Hay Derecho denuncia el "abuso" por el Gobierno del decreto-ley en menoscabo del Parlamento

Así lo recoge en su segundo informe sobre la situación del Estado de Derecho en España, referido a 2022 y 2022, que han presentado este viernes en Madrid los directivos de Hay Derecho Segismundo Álvarez, Safira Cantos y Elisa de la Nuez, así como Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia y codirector de la investigación.

El informe indica que "uno de los factores que más ha tensionado el marco político-constitucional en este período ha sido la tramitación de una ley de amnistía del 'procés', como condición para la investidura del Gobierno".

Para Hay Derecho, la tramitación parlamentaria de esa ley "ha puesto de manifiesto de manera muy explícita muchos de los problemas relacionados con la disminución del papel del Parlamento y su subordinación al Poder Ejecutivo, así como a la disminución de las necesarias garantías tanto técnicas como desde el punto de vista de la participación ciudadana, al recurrirse a la proposición de ley por trámite de urgencia".

El informe destaca que el Gobierno recurre frecuentemente a la presentación de proposiciones de ley "que, en realidad, son proyectos de ley ‘encubiertos’" y recuerda que esas iniciativas legislativas permiten eludir los trámites propios de un proyecto de ley, siendo una herramienta pensada por el legislador para iniciativas legislativas de los partidos en la oposición.

De otro lado, el 27% de las normas aprobadas en 2022 fueron decretos leyes. Esa cifra aumentó hasta el 32% en 2023, "confirmando el abuso que se hace de esta figura, con el consiguiente menoscabo de la función legislativa del Parlamento y el inevitable deterioro del proceso parlamentario deliberativo", dice el informe.

Además, ningún decreto-ley de todos los tramitados como proyecto de ley en 2022 y 2023 han terminado siendo aprobados como ley.

Otra práctica muy extendida es la prórroga 'sine die' de los plazos de enmiendas, congelando así la tramitación de iniciativas legislativas. Un ejemplo especialmente llamativo es la 'congelación' permanente de la reforma de la Ley de secretos oficiales, vigente desde el año 1968, y ello pese a que la Comisión Europea ha recomendado a España que se lleve a cabo la actualización de esa ley.

Inseguridad jurídica

Para Hay Derecho, "uno de los principales motivos de inseguridad jurídica es la falta de fijeza de las normas y la existencia de una maraña normativa que crece de forma acelerada".

A su juicio, es "preocupante" el alto número de iniciativas normativas aprobadas en el período examinado que no estaban inicialmente previstas en el Plan Anual Normativo. "En 2022 casi se alcanzan las 200 normas aprobadas sin haber estado previstas, y en 2023 incluso se supera esta cifra", afirma.

Además, "cada vez se llevan a cabo menos iniciativas comprendidas dentro del Plan Normativo Anual, lo que demuestra la falta de previsibilidad normativa", sostiene.

Contradictoriamente, España es el país con mayor número de procedimientos por infracción abiertos por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones legislativas comunitarias.

Instituciones

El informe se refiere al "ansiado" desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que valora positivamente.

Por el contrario, constata que España sigue situándose entre los países de la Unión Europea que menos jueces por habitante tiene. "Esto impide que se avance en proporcionar una justicia más ágil y eficaz a los ciudadanos", señala.

A 1 de enero de 2024, la tasa en España era de 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, según datos del CGPJ. La media europea es considerablemente superior: unos 22 jueces por cada 100.000 habitantes.

Para Hay Derecho, en 2022 y 2023 la autonomía de la Fiscalía "se está viendo cada vez más comprometida".

Recuerda que organismos como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la Comisión Europea han recomendado desligar los mandatos del fiscal general y del Gobierno y mejorar la transparencia y autonomía del Ministerio Fiscal.

Según el informe, "la gestión del actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha sido criticada por la falta de transparencia y de independencia", al tiempo que "han surgido conflictos y sentencias judiciales que cuestionan nombramientos y actuaciones realizadas durante su mandato".