La operación residencial de El Perchel en Málaga: modelo a seguir para colectivos antidesahucio de toda España

Como si de un cuento de Disney se tratase, la historia de los vecinos de Callejones del Perchel acaba con final feliz. Al menos para la mayoría de ellos. Aunque se ignora si comerán perdices, se da por seguro que habrá brindis para celebrar el acuerdo que permitirá a la promotora madrileña Dazia desarrollar la potente promoción inmobiliaria para la que, a finales de 2021, compró varios bloques de este histórico barrio de la capital de la Costa del Sol.

Los mismos que en su día fueron tachados de "especuladores" y de buscar a toda costa la expulsión de los vecinos, se encuentran ahora con el reconocimiento social por la labor desarrollada, que ha permitido, no sin dificultades, encontrar puntos de entendimiento con todos los residentes. No sólo con los que tenían firmados contratos de renta antigua, amparados por la legislación, sino también con aquellos de renta moderna.

Esta circunstancia ha hecho que la operación de El Perchel sea considerada por muchos como "modélica". El impacto de la misma no sólo se aprecia en la propia ciudad, sino que ha trascendido sus fronteras. El que fuera Defensor del Ciudadano de Málaga y que en estos años ha actuado como representante de los vecinos, Francisco Gutiérrez, pone el acento en esta circunstancia.

"Me han estado llamando de otros muchos sitios de España para conocer más detalles sobre el modo en que se ha desarrollado esta operación y los acuerdos alcanzados", explica Gutiérrez. De facto, se reconoce que este acuerdo puede suponer un hito para otras situaciones similares que se están produciendo en otras provincias españolas, "demostrando que el camino no es el desahucio forzoso de los inquilinos, sino que es posible llegar a un acuerdo y a la negociación".

El complejo escenario vivido con los vecinos de El Perchel y Dazia, en el que incluso la promotora tuvo que retirar dos demandas de desahucio para allanar el camino, tiene este martes un acto más que simbólico con la organización de un encuentro festivo y gastronómico en el propio barrio. Una cita en la que está prevista la presencia de los residentes afectados, así como de los representantes de la promotora madrileña.

La posición favorable de Dazia al diálogo, sumada a la presión ejercida por los propios vecinos, ha hecho que quede completado el puzle de una operación que, en breve, debe avanzar con la demolición de los antiguos y deteriorados bloques de las calles Malpica y Montalbán. 

Ello después de que la firma haya firmado acuerdos de desalojo con la práctica totalidad de los 50 residentes afectados. A cambio, en el caso de inquilinos de renta antigua, Dazia ha asumido el pago de una indemnización de 170.000 euros por vecino. Pese a lo elevado de la suma, hay tres que mantienen su negativa a abandonar sus pisos, al considerar que se trata de "poco dinero". Desde la promotora se le ha comunicado por escrito que la oferta económica no va a subir.

"No me causa rubor reconocer que la actitud de la empresa ha sido ejemplar", admitía semanas atrás Francisco Gutiérrez, quien incidía en que lo sucedido en Callejones del Perchel "debería ser un ejemplo a seguir por otras muchas empresas". 

Llamadas de Barcelona, Madrid, Valencia...

Entre los que han descolgado el teléfono, explica, varios defensores de personas de Cataluña (Síndic de Greuges), que se vienen enfrentando a situaciones parecidas a la de El Perchel. "Y me han llamado personas de colectivos de Stop Desahucios de Madrid y Valencia", añade. A esto se suma varias charlas dadas por Gutiérrez en casi todas las provincias andaluzas. En algunas de ellas el proceso de gentrificación, caso de Cádiz o Sevilla, es bastante acusado.

El representante de los vecinos eleva el valor de lo ocurrido en Málaga no sólo por el acuerdo, sino por la dimensión del mismo. "Todas sabemos de acuerdos individuales que han permitido el desahucio de esa persona, pero un acuerdo con 50 vecinos no creo que haya ninguno en España", expone.

A su juicio, es esencial que las promotoras que deciden intervenir sobre zonas ya habitadas tienen que tener en cuenta la situación de los vecinos. "Lo mismo que tasan los terrenos y los gastos de los proyectos, deben disponer un fondo para atender a los vecinos que tienen contratos, que llevan 30 y hasta 80 años viviendo en el mismo lugar", opinaba, destacando: "Es un caso ejemplar porque en lugar de estar ahora con la policía en la puerta, con porrazos y con Málaga en los medios por el desahucio a la fuerza de 50 vecinos, se ha conseguido un acuerdo muy favorable".

De los 37 vecinos con contratos de renta nueva, la solución ha incluido la búsqueda de viviendas sociales en la zona de Trinidad-Perchel, con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, dada su condición de población vulnerable. A esto se ha sumado el pago de 2.000 euros por vecino para ayudar en los gastos de mudanza.