Los fiscales del 'procés' rechazan amnistiar la malversación: la vuelta de Puigdemont, en el aire

Así consta en un informe que han entregado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, después de una reunión celebrada esta mañana en la que le han explicado su postura, como ha adelantado EL ESPAÑOL.

La ley de amnistía, que el Congreso acaba de aprobar esta mañana por un estrecho margen de 177 votos frente a 172 (superando por solo un voto la mayoría exigida para una ley orgánica), ha empezado a encontrar obstáculos antes de que esté publicada en el BOE, lo que desencadenará su vigencia.

[Los fiscales del 'procés' redactan un texto contra la aplicación de la amnistía: informan a García Ortiz]

Los fiscales de Sala Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno han explicado a García Ortiz que el delito de malversación declarado probado por el Tribunal Supremo en la causa del 'procés' entra dentro de las exclusiones establecidas en la ley de amnistía.

De un lado, porque la sentencia del Supremo declaró probado el ánimo apropiatorio de fondos públicos y, de otro, porque una directiva de la Unión Europea de 2017 considera concernidos los intereses financieros de la UE cuando la malversación es cometida por funcionarios o autoridades públicas, como es el caso.

El criterio de los fiscales de Sala del 'procés' impediría, de prosperar, que se levantaran las medidas cautelares que pesan sobre Carles Puigdemont. En particular, no podría quitarse la orden de detención nacional dictada por el magistrado instructor, Pablo Llarena, lo que deja en el aire la vuelta del expresidente catalán prófugo de la Justicia desde el otoño de 2017.

Además, tampoco podría revocarse la pena de inhabilitación para ejercer cualqier cargo público que siguen cumpliendo el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, todos ellos condenados por malversación.

El informe sí considera aplicable la amnistía a los delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional y de desórdenes públicos, que ha sustituido a la desaparecida sedición.

Este criterio, de confirmarse, será relevante para la posición de la Fiscalía en las numerosas causas que se siguen en los Juzgados y Audiencias de Cataluña contra independentistas encausados por el referéndum ilegal del 1-O a los que no se impute malversación.