y la cabeza rapada corriendo desorientados al compás de las órdenes de los carceleros. "Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población", escribió Bukele en la publicación. 

Son muchas las organizaciones internacionales de derechos humanos que han criticado las medidas adoptadas durante el régimen de excepción. Un informe de Human Rights Watch y Cristosal evidenciaba a inicios de este año "abusos a gran escala" en los centros penitenciarios del país. Violaciones del debido proceso judicial, falta de garantías, detenciones masivas arbitrarias, desapariciones, hacinamiento extremo y muertes bajo custodia son algunas de las denuncias recogidas en el texto y constatadas, entre otros, por investigaciones periodísticas de medios locales como El Faro.  

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67.000 presos, ¿un cupo?

En El Salvador, llevar un tatuaje o tener antecedentes penales, sean del tipo que sean, puede ser motivo de detención bajo el régimen de excepción. Ahora, incluso los niños mayores de 12 años pueden ser arrestados y condenados a hasta 20 años de cárcel. Eso ha permitido al Ejecutivo ir acercándose a la cifra de 76.000 presos, el número de pandilleros que el Ministerio de Justicia y Seguridad calcula que hay en el país. "Están cumpliendo una especie de cupo", explica Irene Cuéllar, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional (IA), que denuncia abusos en el proceso judicial. Y es que la mayoría de los encarcelados están en prisión provisional y todavía no ha recibido ni una audiencia preliminar ni cargos por pertenecer a una organización terrorista. 

Presos trasladados a la mega prisión en El Salvador. Reuters

"Hasta la fecha hay documentadas 132 muertes bajo custodia del Estado; personas que no habían sido acusadas formalmente de nada", denuncia Cuéllar. "Muchas de las que han sido puestas en libertad provisional -unas 5.000, según los datos oficiales- dicen haber sido víctimas de malos tratos durante los meses en los que estuvieron presos en condiciones infrahumanas", detalla la investigadora, que recuerda que los informes médicos de los fallecidos apuntan que los cuerpos presentaban cicatrices y golpes. 

Exportando el "método Bukele"

Las denuncias de violaciones a derechos humanos y la reducción de las libertades en un contexto de régimen de excepción no han hecho mella en la reputación de Bukele. Al revés: desde que declaró la guerra a las pandillas, la popularidad del presidente no ha dejado de crecer. 

Al menos así lo sugieren encuestas como la de la firma CID Gallup, que le encumbra como el presidente con "mejor desempeño" en Latinoamérica con un 86% de apoyo. Otra consulta, realizada por la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica, señala que el 91% de los salvadoreños aprueba las medidas tomadas por Bukele este último año.

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Coincide con él Rogelio Núñez, investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano experto en América Latina: "En una sociedad que desde hace años vive con miedo diario a ser asaltada, extorsionada o asesinada, Bukele ha sabido articular una demanda ciudadana". Así, Bukele ha sabido explotar la dicotomía entre seguridad y democracia, aunque eso implique convertir al Estado en un victimario más, como explicaba en este periódico Erika Rodríguez Pinzón.

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Lejos de ser fruto de la suerte, para el experto, la habilidad de Bukele proviene de los años en los que trabajó en el mundo de la publicidad y el marketing. Una experiencia que durante su mandato ha llevado al extremo en las redes sociales, que él utiliza como herramienta para comunicar, pero también para legislar. "Su formación como publicista y su enorme olfato político le han permitido darse cuenta de que lo que más preocupa a la gente es la inseguridad por encima de cualquier otra cosa", subraya Núñez. 

Es precisamente esa sensación de seguridad que se ha creado en las calles de El Salvador lo que Bukele utilizará para presentarse de nuevo a las elecciones el próximo 4 de febrero de 2024. La Constitución impide la reelección de un presidente, pero tras conseguir una mayoría abrumadora en la Asamblea Legislativa en 2021 y realizar una purga judicial a su gusto (expulsó a cinco jueces en pocos días) Bukele logró que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la mayor autoridad judicial del país, diese luz verde a "que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión". 

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El éxito que está teniendo la estrategia de seguridad en El Salvador es tal que algunos países vecinos han comenzado a copiarla. Es el caso de Zury Ríos, candidata a la presidencia de Guatemala como representante de la derecha conservadora, que ha propuesto replicar la estrategia de seguridad de Bukele si sale elegida.

En la misma línea, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró en diciembre un estado de excepción que restringe los derechos de los ciudadanos para combatir la criminalidad. Poco después, Jamaica impuso la misma medida en Kingston, la capital. "El 'método Bukele' se está exportando a escala latinoamericana", asegura Núñez, pero matiza: "habrá que ver cuánto tiempo el Gobierno, que tiende a ser cada vez más autoritario e iliberal, es capaz de mantener las drásticas medidas del estado de excepción".