Tres escritos para salvar los más de 135 años de Antonio Martín, histórico restaurante de Málaga

Si finalmente la piqueta acaba con los 135 años de historia del emblemático restaurante Antonio Martín, levantado en la zona de La Malagueta, en Málaga capital, no será porque la Junta de Andalucía no ha tratado de evitarlo.

Tres son hasta la fecha los escritos que la Administración regional, con el apoyo claro del Ayuntamiento de la ciudad, ha remitido a la Dirección General de Costas con el objetivo de que anule o modifique la resolución mediante la que ordenaba el desalojo y posterior demolición del inmueble.

A los documentos remitidos el 3 de diciembre del año pasado y el 24 de enero de este ejercicio, se suma ahora otro fechado el 15 de junio. Con la remisión de este escrito, el Gobierno andaluz reitera su convencimiento en favor de la continuidad de la construcción objeto de discusión, incidiendo en que hay razones de “interés público” para actuar de este modo.

Para apostillar esta posición, se refleja la comunicación emitida por el Ayuntamiento el pasado 1 de junio, en la que se subraya el valor del restaurante, al ser "ampliamente valorado y reconocido por la población de Málaga". En este escenario, el Consistorio solicita su mantenimiento al encontrarse integrado en la ciudad consolidada y estar recogido en la planimetría de la ordenación urbanística del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Málaga.

A ello se suma otro elemento clave y que había sido demandado por Costas en respuestas anteriores. De acuerdo con las explicaciones del Ayuntamiento, Antonio Martín no afecta al proyecto Plan Málaga Litoral, que se encuentra en fase de diversos estudios previos, ejecución de análisis y anteproyectos "sobre la viabilidad económica de la operación y las diferentes piezas que la componen". Por este motivo, desde la Casona del Parque insisten en que la permanencia del edificio "no es un elemento que afecte al impulso del citado proyecto".

Con estos elementos sobre la mesa, como ya hiciera a finales de enero, la Delegación de Sostenibilidad vuelve a solicitar a Costas que "reconsidere el pronunciamiento de levantamiento de las instalaciones", arguyendo que en la resolución de extinción de la concesión aprobada por la propia Junta, posteriormente confirmada por sentencia judicial, se optaba por mantenerlas y no por demolerlas.

Para sustentar esta tesis, se reproduce parte del contenido de la resolución, en la que se señala: "Decidir el mantenimiento de las obras e instalaciones, incluidas en dicho título de concesión, dado que se mantiene el interés público de las mismas". 

A esto se añade: "Y esto fue así decidido porque en los antecedentes de hecho cuarto de la Resolución de extinción se hace constar que con fecha 26-10-2010 la propia Dirección General de Costas y el Mar propuso '1º Declarar la extinción de la concesión. 2º Ordenar a la Demarcación de Costas que levantara acta de Reversión al Estado de los bienes comprendidos en la concesión, y 3º Ordenar el mantenimiento de las instalaciones existentes…". 

Es por ello por lo que la Junta entiende que el pronunciamiento sobre la continuidad de las instalaciones "tiene unos antecedentes" que podrían ser mantenidos tras el reconocimiento por parte del Ayuntamiento del interés público, así como a un nuevo posicionamiento sobre la afectación del Plan Litoral. 

Asimismo, en el escrito oficial de la Junta se recuerda que hay en trámite la petición de una nueva concesión por parte de Explotaciones de Concesiones de Hostelería de Málaga y Andalucía, S. L. Un movimiento que es considerado como "un refuerzo en la idea de que esas instalaciones se deban mantener".

La cruzada que en los últimos meses protagonizan la Junta y el Ayuntamiento para proteger el histórico restaurante tiene su origen a finales del pasado año, cuando se conoció la decisión de Costas de ordenar el desalojo y posterior demolición, amparando tal planteamiento en una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmaba la decisión de la Junta de dar por extinguida la concesión original que pensaba sobre el inmueble.