Mujeres en las 'colas del hambre': trabajo precario, familia a su cargo y agotados todos los recursos

Es la imagen más chocante para visualizar la pobreza, pero solo la punta del iceberg. Colas de personas esperando para recibir una cesta de alimentos básicos que no pueden adquirir de otra manera.

Las llamamos 'colas del hambre' pero para combatir el estigma expertas y organizaciones prefieren hablar de 'inseguridad alimentaria'. Es una realidad de la que las mujeres son protagonistas: son mayoría en esas filas y también en el casi 30% de personas en España en situación de exclusión.

La mayor vulnerabilidad económica o laboral de las mujeres en general y de las que tienen responsabilidades familiares en particular se debe a muchos factores. Algunos son estructurales, ya que ellas suelen tener peores trabajos y con menos sueldos.

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Otros son generales, y se refieren al incremento general de la desigualdad en España (en el mundo, en realidad) a raíz de la crisis económica de la COVID19. Pero hay algunos muy específicos.

Informes como el de El Estado de la Pobreza, de Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES por sus siglas en inglés) advierten que los datos predicen una mayor tasa de riesgo de exclusión social: tener menores a cargo y/o tener entre 16 y 29 años. Son los segmentos de población con menor renta y más vulnerables en cuanto a derechos como el de la vivienda o… la alimentación.

"Una de las cuestiones claves y que hemos visto en los datos del informe de Cáritas de 2022 es que el riesgo de pobreza sigue siendo más elevado en los hogares encabezados por mujeres", explica a MAGAS Noelia de Pablo, responsable del programa de Mujer de Cáritas Española. "Hablamos de mujeres con trabajos, pero muy precarios, y que tienen dificultades para acceder a la vivienda u otro tipo de recursos".

En España, "el 80% de las familias monoparentales tienen una mujer a cargo. Esto explica por qué la feminización de la pobreza va de la mano de la pobreza infantil", añade Sonia González, directora adjunta de Acción Social en España en Acción contra el Hambre.

Nos insiste, además, en que "hasta que una persona llega a un programa de entrega de alimentos pasan una serie de situaciones. La esa cola es la punta del iceberg, antes ha tenido que tomar decisiones para poder seguir adelante. En muchos hogares, aunque estén los dos progenitores, las mujeres asumen esa labor de reajustar el presupuesto, de elegir qué se paga y qué no, si nos saltamos comidas… o qué miembros de la unidad familiar comen más o comen menos".

Desde Acción contra el Hambre plantean que en nuestro país "actualmente la inseguridad alimentaria, que se refiere a ese todo y no solo a lo que llamamos 'colas del hambre', es un problema que en buena parte está oculta, del que no tenemos todos los datos para poder intervenir, y cuya gestión doméstica recae en los hombros de las mujeres".

Los datos del informe de EAPN sobre la pobreza en España en 2023 arrojaban la preocupante cifra de un 26,5% de la ciudadanía en riesgo de exclusión, lo que supone más de 12 millones de personas y, aunque mejor 2021 y 2022, sigue siendo peor que prepandemia.

Pero al desglosarlo por género salta un llamativo: los hombres son un 25,5% y las mujeres un 27,5%. Por muy poco, pero ellos están por debajo de la media y ellas por encima. Y los hogares monoparentales llegan hasta el 57%.

¿Cómo se interviene, además, contra el estigma que sienten las personas en esta situación, sin dejar de garantizarles un acceso a unos derechos mínimos? De Pablo, de Cáritas, insiste en que la necesidad de "trabajar por la dignificación del derecho a la alimentación. Es importante trabajar por propuestas más allá del reparto de alimentos". Un ejemplo serían las tarjetas solidarias, que permiten a las mujeres o a las familias gestionar su propio consumo y además inciden de forma positiva en su entorno y el comercio local.

Subraya que "el perfil es más variopinto de lo que se piensa, aunque tengan en común ser mujeres podemos tener migrantes o españolas a partes iguales". Para De Pablo "son personas muy fuertes, muy trabajadoras, personas que están ahí, que luchan día a día por sus derechos, pero que no tienen acceso a ellos".

Sonia González de Acción contra el Hambre añade la necesidad de "un pacto social contra la pobreza" que analice "la efectividad de las políticas públicas. Hay problemáticas de las que no se toman datos y por tanto es imposible actuar contra ellas. Saber cuántas mujeres, o personas en general, acuden a programas de recogidas de alimentos no sirve para nada, porque lo que hay que atajar es el problema que lleva hasta ahí. Los programas de ayudas que controlan en qué se gasta el dinero la gente, en lugar de buscar la forma de sacarlos de la exclusión".

Por eso hay casi unanimidad entre las organizaciones del sector en abarcar la inseguridad alimentaria como un todo, que incluye también el momento en que se empiezan a consumir alimentos de menor calidad o en que las familias se saltan comidas, y sobre todo poder prestar asistencia antes de que llegue ese momento.

En concreto Acción contra el Hambre pide aplicar el indicador FIES (escala de experiencia de inseguridad alimentaria, por sus siglas en inglés) que utiliza la FAO, la organización la ONU contra el hambre en el mundo, y que se usa internamente en la mayoría de países de América Latina o los mismos Estados Unidos.

Así, González pide irse a la raíz del problema, además de la lucha contra la desigualdad vertical (ricos y pobres, simplificando) y horizontal (en cada segmento, entre hombres y mujeres): "es necesario poner el foco en las políticas activas de empleo dirigidas a la población con mayor dificultad de acceso y mantenimiento al mercado laboral. No puede ser que hayamos acuñado un nuevo término, que son los trabajadores pobres. El mercado laboral no puede mantener a la gente en situación de pobreza. Tener empleo debería ser una garantía de mejora de las condiciones vitales".