Málaga abre la puerta a que promotores privados hagan 1.168 pisos sociales por un máximo de 226.000 euros

El Ayuntamiento de Málaga da el último paso para poner en el mercado suelos en la zona de expansión de la ciudad para la construcción de 1.168 viviendas a precio asequible. Con este objetivo, el Consistorio sienta las bases para la venta mediante subasta pública de un total de trece solares en dos de los sectores inmobiliarios más pujantes de la capital de la Costa del Sol: Distrito Zeta y Cortijo Merino. 

De acuerdo con los datos dados a conocer este lunes por el alcalde, Francisco de la Torre, esta acción va en la línea del programa de impulso de la vivienda de protección oficial en el que viene trabajando el equipo de gobierno desde inicios del mandato. El regidor ha anunciado para mayo la celebración del Consejo de Administración del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) que dará luz verde a la enajenación de estos bienes.

Una de las novedades del procedimiento es que el Consistorio no va a cobrar en euros, sino que recibirá 163 viviendas. Eso es lo que va a obtener por la permuta de las trece parcelas (siete en Cortijo Merino, con capacidad para 562 pisos protegidos y seis en Sánchez Blanca, con 606 inmuebles), que están valoradas en 25 millones de euros. 

El concurso planteado incluirá un total de seis lotes, tres por sector. Y en cada uno de ellos se delimitará un lote para precio limitado (167 VPO en Cortijo Merino y 147 en Distrito Zeta) general (114 en Cortijo Merin y 147 en Distrito Zeta) y especial (281 en Cortijo Merino y 312 en Distrito Zeta). Según ha desvelado el regidor, se abre la posibilidad de que los futuros promotores puedan ejecutar viviendas tanto en venta como en alquiler. Las firmas interesadas pueden optar a cualquier lote.

Conforme a la tipología de viviendas establecida, los destinatarios serán inscritos en el registro municipal con ingresos de hasta 3,5 el IPREM (605 unidades de régimen especial), 4 veces el IPREM (249 viviendas en régimen general) y 5,5 veces el IPREM (314 viviendas a precio limitado).

A la espera de que se conozcan los detalles del pliego de condiciones que va a regir la adjudicación de las parcelas, se quiere primar de manera clara a aquellas empresas que rebajen el precio máximo de venta de las unidades. Asimismo, se quiere premiar la eficiencia energética en los futuros proyectos.

De la Torre ha insistido en que el deseo del Ayuntamiento es que esta operación "avance rápido, para que haya pronto viviendas sociales en la ciudad". Es por ello por lo que ha recordado que en el Distrito Zeta el proyecto de urbanización está muy avanzado, en el caso de Cortijo Merino la previsión es que arranque de manera inmediata.

El calendario que maneja el Consistorio apunta la posibilidad de que los primeros trabajos de construcción en las unidades de Distrito Zeta puedan iniciarse en abril o mayo de 2025. Más incertidumbre existe en el caso de Cortijo Merino dado el estado en el que se encuentra este proyecto. En ambos casos, la idea es que las obras duren unos dos años.

Revisión de los módulos

La decisión del Ayuntamiento de ir adelante con este proceso se produce pocos meses después de que la Junta de Andalucía haya modificado el precio de los módulos de vivienda de protección oficial en Andalucía, respondiendo de este modo a la reclamación del sector privado.

Conforme a los nuevos parámetros, las viviendas de precio limitado podrán alcanzar los 226.565,4 euros, 28.646 euros más que con los anteriores módulos. El régimen especial pasa a tener un valor máximo de venta (70 metros, aparcamiento y trastero) de casi 170.000 euros. Pueden optar a las mismas quienes tengan unos ingresos máximos de 24.318 euros. 

¿Qué ocurre con las VPO de régimen general? Su precio, con la actualización de los módulos, crece hasta los 192.580,59 euros, estando abierta su adjudicación a quienes tengan ingresos de hasta 32.425,12 euros.

La actualización de los valores hace que, por ejemplo, a la compra de una VPO a precio limitado, las más caras, puedan optar solicitantes que ganen hasta 44.584,54 euros (hasta 5,5 IPREM). Hasta la llegada de los cambios, los ingresos máximos permitidos eran de unos 41.000 euros.

Se da la circunstancia, incluso, de que la variable de los ingresos del comprador puede llegar hasta los 56.743,96 euros (hasta 7 IPREM) para nuevos adjudicatarios y una vez se haya agotado una primera relación de solicitantes.