Todas las instituciones en las que el Gobierno quiere imponer cuotas de género ya son paritarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes en Santander que el Consejo de Ministros aprobará hoy, martes, el primer anteproyecto de Ley de Representación Paritaria para la "presencia equilibrada" de hombres y mujeres en distintos órganos de decisión.

Entre ellos, están el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

La primera versión del anteproyecto de ley no incluía a estas instituciones en el ámbito de aplicación de la ley de paridad y han sido introducidas a propuesta del Ministerio de Igualdad.

El anteproyecto contempla una regla de paridad del 60-40% entre los géneros, no del 50-50. No han sido incluidos ni el Tribunal Supremo ni las presidencias de los órganos jurisdiccionales, que son competencia del Consejo General del Poder Judicial.

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La mayoría de los órganos constitucionales o de relevancia institucional incorporados ahora a la ley de representación paritaria tiene ya un mínimo del 40% de mujeres.

En el Tribunal Constitucional, conformado en la actualidad por once magistrados, cinco de ellos son mujeres: Inmaculada Montalbán (que es la vicepresidenta), Concepción Espejel, María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano y Laura Díez.

Esta última fue nombrada el pasado diciembre por el Gobierno, que se ajustó a una estricta paridad del 50-50. El otro magistrado nombrado por Pedro Sánchez fue Juan Carlos Campo.

En el Pleno del Tribunal de Cuentas, integrado por 12 miembros, seis son mujeres, incluida la presidenta, Enriqueta Chicano. Las demás son María Dolores Genaro, Rebeca Laliga, Isabel Fernández, Rosario García y Elena Hernáez.

El Consejo General del Poder Judicial está formado en la actualidad por 17 vocales, siete de los cuales son mujeres (Ángeles Carmona, Mar Cabrejas, Pilar Sepúlveda, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Roser Bach y Clara Martínez de Careaga).

Este órgano, pendiente de renovación desde diciembre de 2018, ha sufrido desde 2013 varias dimisiones, una jubilación y un fallecimiento. Pero al inicio del actual mandato, nueve de sus 21 miembros eran mujeres, es decir, el 42%.

Sede del Tribunal Constitucional. Efe

El Consejo Fiscal, único órgano del Ministerio Público parcialmente elegido de manera democrática por la propia carrera fiscal, está compuesto por seis mujeres y otros tantos hombres. Las normas de elección de este órgano ya prevén que deberá ser paritario. De él forman parte en estos momentos María Ángeles Sánchez Conde (teniente fiscal del Tribunal Supremo), María Antonia Sanz (fiscal inspectora), Isabel Gómez, Eva Más, Beatriz Sánchez Carreras y Yolanda Ortiz.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado también responde en este momento a parámetros de paridad del 60-40%. Presidida por Magdalena Valerio, está integrada por otras tres mujeres (Teresa Fernández de la Vega, María Luisa Carcedo y Paz Andrés) y seis hombres.

El Gobierno ni siquiera tiene claro que la Ley de Paridad pueda ser aprobada en esta legislatura. A partir de este martes empezará después su trámite en el Congreso y el Senado, probablemente ya entrado en verano. Los tiempos están ajustados, ya que las Cámaras se cerrarán a principios de octubre para que se puedan celebrar elecciones generales de diciembre.

Sin contar con Igualdad

Siguiendo su estrategia de las últimas semanas, el anuncio de Pedro Sánchez a última hora del lunes en un mitin del PSOE es la punta del iceberg de una larga campaña centrada no ya en el 28-M, sino en convertir estas elecciones en una primera vuelta de las generales de final de año.

En esta línea, el presidente evita hacer referencias a la política local y regional de los territorios que visita, y opta por defender las políticas del Gobierno y anunciar sus próximos movimientos. Esta vez le ha tocado a la política feminista, aunque sin tener en cuenta al Ministerio de Igualdad.

Fuentes de Unidas Podemos confirman que el anteproyecto de ley que se aprobará este martes no pasó por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado —el llamado Consejillo— el pasado jueves.

En marzo, durante la primera parte de la ley, impulsada por el PSOE, la ministra de Igualdad no participó en su presentación, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Irene Montero, en el Congreso de los Diputados. Efe

La diferencia con esta segunda vuelta, dicen las mismas fuentes, es que el Ministerio de Igualdad sí es coproponente en el anteproyecto de ley junto a los de Presidencia, Hacienda, Interior, Justicia y Asuntos Económicos. De hecho, los cambios que presenta el texto son, precisamente, las objeciones que hizo la responsable de Igualdad hace un mes: que el sistema de cuotas y paridad incluyera al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y al Tribunal de Cuentas.

Sánchez valoró estas objeciones, pero no avisó a Unidas Podemos de que las incluiría en el nuevo texto que ahora ve la luz. 

Reacciones

La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), de perfil progresista, califica este anuncio del presidente del Gobierno como "muy importante". "Es un paso adelante para conseguir la igualdad en todas las instituciones", señala a EL ESPAÑOL Ascensión Martín, portavoz de JJpD. "Que haya un mínimo de mujeres o que haya paridad es bueno", añade.

Sin embargo, Martín recuerda que para aplicar estos cambios al CGPJ será necesario reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, al tratarse de una ley orgánica, su modificación precisa de una mayoría cualificada (y no simple) en el Congreso de los Diputados. Y la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas en asuntos de Justicia se ha hecho patente en las infructuosas negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

"Lo veo deseable, esperado; espero que lo podamos ver", apostilla Ascensión Martín sobre el anuncio de Sánchez. "La aportación de la mujer a la Justicia ha sido esencial", remata, antes de instar a "que suceda lo mismo en las Salas del Tribunal Supremo".

Por su parte, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pone en cuestión el anuncio del presidente. La magistrada advierte: "Si hacemos lo que nos pide Europa —que los jueces elijamos libremente a los jueces en el CGPJ, sin cuotas— veo difícil que se cumpla lo que planea el Gobierno".

Del Barco insiste en que "lo deseable" es "que a los puestos más importantes lleguen las personas de mayor valía, en función de sus méritos y su capacidad". La presidenta de la APM, además, recuerda que, mayoritariamente, la carrera judicial está formada por mujeres.

En sintonía con Del Barco, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), señala a EL ESPAÑOL que "si existiera un sistema de promoción objetivo y despolitizado para los vocales del CGPJ, en lugar de una elección partidista, no haría falta una ley de paridad, ya que el 70% serían mujeres, como ocurre con la carrera judicial".

"Creo que hace falta más eliminación de la discrecionalidad política en el Consejo General del Poder Judicial y menos leyes de paridad", indica.

Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), incide en la misma cuestión en conversación con este periódico: "Si no hay paridad es porque los partidos políticos no han querido que la haya; son ellos quienes nombran a los vocales".

"Donde hay un verdadero problema de discriminación y desigualdad hacia las juezas y magistradas es en los nombramientos discrecionales que hacen los vocales del CGPJ que los partidos políticos han nombrado", subraya. La AJFV recuerda los requerimientos formulados por la Comisión Europea o por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo. "Esto también sería una forma de lograr la paridad", critica Fernández Vaquero.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera, recuerda que las candidaturas que se presentan al Consejo Fiscal ya son paritarias. "Así que no parece que vaya a afectarnos", pronostica. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también señala que ya existe paridad en las listas.