Más de 50 periodistas critican que se investigue a varios informadores por dar noticias del 'caso García Ortiz'

El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ya ha citado a declarar, como investigados, a un periodista de 20 minutos; a dos, de El Mundo y a una, de El País. En su caso, debido a la publicación del contenido de un informe policial que recogía varios chats en los que participó Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.

Otros tantos firmantes del manifiesto publicaron informaciones similares basadas en este mismo documento. Este procedimiento se deriva de la queja formulada por la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en el caso García Ortiz.

Por otro lado, de forma paralela, existen otras diligencias en el mismo Juzgado abiertas a raíz de la difusión en EL ESPAÑOL del acta del registro del despacho de García Ortiz. Este procedimiento se deriva de la queja formulada por la defensa de Alberto González Amador, el novio de Ayuso, quien acusa a García Ortiz de haber filtrado a la prensa un correo electrónico en el que su letrado admitía un fraude fiscal. Ese hecho, el recorrido del e-mail hasta los medios, es lo que se investiga en el caso García Ortiz, instruido en el Tribunal Supremo.

Indiciariamente, el Juzgado de Instrucción 20 atribuye a todos los periodistas investigados un supuesto delito de revelación de secretos (recogido en el artículo 199 del Código Penal).

"Estos procedimientos —indica el manifiesto— derivan de la publicación de documentos relevantes para la opinión pública procedentes de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid".

Los 55 profesionales que firman este documento subrayan "su pleno respeto a la independencia judicial y su convicción de que los periodistas, como todos los ciudadanos", están "sometidos a la ley y a la Justicia".

"Pero no podemos compartir la apertura de una investigación que puede afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia social e institucional", subraya el manifiesto.

"Si los periodistas que se han limitado a cumplir con su deber constitucional de difundir informaciones debidamente contrastadas en un asunto de indudable interés público se ven sometidos a investigaciones penales por ejercer su oficio, amparado por el artículo 20 de la Constitución, tanto ellos como sus fuentes de información padecerán el efecto disuasorio (chilling effect) que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas", añade el texto.

A renglón seguido, los 55 periodistas firmantes señalan que las quejas remitidas al Supremo por González Amador y por Pilar Rodríguez invocan el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que concierne a las partes del proceso judicial y en ningún caso a los profesionales de los medios de comunicación, que gozan del secreto profesional que consagra la Constitución Española".

"Una garantía frente a las injerencias del Poder que intentase disuadirnos de cumplir con nuestra función constitucional arriba referenciada", señalan.

El manifiesto ha sido remitido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, a la decana de los Juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, y a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Por último, queremos reivindicar la independencia, profesionalidad y honestidad de los compañeros investigados y de los que pudieran verse en la misma situación en fechas futuras, dado que son múltiples los medios que vienen publicando de igual forma el contenido de la causa mencionada [el caso García Ortiz]", concluye el manifiesto.