El 17 de julio de 1936, Rafael Salazar Alonso fue al teatro y luego, como de costumbre, participó en una tertulia en el Café Molinero, situado en la céntrica Gran Vía de Madrid. Al mismo tiempo, en el Protectorado de Marruecos, los militares rebeldes iniciaban la insurrección que desembocaría en una guerra civil. Nada conectaba al político republicano, ministro de la Gobernación unos meses durante el bienio radical, con la preparación del golpe. Pero existía el riesgo de que su significación política, como le advirtieron ese día sus conocidos, provocase una "explosión popular" contra él. Debía huir, esconderse. Y lo logró, pero por poco tiempo.
Dos meses más tarde, al alba del 23 de septiembre, después de pedir que lo afeitaran bien, Salazar Alonso fue sacado de su celda en la Cárcel Modelo y llevado ante un pelotón de fusilamiento formado por dieciséis milicianos y un público de doscientas personas. Un tribunal acababa de condenarlo por "rebelión militar" con una sentencia ratificada por el Gobierno. El político le preguntó al jefe de pelotón: "¿Se vendan los demás los ojos?"; a lo que este le respondió: "Todos no". "Pues yo tampoco", zanjó el condenado. Acto seguido exclamó: "¡Tiren! ¡Viva España!".
Rafael Salazar Alonso fue ejecutado a la edad de cuarenta años por su supuesta implicación en la insurrección orquestada contra la Segunda República. Esa es la versión oficial —una investigación judicial francesa publicada en 1937 dijo que era inocente de tal delito—. La verdadera causa de su fusilamiento se explica mejor por el rencor que le tenían ciertas organizaciones izquierdistas desde 1934, cuando acordó como ministro de la Gobernación una serie de duras medidas para frenar y frustrar la revolución. Los socialistas, de hecho, lo consideraban "el enfant terrible" de la República" y el "hombre más funesto de la política española".
Salazar Alonso era un villano para la izquierda obrera radical y, precisamente por ese motivo, fue también su víctima.
La escalofriante biografía de Rafael Salazar Alonso conforma uno de los capítulos más impactantes de Vidas truncadas (Galaxia Gutenberg), una obra coordinada por los historiadores Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío que ahonda en las raíces de la violencia política de aquellos años para comprender la brutalidad con la que se saldaron los primeros meses de la Guerra Civil. Reconstruida por el hispanista Nigel Townson, el calvario del político radical es reflejo de todas las complejidades del conflicto y de la necesidad de esquivar las interpretaciones maniqueas.
Joven radical
Tras el estallido de la contienda, Salazar Alonso estuvo oculto durante 41 días en varios lugares, incluida la casa familiar del futuro escritor Camilo José Cela. Pretendía reencontrarse con su familia en las montañas —su mujer e hijos veraneaban en el pueblo abulense de Piedralaves— y huir desde allí a Portugal con la ayuda de la embajada lusa. Sin embargo, fue descubierto en la casa de Carlos Echeguren Ocio, su antiguo secretario en el Ministerio, y acabó en la checa del palacio del marqués de Viana, cuyo responsable entonces era Melchor Rodríguez, el célebre "ángel rojo", líder de la Federación Anarquista Ibérica aunque contrario a la violencia revolucionaria. Fue entregado a las autoridades el 31 de agosto.
¿Pero por qué motivo Salazar Alonso era un villano para la izquierda obrera radical? Este joven ambicioso y trabajador —con quince años publicó su primer libro, que le valió el título de Caballero de la Real y Distinguida Orden de Isabel la Católica—, izquierdista exaltado y anticlerical confeso, quedó seducido por el Partido Republicano Radical y su líder, Alejandro Lerroux. Se convirtió primero en presidente de las juventudes de la formación y, tras ser elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid, dio el salto a la política nacional. Consiguió un escaño en el Congreso por la provincia de Badajoz en las elecciones generales de junio de 1931.
Salazar Alonso (de pie, cuarto por la izquierda) en una reunión del Comité Ejecutivo del Partido Republicano Radical en mayo de 1934.
En marzo de 1934 pasó a ocuparse del Ministerio de la Gobernación. "Salazar Alonso, convencido de que la clase trabajadora organizada (...) estaba preparando un resurgimiento revolucionario, adoptó desde el comienzo una postura rigorista y combativa en su convicción de que estaba llamado a impedir tal revolución", explica Townson. Además de autodenominarse "caudillo", implantó fuertes medidas contra las huelgas e hizo gala de una retórica incendiaria. El hispanista considera que "contribuyó innegablemente al empeoramiento de las relaciones" entre el Gobierno y la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. El ministro fue relevado de su cargo dos días antes del estallido de la revolución de Asturias.
A Salazar Alonso también le salpicó el escándalo del Straperlo —sobornos a cambio de permitir un juego de apuestas ilegal— que hundió al Ejecutivo de Lerroux a finales de 1935, aunque fue el único diputado radical al que no se consideró culpable. En los comicios de febrero de 1936 ya no salió elegido. Cuando fue encerrado en una celda del sótano de la Cárcel Modelo, aún no había logrado limpiar su nombre de estos hechos. "Straperlo", "déjame a mí y yo lo mato", "mañana te saludaré yo", le gritaron desde el pasillo, según anotó en el diario que escribió durante su reclusión hasta la misma mañana de su muerte.
Sentencia de muerte
Rafael Salazar Alonso fue sometido a dos juicios sumarísimos por un tribunal los días 19 y 20 de septiembre de 1936. Se le acusaba de "adhesión explícita" al golpe de Estado y de rebelión militar en base a sus publicaciones y actividades políticas. En concreto, por su libro Bajo el signo de la revolución, publicado en diciembre de 1935 y declarado ilegal poco después, en el que aseguraba que "hay que clasificarse en uno de los dos bandos que dividen a España: o revolución o contrarrevolución", y que "su política" consistía en impedir "la revolución"; una carta dirigida a José María Gil-Robles, líder de la CEDA, en la que reclamaba un "Frente Nacional" contra la "barbarie" del Frente Popular y sugería la idea de una dictadura para revertir la situación, aunque sin mencionar el papel del Ejército; otra misiva enviada al periodista de ABC Manuel Tercero y sus respuestas a una encuesta de la agencia de prensa internacional Arco en las que se reflejaban sus postulados contrarrevolucionarios.
El fiscal también denunció a Salazar Alonso, que decidió defenderse a sí mismo —estudió Derecho y era miembro del Colegio de Abogados de Madrid—, por tener contacto con personalidades y organizaciones hostiles a la República. La prueba de dicha complicidad se consideró su asistencia al entierro del líder monárquico José Calvo Sotelo, asesinado el 13 de julio, y el homenaje que le brindaron "numerosos elementos monárquicos y fascistas" con aplausos, saludos brazo en alto e incluso levantándolo en volandas. El republicano explicó durante el juicio que asistió al cortejo por "sentimiento" y "por conocerlo [a Calvo Sotelo] del Ateneo y la Academia de Jurisprudencia"; y afirmó que un gran grupo de gente lo alzó en hombros "violentamente" y contra su voluntad, pero en cuanto consiguió "desasirse se retiró a un lugar apartado". El jurado, no obstante, concluyó que recibió estas honras "complacido".
El cuerpo de Calvo Sotelo, después de ser asesinado.
En el veredicto por el que se le condenaba a muerte, el tribunal se mostró convencido de que el papel de Salazar Alonso "fue con intervención activa e inmediata en la preparación y realización del movimiento insurreccional logrado", por lo que quedaba establecida "la íntima y directa relación de causa a efecto existente entre su propaganda escrita y actuación política, con los hechos determinantes de la insurrección militar". "¡Qué error se comete con esta sentencia!", escribió el exministro en una última carta a su hermano Carlos. "La Historia reconocerá un día mi inocencia". Como recalca Nigel Townson, y pese a las contradicciones del personaje, situado entonces en "la extrema derecha del ámbito republicano", "las pruebas presentadas ante el tribunal no demostraron su vinculación con la sublevación".
Rafael Salazar Alonso fue fusilado en el patio de la prisión a las seis y media de la mañana del 23 de septiembre de 1936, dos días después de fallarse la sentencia. Según la prensa, tras la ejecución "desfilaron ante el cadáver Fuerzas de la Guardia Republicana, Asalto y Milicias", y su cuerpo fue "vejado" con "repetidas descargas entre risas, gritos e insultos". Un familiar trasladó los restos mortales hasta el Cementerio del Este, donde al término de la Guerra Civil se celebró un funeral en condiciones con la presencia de su antiguo líder, Alejandro Lerroux, auspiciada por el propio Francisco Franco.
División del Gobierno
No obstante, uno de los aspectos más llamativos de este caso son las fracturas que se abrieron en el seno del Gobierno republicano al ratificar la sentencia. En un primer momento, se votó a favor del indulto de Salazar Alonso por siete votos contra seis gracias la opinión del ministro socialista Indalecio Prieto, quien sentía "invencible aversión" hacia el condenado, pero consideraba que no había participado en la insurrección según las pruebas manejadas. Fue Mariano Gómez, el presidente del tribunal, el que alertó de que ese veredicto conllevaría graves consecuencias:
"Un motín terrible que se inciará con el fusilamiento del reo. El Gobierno, falto de medios suficientes para hacerse respetar, no podrá salvarle la vida y, al ser derrotado, su autoridad rodará por los suelos; pero no será eso lo peor. El tribunal popular, estoy segurísimo, se negará a seguir actuando y tras Salazar Alonso caerán acribillados a tiros, quizás esta misma noche, todos los presos políticos". Gómez convenció a Prieto y pidió a Largo Caballero, ya presidente del Consejo de Ministros, cambiar su voto.
Portada de 'Vidas truncadas'.
Salazar Alonso fue una de las 566 personas que pasaron por tribunales especiales de Madrid durante la Guerra Civil, creados por decreto el 24 de agosto de 1936, el día después de la matanza de la Cárcel Modelo perpetrada por un grupo de milicianos anarquistas, y para poner freno a la "justicia revolucionaria". Menos del 10% fueron condenadas a muerte, según apunta Townson. Pero además de ser vulnerable como enemigo declarado de la izquierda obrera, el hispanista apunta otra clave fundamental de su muerte: "La ejecución de Salazar Alonso no se debió a que lo consideraran culpable, sino a que el Gobierno no estaba preparado para desafiar a las milicias".