Companys y Azaña: la historia de la amnistía de 1936 que Zapatero usa de ejemplo para Puigdemont

Desde el balcón del Palacio de la Generalitat, ante la multitud que abarrotaba la plaza de Sant Jaume, el president Lluís Companys, alentado por los sucesos revolucionarios que se extendían por España, proclamó hacia las 8 de la tarde del 6 de octubre de 1934 la creación del "Estat Catalá". "Las fuerzas que hasta ahora permanecían al lado del monarquizante y fascista Lerroux —justificó— abandonan el camino del deshonor del Gobierno decadente y se suman a la revolución. La Cataluña liberal, democrática y republicana no puede estar ausente de la protesta que triunfa por todo el país, ni puede silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que, en las tierras hispanas, luchan hasta morir por la libertad y por el derecho".

Con los primeros rayos del día siguiente, Companys y su gobierno fueron detenidos por los hombres del general Batet, garante del orden de la República en Cataluña, y conducidos a los calabozos del buque Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona. El 6 de junio de 1935, el Tribunal de Garantías Constitucionales les condenó a 30 años de prisión por un delito de rebelión, que debían cumplir en los penales del Puerto de Santa María y de Cádiz. Pero no estarían ni un año entre rejas, ya que fueron amnistiados y quedaron en libertad tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.

Más de ocho décadas después de estos hechos, otro president, Carles Puigdemont, declaró la independencia de Cataluña. El 10 de octubre de 2017, en el Parlamento autonómico, proclamó el establecimiento de la "República Catalana", que antes de cumplir un minuto fue suspendida. El líder de Junts, sin embargo, no esperó en su despacho a ser detenido, como había hecho Companys, aunque el desenlace del desafío político de ambos al Estado español puede ser idéntico: una amnistía concedida por el Gobierno central.

Celebraciones por la victoria del Frente Popular en 1936.

¿Pero son equiparables la amnistía que el Ejecutivo de Manuel Azaña brindó al líder de Esquerra Republicana —y a todos los condenados por los sucesos de la llamada Revolución de Octubre— con la que ultima Pedro Sánchez para Puigdemont y así garantizar su investidura, como cree José Luis Rodríguez Zapatero?

La principal diferencia es que en 1936 la amnistía para los represaliados por los hechos de octubre y la reposición de los despedidos era la medida estrella del programa electoral de la coalición izquierdas. "Fue la bandera electoral del Frente Popular, de modo que los electores conocían que su voto serviría o no para amnistiar a los que se sublevaron contra la República en 1934", recuerda el historiador Roberto Villa García, profesor de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. "En 2023, nadie (salvo los nacionalistas) defendió la conveniencia de una amnistía y, de hecho, hasta el PSOE había defendido que era imposible porque tanto esa figura como su aplicación específica a la sedición de 2017 eran inconstitucionales".

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El mismo día en el que se conocieron los resultados de las elecciones generales de 1936, Manuel Azaña, que debió hacerse cargo del Gobierno republicano sin esperar a la constitución de las nuevas Cortes ante la dimisión de Manuel Portela Valladares, convocó como primera medida a la Diputación Permanente para plantear la necesidad urgente de legalizar la liberación de los presos con la concesión de una amnistía y aprobar un decreto sobre readmisiones e indemnizaciones a los "seleccionados" por la huelga general de octubre.

Proclamación de la Segunda República en 1931 en Barcelona. Wikimedia Commons

"Estas medidas, tomadas con el apoyo de la CEDA, se complementaron con las llamadas a los dirigentes para que pusieran fin a las manifestaciones convocando una para el día 1 de marzo, que sería a la vez celebración del triunfo y apoyo al Gobierno", detalla el historiador Santos Juliá en Vida y tiempo de Manuel Azaña (Taurus). En total, según datos oficiales, se beneficiaron de la amnistía unos 8.000 políticos, trabajadores y obreros, pero como la decisión se aplicó por la vía de urgencia y en medio de una situación de orden público deteriorada, las cárceles de todo el país se liberaron, incluidos presos con delitos comunes. La cuantía final fue de unos 30.000 reclusos en la calle.

Sumada al indulto general de 1931 y a la otra amnistía de las derechas de 1934, en los cinco años de vida de la Segunda República se aplicaron tres medidas masivas de gracia. "En realidad, aquellas experiencias desmienten la virtud pacificadora que teóricamente se les atribuye. Las tres tuvieron un coste enorme en términos de legitimidad, pues al extinguirse no sólo la pena, sino también el delito, se legalizaron todas las acciones insurreccionales contra el Poder público, al mismo tiempo que se generalizó la desconfianza en el Estado de derecho y en las sentencias de los tribunales", explica Villa García.

Imágenes de Companys preso en la Dirección General de Seguridad tras llegar a Madrid el 29 de agosto.

Lluís Companys quedó en libertad el 22 de febrero de 1936. Cinco días más tarde fue ratificado como president catalán y llegó a Barcelona, junto al resto de miembros de su Govern, el 2 de marzo. "Las tensiones entre Madrid y Barcelona se resolvieron con la anulación por el Tribunal de Garantías de la ley que suspendió el Estatuto y con la liberación de Companys y sus consejeros, condenados a treinta años de cárcel, y su inmediata reposición en el gobierno de la Generalitat", escribe Juliá en su célebre biografía sobre el presidente de la República.

Roberto Villa García, autor junto a Manuel Álvarez Tardío de la impactante 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa), cree que la amnistía de 1936 fue "especialmente grave porque constituyó una de las expresiones más drásticas de 'justicia al revés': mientras se reconocía con ella la legitimidad de los que se sublevaron en octubre de 1934, que incluso (como Companys) recuperaron sus cargos públicos, se excluía de sus beneficios a los ministros y a los funcionarios que defendieron en 1934 el orden constitucional.

"De hecho, justo por esa exclusión —añade el historiador—, varios militares y policías fueron encarcelados en la primavera de 1936 (el más famoso, Eduardo López Ochoa). Lejos, por tanto, de potenciar la reconciliación, puede decirse que la amnistía de febrero de 1936 contribuyó a dotar de apoyo social a los que en julio de ese año se sublevaron".

Relación tensa

El golpe de Estado de julio y el estallido de la Guerra Civil abrió un escenario diferente en las relaciones bilaterales entre Madrid y Cataluña. El propio Azaña manifestaría que Companys —el Gobierno de Pedro Sánchez ya aprobó en 2018 una "declaración de reconocimiento" y de "restitución de la dignidad" del president, fusilado el 15 de octubre de 1940 tras ser condenado por rebelión (otra vez) militar en un juicio sumarísimo— y su Govern se esforzaron más en alcanzar sus intereses políticos que en hacer causa común para ganar la guerra.

"Su deber más estricto, moral y legal, de lealtad política, e incluso personal, era haber conservado para el Estado desde julio acá, los servicios, instalaciones y bienes que le pertenecían en Cataluña. Se ha hecho lo contrario. Desde usurparme (y al Gobierno de la República, con quien lo comparto) el derecho de indulto, para abajo, no se han privado de ninguna transgresión, de ninguna invasión de funciones", le reprochaba el presidente de la República a Carles Pi i Sunyer, consejero de Cultura, en una reunión que mantuvieron en Madrid el 19 de septiembre de 1937.

Manuel Azaña, pronunciando un discurso en 1935. AGA

El político de ERC le acusaba de rebajar la autonomía del gobierno catalán, a lo que Azaña respondió enumerando los desafíos de Companys: "Asaltaron la frontera, las aduanas, el Banco de España, Montjuic, los cuarteles, el parque, la Telefónica, Campsa, el puerto, las minas de potasa… ¡Para qué enumerar! Crearon la Consejería de Defensa, se pusieron a dirigir su guerra, que fue un modo de impedirla, quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares, para conseguir la gran Cataluña…".

Azaña criticó la actuación de Companys calificándola como el programa ampliado de la revolución de 1934: "Han aprovechado el levantamiento de julio y la confusión posterior para crecer impunemente, gracias a la debilidad en que la rebelión militar dejaba al Estado (…) ha vivido no solamente en desobediencia, sino en franca rebelión e insubordinación, y si no ha tomado las armas para hacerle la guerra, será o porque no las tiene o por falta de decisión o por ambas cosas, pero no por falta de ganas, porque la intención está conocida".