Las tractoradas se han convertido en una estampa bastante habitual en España en las últimas décadas, con cortes de carreteras y colapsos de las principales ciudades. Los agricultores protestan hoy en día contra las exigencias medioambientales de Europa y reclaman precios más justos para sus producciones, un mayor control de las importaciones de fuera de la UE, ayudas por la sequía o una reducción de la burocracia. Un pulso entre el campo y las administraciones que tuvo otro episodio hace ahora 90 años, en tiempos de la Segunda República.
En el mes de mayo de 1934, la tensión en el campo era insostenible. Las reformas políticas adoptadas por el nuevo Gobierno de Lerroux habían afectado gravemente a la situación del campesinado, que veía cómo sus salarios se degradaban y el paro aumentaba a raíz de la derogación de una serie de leyes que brindó gran libertad a los propietarios a la hora de contratar. "Tierra y trabajo para todos" o "vale más morir como león que vivir como borrego" fueron algunas de las consignas que se extendieron entre los obreros llamando a un paro general, el primero que desbordaría el ámbito regional.
La Federación de Trabajadores de la Tierra (FETT), sindicato que formaba parte de UGT, convocó de forma autónoma una huelga que empezaría a las seis de la mañana del martes 5 de junio, justo antes de la época de cosecha. La protesta, como defendió un diputado socialista en las Cortes, se alzaba contra "el envilecimiento de los jornales y la persecución feroz de que, por razones políticas, se hace objeto a nuestros afiliados en el campo". Según explica Ricardo Robledo en La tierra es vuestra (Pasado&Presente), este acontecimiento "presenta el punto de inflexión más importante en la historia agraria republicana".
Mujeres campesinas en los años de guerra.
La huelga gozó de un mayor seguimiento en el sur de España, pero terminaría siendo un fracaso. Por un lado, influyó el desacuerdo interno dentro de los sectores socialistas sobre la oportunidad de la protesta. A ello se sumó una exitosa estrategia represiva puesta en marcha desde el Gobierno, especialmente por Rafael Salazar Alonso, ministro de la Gobernación y considerado l'enfant terrible de la República. A juicio del político radical, la propuesta de paro en el campo era un "movimiento obviamente revolucionario" y lo interpretaba como el "comienzo de la revolución social". "Estoy entregado, consciente de las enormes responsabilidades que pesan sobre mí, a la tarea de tratar de aplastar estos intentos", presumía quien se hacía llamar "el caudillo".
"Todos sus esfuerzos se dirigieron a conseguir el fracaso de la huelga campesina por tres medios: la ruptura de un acuerdo para suspender la convocatoria, la declaración de la cosecha como servicio público (decreto de 29 de mayo) y la represión", detalla Robledo sobre Salazar Alonso en su importante estudio, publicado el añado pasado y que radiografía de forma novedosa la intrahistoria del conflicto agrario español durante la primera mitad del siglo XX.
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Según el historiador, dicha normativa suponía en la práctica privar a los trabajadores del derecho de huelga y facilitar su ingreso en la cárcel ante cualquier reivindicación. "El mercado de trabajo funcionaba, pero en una sola dirección, la de la indefensión del trabajador, pues los derechos de Reunion y asociación —que ya estaban limitados por el estado de alarma (implantado el 25 de abril y prorrogado hasta el 25 de junio)— se restringieron aún más, mientras que se incrementaban las penas; además, se implantó la censura de prensa".
Diputados detenidos
Los ministros de Agricultura y Trabajo, con el apoyo del presidente del Consejo de Ministros, realizaron una serie de concesiones con el ánimo de evitar el enfrentamiento. Sin embargo, el 3 de junio, la FNTT reclamó que los términos aplicados durante la época de cosecha, como el salario, debían extenderse también al resto del año, algo que acababa con toda posibilidad de acuerdo. Como admitiría el diputado socialista Juan-Simeón Vidarte, el objetivo del sindicato consistía en demostrar su "enorme fuerza" y conseguir un "triunfo", pero en realidad la mayoría de sus líderes estaban convencidos de que la interrupción desembocaría en una revolución social. Los trabajadores del campo estaban frustrados tras tres años de República sin apenas señal de reforma agraria y se sentían todavía más indefensos ante la victoria de las derechas en las elecciones de 1933.
A pesar de los intentos de última hora, la huelga agraria, que se registró en el contexto del ascenso del fascismo español, liderado por José Antonio Primo de Rivera con un acto militar dos días antes en Estremera, salió adelante y duró de forma efectiva poco más de una semana, aunque oficialmente se prolongó hasta el día 20. Hubo 16 muertos, cientos de heridos y varios miles de detenidos —en provincias de Badajoz, Córdoba y Jaén pasaron de 5.000—. Además, se destituyeron varios centenares de ayuntamientos y se cerraron numerosas Casas del Pueblo. Durante esas jornadas se generalizaron las multas y los registros para defender la "economía nacional".
Salazar Alonso (de pie, cuarto por la izquierda) en una reunión del Comité Ejecutivo del Partido Republicano Radical en mayo de 1934.
Entre los arrestados se contabilizaron tres diputados socialistas. Hernández Zancajo describió así su detención: "Si no se deja usted cachear —me dijo agarrándome por la solapa de la americana— le voy a dar una 'hostia', y como Guardia Civil y como hombre, le levanto la tapa de los sesos si se pone tonto". Otro parlamentario comunista fue retenido y recibió una paliza: "Los jefes, por toda contestación, se dirigieron a las fuerzas de Asalto que estaban situadas detrás de mí y dijeron: '¡Duro con él!' [...] Al oír estas palabras, cayeron sobre mí dándome golpes hasta que se cansaron...".
"La huelga de junio de 1934 no fue solo la huelga del sector económico más importante, sino, sobre todo, la oportunidad para debilitar a las organizaciones campesinas socialistas, objetivo que también perseguían otros, como Gil Robles [líder de la CEDA] y las fuerzas sociales que le apoyaban", resume Ricardo Robledo. "Esto se consiguió con el estado de alarma, el decreto de 29 de mayo y la circular de la Fiscalía que, al tipificar la acción huelguística como 'sedición' o 'rebelión', llevaba en la práctica a militarizar a los jornaleros y a los delegados gubernativos que entraban con pistola en la Casa del Pueblo para ordenar la vuelta al trabajo".
Según el profesor titular en la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrático de Historia Económica en la Universidad de Salamanca, los efectos de la huelga agraria fueron importantes. "Por una parte, se profundizó en la senda autoritaria y represiva, mientras que la dinámica de la protesta alentó nuevas formas de movilización, con protagonismo femenino, que potenciaron las que tuvieron lugar durante el periodo del Frente Popular". De hecho, las instrucciones que se dieron para la ocupación de tierras y miles de fincas en Extremadura el 25 de marzo de 1936 recordaban las de dos años antes.