El nuevo CGPJ guarda silencio ante las críticas del Gobierno y los insultos de Junts al Supremo

Tampoco el juez Pablo Llarena, al que este martes un senador de Junts ha llamado "Tejero sin bigote", puede esperar el apoyo del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes del sector de vocales propuestos por el PSOE han señalado que "no se ha hablado" de reaccionar ante esos ataques, mientras que en el grupo de consejeros designados por el PP hay "quejas", pero "por el momento no se ha planteado" ninguna actuación.

Los ataques a los jueces encargados de causas relacionadas con el proceso independentista catalán son constantes desde hace meses. Por parte de Junts y ERC, pero también de miembros del Gobierno. El propio presidente, Pedro Sánchez, criticó el pasado junio al juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez.

Esas descalificaciones han sido contestadas por el anterior CGPJ, que ha emitido numerosas declaraciones institucionales -habitualmente por unanimidad- reclamando respeto a la independencia judicial.

El último informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de Derecho en España se hace eco del clima de beligerancia contra los jueces que toman decisiones contrarias a los intereses de determinadas fuerzas políticas.

El informe señala, a este respecto, que "si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, que el Poder Judicial goce de confianza pública es fundamental para que desempeñe su labor con éxito, habida cuenta de su especial papel en la sociedad".

La Comisión Europea añade que "el deterioro de dicha confianza es especialmente importante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones constitucionales, incluido el Poder Judicial".

La inédita situación que vive el CGPJ tras su costosa renovación está propiciando que la desautorización del Tribunal Supremo por el propio Gobierno no tenga respuesta.

Los consejeros se despidieron el pasado 5 de agosto sin haber logrado elegir presidente y no volverán a verse hasta el próximo día 19, cuando está convocado un pleno para resolver asuntos reglados urgentes.

No está previsto que el CGPJ salga al paso de las manifestaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, acusando al alto tribunal de "extralimitarse" y afirmando que "no hay por dónde agarrar" la interpretación que ha hecho de la ley de amnistía.

El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha insistido este martes, con Puente al lado, en las "discrepancias" del Gobierno con la decisión del Supremo de no considerar aplicable la ley de amnistía a la malversación de fondos públicos. Por ese delito está procesado Carles Puigdemont, líder de Junts, de cuyos votos en el Congreso depende la pervivencia del Gobierno de Sánchez.

Fuentes del grupo de vocales propuestos por el PP consideran que es problemático tomar alguna decisión sobre esta cuestión porque el CGPJ está constituido para elegir presidente y, como mucho, para solventar asuntos administrativos de la carrera judicial que no pueden esperar, pero es dudoso que pueda asumir otras competencias sin haber completado su composición.

Consejeros propuestos por el PSOE indican, por su parte, que "ni siquiera lo hemos tratado" en los contactos internos que mantienen.

Malestar en el TC

Las manifestaciones del ministro Puente han impactado también -y para mal- entre magistrados del Tribunal Constitucional. El titular de Transportes declaró a RNE que espera que el TC se pronuncie sobre la interpretación del Tribunal Supremo respecto a la ley de amnistía.

"Lo único que van a conseguir de esta manera [los jueces del Supremo] es retrasar la implantación y la implementación de una ley de amnistía que es clara, que es terminante y que debería haber puesto punto y final a la cuestión judicial" del 'procés', manifestó Puente.

Varios magistrados consideran una "injerencia" el "anticipo o, incluso, instrucción que ha pretendido dirigirnos un miembro del Gobierno".

A juicio de estos miembros del Constitucional, es una "indeseable intromisión" ante la que, a su juicio, debería reaccionar la Sala de Vacaciones, en estos momentos presidida por Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del TC.