El Supremo acuerda investigar a Ábalos por corrupción en su doble condición de ministro y número dos del PSOE

El alto tribunal investigará a Ábalos, aforado por ser diputado socialista, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos que se desprende de la exposición razonada elevada al Supremo por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la trama desde septiembre de 2023.

La exposición del instructor de la Audiencia Nacional destacaba el "papel principal" de Ábalos -tanto como ministro como número dos del PSOE- en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para conseguir negocios con las Administraciones públicas.

El Supremo investigará únicamente a Ábalos, mientras que la Audiencia Nacional deberá continuar las pesquisas respecto a los demás implicados, entre ellos Koldo García, asesor del exministro, y Aldama, epicentro de la trama.

La Sala, que ha nombrado instructor de la causa al magistrado Leopoldo Puente, explica en una resolución conocida este jueves que la extensión de su competencia a otros implicados solo será procedente cuando se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados respecto a la persona aforada.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, destaca que, en este momento procesal, corresponde a la Sala Penal verificar si en la exposición de Moreno se consignan hechos que, "según una valoración muy provisional", pudieran ser delictivos y "si existen indicios consistentes o, dicho de otra forma, principios de prueba de la participación en ellos de la persona aforada".

La Sala concluye que “los hechos descritos [en la exposición del juez Moreno], sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos, de acuerdo con la exposición razonada, de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación”.

“Resulta, pues, imprescindible, continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada, José Luis Ábalos", señala.

Según la exposición razonada, en el curso de una investigación que inició en 2022 la Fiscalía Anticorrupción surgieron indicios contra Aldama, Koldo García y otras personas que se habrían aprovechado de la situación de emergencia derivada de la pandemia por el COVID para obtener contratos de material sanitario.

En el curso de la investigación se ha detectado que estas personas disponían de información previa sobre las necesidades del Ministerio de Transportes y organismos vinculados a él, lo que les permitió realizar una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro, lo que habría hecho aprovechando la influencia de Ábalos como miembro del Gobierno y alto dirigente del PSOE.

La adjudicación de los contratos benefició a la empresa vinculada a Aldama Soluciones de Gestión, “sin dar opción a que fueran presentados otras ofertas, ya que fue la designada desde la más alta instancia del Ministerio”, indicaba Moreno. Esta afirmación se basa en las declaraciones de los responsables de las empresa públicas materialmente encargadas de la adquisición de los productos sanitarios -Puertos del Estado y ADIF- y de la auditoría interna encargada por el actual ministro, Óscar Puente.

La exposición razonada asegura que existen indicios de que Ábalos fue recompensado por la trata con la adquisición y disfrute de un chalé en Cádiz y con el pago de un apartamento en Madrid a una mujer, Jessica Rodríguez, con la que el exministro estaba relacionado. Rodríguez también fue empleada en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes y había acompañado a Ábalos en viajes oficiales,
contabilizándose 16 vuelos a distintas localidades, nacionales y extranjeras,
sufragadas con cargo al erario público.