La urbanización de lujo de Valdecañas divide al grupo mayoritario del TC, que paraliza su demolición

El Tribunal Constitucional ha acordado esta mañana, por un estrecho margen de seis votos frente a cinco, paralizar cautelarmente la ejecución del fallo del Tribunal Supremo.

Ello significa que el hotel, las viviendas, el campo de golf y resto de instalaciones en funcionamiento no serán derribadas al menos hasta que el TC dicte sentencia sobre los recursos interpuestos por la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y la propia sociedad Marina Isla Valdecañas S.A.

La paralización no afecta, en cambio, a las instalaciones del complejo que se encuentran en estructura o no están terminadas. Los recursos presentados no cuestionan la demolición de estas instalaciones en construcción, que sí deberán ser destruidas. 

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Ubicada en el embalse de Valdecañas, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), el complejo turístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas fue aprobado por el Gobierno de Extremadura tras ser declarado Proyecto de Interés Regional (PIR).

La promotora Marina Isla de Valdecañas S.A. inició en 2007 las obras para construir en esta isla artificial (130 hectáreas) 180 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas, una playa artificial, un club náutico y un campo de golf, entre otras instalaciones. 

Allí tienen residencias Beltrán Gómez-Acebo, sobrino del Rey emérito; Jaime López-Ibor Alcocer, nieto del psiquiatra Juan José López-Ibor y sobrino de Alberto Alcocer; empresarios y financieros como Juan López-Isasi Lafuente, Jacobo Arteaga Fierro o Jacobo Vargas-Zúñiga Corsini, y José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno, José María Aznar.

Vista aérea de la isla de Valdecañas./ E.E.

En sentencias dictadas en marzo de 2011, el Tribunal Superior de Extremadura declaró nulo el decreto del Gobierno extremeño que aprobó el complejo por afectar a un suelo no urbanizable de especial protección integrado en la Red Natura 2000, lo que impide su transformación urbanística.

Pero, 12 años después, ese fallo aún no se ha podido ejecutar. El propio TSJ declaró en marzo de 2020 la "imposibilidad formal" de dar cumplimiento a sus sentencias, salvando del derribo el hotel, las viviendas, el campo de golf y las instalaciones ya construidas y en funcionamiento.

Un segundo hotel planificado y otras viviendas en construcción sí debían ser demolidas -estableció el Tribunal Superior extremeño- para regenerar en ese terreno el original bosque mediterráneo y la flora y fauna de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

Recurrida por Ecologistas en Acción-Coda esta forma de ejecutar el fallo, el Tribunal Supremo estimó el recurso y dejó sin efecto la decisión del TSJ en lo relativo a la conservación del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento, "que deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones", declaró el alto tribunal.

Recursos de amparo

Los recursos de amparo interpuestos ante el Tribunal Constitucional por la Junta de Extremadura, los Ayuntamientos afectados y Marina Isla Valdecañas S.A. se dirigen contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena el derribo total del complejo. Los recurrentes, además, pidieron la suspensión cautelar de la decisión del TS.

La admisión a trámite de las demandas de amparo el pasado 16 de noviembre ya fue ajustada (seis votos a cinco), lo mismo que ha ocurrido hoy con la paralización cautelar de la demolición.

A favor de ella han votado el ponente del asunto, Enrique Arnaldo, y los otros tres magistrados del sector minoritario: Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y César Tolosa.

A ellos se han unido el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido -que en su día votó a favor de tramitar los recursos- y el magistrado del sector mayoritario Juan Carlos Campo.

La división del grupo mayoritario es lo que ha permitido, por tanto, la paralización del derribo del resort de lujo, a la que se opuso el fiscal.

Para el TC, sin embargo, es necesario conceder la suspensión ya que, en caso contrario, una eventual estimación de los recursos de amparo sería meramente declarativa y tardía.

De no concederse la medida cautelar, la demolición de lo construido en el complejo ya se habrá producido en el momento en el que el Tribunal Constitucional resuelva los tres recursos, con lo que ya no sería posible devolver las cosas al estado en que se hallaban antes de la ejecución de la sentencia judicial impugnada.

Para la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y los magistrados Ramón Sáez, María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano y Laura Díez, la suspensión acordada es prematura porque, a su parecer, no hay riesgo inminente de demolición, al margen de que no se ha contemplado el interés público de protección del medio ambiente.